Presupuesto Estado 2018: Análisis

El documento inicia afirmando que se garantizan las demandas financieras para el sostenimiento de los servicios sociales de la población y la esfera productiva. Se destaca el compromiso con la provisión de servicios básicos gratuitos. Este financiamiento se presenta como una prioridad del presupuesto del estado cubano, asegurando recursos para el funcionamiento continuo de estos servicios esenciales para el bienestar de la ciudadanía. La planificación de estos recursos considera los niveles de actividad proyectados en el Plan de la Economía, así como las reservas presentes en el sector empresarial y en las formas de gestión no estatal. La gestión eficiente de estos fondos resulta crucial para el correcto funcionamiento de los servicios sociales y la satisfacción de las necesidades de la población. Se hace hincapié en la importancia de una planificación razonable de los ingresos, que tenga en cuenta tanto la actividad económica proyectada como las reservas existentes en los diferentes sectores económicos. El objetivo final es asegurar la prestación continua y de calidad de los servicios sociales, un pilar fundamental del bienestar social.

Una parte significativa del presupuesto se destina a la continuación de las acciones de recuperación tras el paso del Huracán Irma, concentrándose fundamentalmente en la reconstrucción de viviendas. Para facilitar este proceso de reconstrucción, el gobierno cubano aprobó bonificaciones del 50% en el precio de los materiales de construcción y otros bienes de consumo para los damnificados. Además, se incluye una bonificación en los intereses de los créditos bancarios, facilitando el acceso a financiamiento para la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas. Estas medidas buscan aliviar la carga económica sobre las familias afectadas por el desastre natural y acelerar el proceso de recuperación de las zonas dañadas. El compromiso del gobierno con la reconstrucción se evidencia en la asignación de recursos específicos para este propósito, mostrando la importancia que se le da a la recuperación de la infraestructura y el bienestar de la población afectada. Estas acciones demuestran la voluntad política de reconstruir el tejido social y económico de las comunidades afectadas por el Huracán Irma.

El texto también hace énfasis en la necesidad de controlar los gastos asociados a la recuperación post-Irma, así como en todas las áreas del presupuesto. Se exige un estricto control sobre las contrataciones de servicios, especialmente con las formas de gestión no estatal. Se prohíbe la ocurrencia de gastos excesivos, el sobredimensionamiento de precios y la utilización de materias primas o insumos que no provengan de los balances materiales aprobados en el plan de la economía y de las producciones locales. Este control busca asegurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la reconstrucción, previniendo posibles desvíos o malversaciones de fondos. El objetivo es garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima para lograr el impacto deseado en la recuperación de las zonas afectadas por el huracán. La transparencia en el manejo de estos fondos es esencial para generar confianza en la población y asegurar la efectividad de las acciones de reconstrucción.

Los órganos, organismos y entidades nacionales, junto a las organizaciones de Dirección Empresarial y las vinculadas al presupuesto, deben ajustarse a los límites de gastos notificados. El control de gastos debe responder a las prioridades establecidas, velando por la eficiencia en el uso de los recursos. La planificación de los ingresos se realiza de forma razonable, considerando los niveles de actividad proyectados en el Plan de la Economía y las reservas presentes en el sector empresarial y las formas de gestión no estatal. Esto implica una evaluación cuidadosa de las necesidades y una asignación responsable de los fondos, optimizando su uso para el cumplimiento de los objetivos prioritarios. Se busca una asignación efectiva de recursos, evitando duplicidades y procurando la máxima eficiencia en la gestión del gasto público. La transparencia en el proceso de asignación de recursos es fundamental para mantener la confianza pública.

Se enfatiza la necesidad de revisar con rigor todas las contrataciones con formas de gestión no estatal, como trabajadores por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias. Se prohíben los gastos excesivos, el sobredimensionamiento de precios y la ejecución de servicios con materias primas o insumos que no provengan de los balances materiales aprobados o de producciones locales. Este control busca evitar prácticas desfavorables al presupuesto, asegurando la calidad de los servicios y la utilización de recursos nacionales. La supervisión estricta de las contrataciones con estas entidades es vital para prevenir posibles desvíos de recursos y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y eficiencia. Este control riguroso protege los intereses del Estado y garantiza la optimización de los recursos públicos.

El documento menciona el crecimiento del 19% en la recaudación del impuesto sobre los ingresos personales, influenciado por el aumento de precios de acopio en productores agrícolas (con una retención del 5% por ventas al Estado) y una mejora en las declaraciones juradas de trabajadores por cuenta propia. El impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo y la Contribución a la Seguridad Social se proyectan en correspondencia con el Fondo de Salario planificado, aunque se identifican incumplimientos en el sector agrícola por parte de usufructuarios de tierras. La ONAT, junto al Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social y la ANAP, deben emprender acciones para mejorar el conocimiento y la disciplina tributaria. La recaudación tributaria juega un rol esencial en el financiamiento del presupuesto estatal, y las acciones de control y fiscalización son necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y maximizar los ingresos. Se necesita fortalecer la cultura tributaria para alcanzar los objetivos de recaudación.

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) desempeña un papel fundamental en el control del gasto público y el incremento de la recaudación tributaria. Se proyecta un aumento en la cantidad y alcance de las acciones de control fiscal para combatir la indisciplina en el pago de impuestos y la subdeclaración de ingresos, especialmente en La Habana, municipios cabeceras provinciales y polos turísticos. Se planean 5500 acciones de control a profundidad, incluyendo auditorías fiscales, para detectar conductas evasoras, determinar deudas y sanciones, y aplicar medidas administrativas o denuncias penales según corresponda. La ONAT trabajará en la mejora de los procesos de recaudación, fortaleciendo las acciones de control para asegurar un cumplimiento más efectivo de las obligaciones tributarias. Este esfuerzo busca reducir la evasión fiscal y aumentar la transparencia en las finanzas públicas.

Para el año 2018, se proyecta que los ingresos tributarios representen el 15% del total de ingresos, mostrando un crecimiento del 2% con respecto al año 2017. Esta proyección considera el impacto de las acciones de control fiscal que realizará la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria) para combatir la indisciplina en el pago y la subdeclaración de ingresos, especialmente en La Habana, las cabeceras provinciales y los polos turísticos. Se espera un aumento en los ingresos provenientes de la prestación de servicios, con mayor participación de la transmisión de energía eléctrica y el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios de trabajadores por cuenta propia, impulsado por el crecimiento del turismo. Adicionalmente, se considera la aplicación de este tributo a los trabajadores del sector empresarial, por las remuneraciones recibidas a partir del pago por resultados y la distribución de utilidades, junto al impacto de los constructores vinculados a inversiones turísticas. La efectividad de estas medidas de control y la proyección del crecimiento turístico son factores determinantes para el éxito de la recaudación tributaria.

El crecimiento del 19% en la recaudación del impuesto sobre los ingresos personales se debe a la dinámica tendencial, impactada en los últimos dos años por el incremento de los precios de acopio en los productores agrícolas individuales, a quienes se les retiene el 5% de las ventas al Estado. También contribuye una discreta mejora en el proceso de Declaración Jurada de los trabajadores por cuenta propia. Estos datos indican la necesidad de mantener políticas que estimulen la correcta declaración de ingresos por parte de la población y que incentiven la transparencia en las transacciones económicas. Es importante continuar trabajando en la mejora de los procesos de declaración, así como en la capacitación de la población en materia de impuestos, buscando una mayor eficiencia en la recaudación de este tributo.

El impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo y la Contribución a la Seguridad Social se proyectan en correspondencia con el Fondo de Salario planificado. En el sector agrícola se detectan incumplimientos en el aporte de la Contribución a la Seguridad Social por parte de los usufructuarios de tierras, lo cual requiere acciones conjuntas de la ONAT, el Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social, y la ANAP para corregir esta situación. La correcta recaudación de este impuesto es fundamental para la sostenibilidad del sistema de seguridad social, garantizando la protección social de la población. La colaboración interinstitucional es crucial para abordar este desafío y asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social.

Se propone exonerar de la liquidación anual del Impuesto sobre las utilidades a las unidades básicas de producción cooperativa del sector no cañero, siempre que más del 50% de sus ingresos provengan de la comercialización de producciones agropecuarias o de la prestación de servicios vinculados a estas producciones. Esto busca fortalecer su capacidad financiera para el pago de deudas bancarias. Adicionalmente, se bonifica el pago del Impuesto sobre la Transmisión de Bienes y Herencias en la transmisión de vehículos automotores mediante actos de donación entre cónyuges y familiares hasta el quinto grado de consanguinidad, aplicando un tipo impositivo del 2%. Se establece la exención del Impuesto sobre las Ventas para la comercialización de libros, periódicos, revistas y materiales educacionales y científicos, con el fin de apoyar el desarrollo educacional y cultural. Estas medidas buscan incentivar la actividad económica y el desarrollo social, mostrando flexibilidad en la aplicación de impuestos para favorecer sectores estratégicos.

El presupuesto asigna recursos financieros a la salud pública que permiten la prestación de 219 millones de consultas médicas, de las cuales 94 millones corresponden a actividades nacionales. Se incluyen los gastos generados por pacientes ingresados en centros de salud. Esta significativa inversión en la salud pública refleja la prioridad que se le da a la atención médica de la población. La cantidad de consultas médicas proyectadas indica un alto nivel de actividad en el sistema de salud, abarcando una gran parte de la población. La asignación de recursos para los pacientes ingresados garantiza la atención integral a aquellos que requieren hospitalización, cubriendo los costos de su estancia y tratamiento.

Los gastos en educación garantizan que todos los niños y jóvenes estudien en los niveles de enseñanza preescolar, primaria y media, respaldando una matrícula total de 1,774,650 estudiantes. Esta inversión masiva en educación refleja la importancia que el gobierno le otorga a la formación de las futuras generaciones. La cantidad de estudiantes que se benefician de este financiamiento demuestra la magnitud del compromiso con la educación como un pilar fundamental del desarrollo del país. El objetivo es brindar una educación de calidad para todos los niveles de enseñanza, asegurando el acceso a la educación de todos los niños y jóvenes.

En asistencia social, los gastos responden a las medidas de atención al envejecimiento poblacional, cubriendo los niveles de gastos para 13,200 personas de la tercera edad que asisten a casas de abuelos y hogares de ancianos. Esta inversión refleja el compromiso del gobierno con el bienestar de la población mayor, garantizando su atención y cuidado. La cifra de personas beneficiadas muestra la considerable inversión en el sistema de atención a la tercera edad, asegurando la protección social y el apoyo a este grupo vulnerable de la población. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, brindándoles un soporte adecuado en esta etapa de la vida.

En el sector empresarial, se proyecta un crecimiento del 9% en los gastos presupuestarios con respecto al estimado de 2017, para garantizar la continuidad del proceso productivo en la actividad empresarial estatal. Se busca respaldar el cumplimiento de las producciones agropecuarias que sustituyen importaciones (frijoles, arroz, maíz, carne, leche, etc.) y las producciones industriales. Para respaldar la exportación de 1,066 toneladas de azúcar, se destinan 2,028 millones de pesos. Además, se destinan aproximadamente 3,600 millones de pesos para mantener los precios de los productos de la canasta familiar normada (cárnicos, leche, azúcar, pan, etc.). Se incluye un incremento de 200 millones de pesos en el Fondo Rotatorio para Pago a Productores, debido a la afectación de su liquidez por la incapacidad de algunas empresas del Ministerio de la Agricultura para devolver préstamos. Esta inversión en el sector empresarial busca fortalecer la economía nacional a través del crecimiento de las producciones que sustituyen importaciones y la exportación de productos claves. La inyección de fondos en el fondo rotatorio busca facilitar el pago a los productores y garantizar la continuidad de la producción agrícola.

Se destinan 99 millones de pesos para el pago del acarreo de la leche, 60 millones para programas y proyectos nacionales de ciencia, tecnología e innovación y medio ambiente (asociados a ciencias básicas), 55 millones al Ministerio de la Agricultura para el tratamiento financiero especial a las unidades básicas de producción cooperativa y cooperativas de producción agropecuaria (para amortizar pérdidas y deudas de años anteriores), 19 millones a la Empresa de Envases de Aluminio (en liquidación) y 4 millones a la Empresa Oro Castellanos (en proceso de extinción), ambos para liquidar deudas bancarias. También se prevén gastos en niveles similares al año anterior para organizaciones y asociaciones que requieren financiamiento, así como para unidades presupuestadas con tratamiento especial y resultados negativos. Estos gastos reflejan la necesidad de atender situaciones específicas en diferentes sectores, tanto para el sostenimiento de actividades esenciales como para la resolución de problemas financieros en empresas en proceso de reestructuración o liquidación. Se busca una gestión eficiente de recursos públicos para garantizar el funcionamiento del aparato estatal.

Las principales inversiones se destinan a infraestructura, desarrollo y obras patrimoniales. Se asignan 490 millones de pesos al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para el Programa Hidráulico Nacional y otras obras emergentes debido a la sequía y la intrusión salina en varias cuencas. Adicionalmente, se destinan 237 millones de pesos al Ministerio del Transporte para infraestructura vial en la Cayería Norte, la Zona Especial de Desarrollo Mariel, el programa Mayarí y otras obras de interés económico y social. Estas inversiones en infraestructura buscan mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la economía del país. Las obras del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos son cruciales para mitigar los efectos de la sequía y la intrusión salina, garantizando el suministro de agua. Mientras que las inversiones en infraestructura vial mejorarán la conectividad y el desarrollo económico en las zonas prioritarias.

Los niveles planificados de ingresos resultan insuficientes para financiar los gastos inscritos en el presupuesto, generando un déficit fiscal de 11 mil 725 millones de pesos concentrado en la cuenta corriente. Este déficit fiscal condiciona los ingresos como mínimos a alcanzar y exige desplegar acciones de control fiscal, ordenamiento, disciplina y exigencia para incrementar los ingresos. Para equilibrar el presupuesto y amortizar las deudas con vencimiento en 2018, se requiere una demanda financiera de 15 mil 749 millones de pesos, representando el 23% de los gastos presupuestarios planificados. El déficit fiscal presenta un desafío significativo para las finanzas públicas, requiriendo medidas para incrementar los ingresos y controlar el gasto. Es necesario fortalecer los mecanismos de control fiscal para evitar la evasión de impuestos y la concentración de riquezas.

El financiamiento del déficit fiscal, junto con la amortización de deudas con vencimiento en 2018, requiere 15 mil 749 millones de pesos, representando el 23% de los gastos presupuestarios planificados. A pesar del déficit, se garantiza la sostenibilidad del desarrollo social y de las políticas aprobadas, así como los recursos para la esfera productiva para sustituir importaciones y realizar inversiones. Se destinan 122 millones de pesos al Fondo de Desarrollo Forestal para el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales. Se enfatiza la necesidad de continuar fomentando el desarrollo de obras destinadas al sector social, incluyendo la rehabilitación de viviendas en zonas de intervención. Se destaca la importancia de equilibrar las necesidades financieras con la sostenibilidad de las políticas sociales y el desarrollo económico, buscando una distribución equitativa de los recursos.

Los Presupuestos Provinciales se conforman como un balance entre los recursos financieros que captan y la totalidad de los gastos generados por las entidades bajo su subordinación, incluyendo actividades no presupuestadas y de capital transferidas del Presupuesto Central. Este balance permite mostrar el resultado presupuestario provincial. La Contribución Territorial para el Desarrollo Local, con una recaudación de 1225 millones de pesos a nivel nacional, debe respaldar, en primer orden, gastos imprescindibles no cubiertos por el balance presupuestario y proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social del territorio. El Gobierno Local dispone de una reserva que representa el 0.25% del total de gastos corrientes planificados para hacer frente a decisiones imprevistas, ascendiendo a 40 millones de pesos. La gestión de los presupuestos provinciales requiere un equilibrio entre la captación de recursos y la asignación eficiente de los mismos para el desarrollo local.

Los ingresos participativos son transferidos directamente del Presupuesto Central a las provincias. Cubren hasta el 15% de los gastos corrientes de la actividad presupuestada en las provincias de Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, así como el municipio especial Isla de la Juventud. El resto de las provincias reciben el 5%. Esta distribución busca equilibrar la capacidad fiscal entre las diferentes provincias, teniendo en cuenta sus particularidades económicas y sociales. La asignación de estos ingresos participativos tiene como objetivo fortalecer las capacidades de gestión financiera a nivel local, permitiendo una mejor respuesta a las necesidades específicas de cada territorio. Esta distribución considera las diferencias en capacidad de generación de ingresos entre las distintas provincias.

El Plan Turquino, un programa integral para el desarrollo económico, político y social en zonas de montaña, abarca 11 provincias: Pinar del Río, Artemisa, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Para este plan se proyecta un presupuesto de 1150 millones de pesos, de los cuales 896 millones se destinan a la actividad presupuestada para garantizar los servicios sociales básicos en esas zonas. Este programa refleja el compromiso del gobierno con el desarrollo de las zonas de montaña, buscando mejorar las condiciones de vida y promover el desarrollo económico sostenible de esas regiones. El énfasis en los servicios sociales básicos demuestra la prioridad de garantizar la atención a la población de estas zonas, asegurando el acceso a servicios esenciales de salud, educación y otros servicios públicos.