Estructuras: Proyecto y Construcción

El comitente es la figura principal que inicia el proyecto de construcción. Es quien encarga la obra y asume la responsabilidad final del proyecto. Si bien su función principal culmina con la entrega de toda la documentación técnica del proyecto estructural, el comitente puede optar por asumir también el rol de director de obra o incluso de constructor. Su participación es fundamental para la definición del proyecto y su aprobación final, asumiendo la responsabilidad de los aspectos parciales en los que delega tareas a profesionales especializados. La figura del comitente define el alcance del proyecto y el presupuesto inicial, teniendo una influencia directa en el costo total de la obra y en su viabilidad.

El proyectista estructural es el autor del proyecto completo de la estructura, responsable de todos sus aspectos y detalles, incluyendo la elaboración de la documentación necesaria para su verificación y construcción. Su responsabilidad abarca todos los elementos del diseño, desde los cálculos estructurales hasta los planos de detalle. Si bien puede delegar aspectos parciales a profesionales especializados, mantiene la responsabilidad general del proyecto. Su labor culmina con la entrega completa de la documentación, aunque podría seguir involucrado como director de obra o constructor. El proyectista debe garantizar la durabilidad, confiabilidad y funcionalidad de la estructura, aspectos cruciales que impactan directamente en el costo total y el proceso constructivo.

Los profesionales especializados son expertos que colaboran en aspectos específicos del proyecto, ya sea en la etapa de diseño, dirección, control de calidad, o certificación de componentes. Su intervención se enfoca en áreas de conocimiento particular, aportando su experiencia y pericia técnica según las necesidades del proyecto. La Dirección de Obra define el nivel de conocimiento y experiencia requerido para cada profesional especializado. Su responsabilidad se limita al ámbito específico de su intervención y se comparte con el director de obra y el proyectista estructural, en la medida de su participación en los cálculos, estudios o controles de calidad. Estos profesionales aportan valor al proyecto mediante su conocimiento profundo en áreas específicas, contribuyendo a la funcionalidad y durabilidad de la estructura.

La dirección de obra ejerce la representación técnica del comitente ante las autoridades fiscalizadoras y el constructor. Su principal responsabilidad es velar por la correcta ejecución de la obra de acuerdo con el proyecto y los reglamentos vigentes. Posee la autoridad para modificar el proyecto estructural y obligar al constructor a respetar el diseño y los reglamentos. Esta figura controla la aptitud de los materiales, interpreta los ensayos, y toma las medidas necesarias para asegurar la calidad de la construcción. La dirección de obra comparte responsabilidades con profesionales especializados en cálculos, estudios y controles, pero la responsabilidad final por el proceso constructivo, el costo total y la conformidad de la obra recae en el director de obra.

El constructor, persona física o jurídica, se encarga de la ejecución material de la obra. Debe contar con los antecedentes, organización, capacidad técnica, equipamiento y solvencia necesarios para llevar a cabo el proyecto. Su representante técnico debe asegurar el cumplimiento de la documentación técnica y los reglamentos. Las responsabilidades del constructor abarcan el conocimiento del proyecto estructural y los cálculos justificativos, la confección y certificación de la documentación técnica de obra, la correcta construcción según el proyecto y los reglamentos, la aptitud de los materiales, la seguridad en la obra, y la certificación de la documentación técnica final en obras sin director de obra. El constructor es responsable de la ejecución eficiente y segura de la obra, cumpliendo con los plazos, el presupuesto y la calidad esperada.

El ejercicio de la Agrimensura, Agronomía, Arquitectura e Ingeniería en jurisdicción nacional está sujeto a la Ley 14.467, sus disposiciones complementarias y las normas de ética profesional (artículo 1). Se considera ejercicio profesional, con sus responsabilidades inherentes, toda actividad remunerada o gratuita que requiera la capacitación de las universidades nacionales y sea propia de los diplomados (artículo 2). El ejercicio profesional debe llevarse a cabo mediante la prestación personal de los servicios (artículo 3). La ley establece sanciones para la firma de planos o documentos sin que el trabajo haya sido ejecutado por el profesional, considerando esto una falta grave (artículo 26), con sanciones que van desde advertencia hasta multas y censura pública. La Ley 14.467, junto con el Decreto Ley 6070/58, proporciona el marco legal para regular la actividad y garantizar la responsabilidad profesional.

El Código de Ética obliga a los profesionales (Agrimensores, Agrónomos, Arquitectos e Ingenieros) a ajustar su actuación a sus disposiciones. Los deberes éticos incluyen la obligación de no ejecutar actos reñidos con la buena técnica, incluso si provienen de órdenes de autoridades o comitentes (2.1.1.2). Está prohibido aceptar tareas que contradigan leyes o reglamentaciones (2.1.1.4). El código también exige oponerse a las incorrecciones del comitente en cuanto a las tareas profesionales, renunciando a la obra si no se pueden impedir (2.1.1.11). Se prohíbe la difamación de colegas (2.2.1.2) y ofrecer servicios de dudoso o imposible cumplimiento (2.3.1.1), así como aceptar comisiones o descuentos indebidos (2.3.1.2). El Código de Ética busca salvaguardar la integridad y la reputación de las profesiones y asegurar la calidad de los servicios prestados.

El caso del Puente de la Constitución en Venecia, diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, sirve como ejemplo de las consecuencias de errores en el proyecto de una obra de construcción. El Tribunal de Cuentas de Venecia condenó a Calatrava a pagar 77.969,74 euros al erario público por el encarecimiento de la obra, que ascendió a 11,6 millones de euros frente a los 7 millones inicialmente previstos. Esta diferencia se atribuye a una serie de errores en el proyecto original, calificados por los jueces como una "macroscópica negligencia". El fallo judicial, emitido en apelación tras una absolución en primera instancia, resalta la gravedad de las consecuencias financieras derivadas de deficiencias en la fase de planificación y diseño del proyecto.

La sentencia del Tribunal de Cuentas de Venecia considera que los errores en el proyecto del Puente de la Constitución, obra de Santiago Calatrava, constituyen una "macroscópica negligencia". Esta negligencia provocó un significativo aumento de costos, con un sobrecosto de 4,6 millones de euros. Además de la multa impuesta a Calatrava (77.969,74 euros), el ingeniero Salvatore Vento también fue condenado a pagar 10.989,73 euros. Ambos profesionales deben asumir, además, las costas del proceso en segunda instancia (7.267,81 euros). El caso ilustra las consecuencias legales y económicas que pueden derivarse de errores de diseño o de una falta de previsión adecuada en la etapa de proyecto de una obra. El proyecto tuvo que ser modificado varias veces tras su inauguración debido a estos errores iniciales.