Acuerdos Comerciales: Impacto Laboral

El documento inicia señalando las presiones internacionales, particularmente de Estados Unidos y Europa, para que Colombia adopte cambios en materia de derechos laborales y sindicales como condición para la aprobación de tratados de libre comercio. Se identifican tres ejes de presión: 1) una política integral para combatir la violencia contra los sindicalistas y su impunidad; 2) cambios en las libertades sindicales, basados en recomendaciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo); y 3) un control efectivo sobre las formas de precarización laboral. Esta introducción contextualiza la problemática, estableciendo la relación entre los acuerdos comerciales internacionales y las condiciones laborales internas. La necesidad de reformas laborales se presenta como un requisito para la aprobación de los TLC, revelando una asimetría de poder en las negociaciones internacionales.

Se describe la estrategia de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), centrada en la 'supranacionalización' del orden jurídico-económico a través de la firma de numerosos tratados de libre comercio (TLC) y acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Colombia firmó acuerdos con países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, miembros de la CAN, G3, Chile, países de la EFTA, el Triángulo Norte de Centroamérica, además de acuerdos de inversión con China, India, Reino Unido y Corea del Sur. Se destaca la negociación en curso de un TLC con Panamá y numerosos acuerdos parciales con otros países. Esta política de numerosos tratados comerciales simultáneos se presenta como un elemento clave de su política económica, pero también se cuestiona su viabilidad, dado la falta de capacidad institucional para manejar tantos acuerdos a la vez, la escasa participación de actores sociales y la falta de ajuste a las necesidades específicas de la economía colombiana, caracterizada por el minifundio y la agricultura de subsistencia. La ausencia de una consideración integral de los impactos sociales y la posible fragmentación del régimen de control político nacional se anticipan como consecuencias negativas.

Se analiza el fracaso de las negociaciones para el ALCA en la cumbre de Mar del Plata (2005), destacando que, en lugar de una integración regional alternativa, este evento reforzó un proceso de integración con alta asimetría de fuerzas económicas. La imposibilidad de negociar como bloque regional frente a Estados Unidos, debido a conflictos sobre propiedad intelectual y subsidios agrícolas estadounidenses, se resalta como un elemento clave para comprender la posición negociadora de Colombia frente a potencias económicas. El texto introduce la idea de una negociación desfavorable para los países latinoamericanos, configurando un escenario de desigualdad de poder en la integración económica regional. La imposibilidad de una negociación conjunta latinoamericana refleja la debilidad de la región frente al poderío económico de Estados Unidos en las negociaciones de TLC.

Se analiza el mecanismo de resolución de disputas a través de arbitraje supranacional presente en los TLC. Se argumenta que este sistema otorga a los inversionistas extranjeros protecciones especiales, permitiéndoles demandar al Estado colombiano en tribunales internacionales sin tener en cuenta el sistema jurídico colombiano ni los intereses nacionales (salud pública, medio ambiente, derechos humanos). Esta figura normativa supranacional genera controversias políticas debido a la posible subordinación de los intereses públicos nacionales a los intereses privados de las empresas transnacionales. La sección se centra en la crítica al sistema de arbitraje internacional como una herramienta que potencialmente debilita la soberanía nacional y la capacidad del Estado para regular la economía.

Se abordan aspectos controvertidos de las cláusulas de inversión en los TLC con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Se analiza el impacto de estas cláusulas en el ámbito nacional, destacando que, además de debilitar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, se perjudicaría el papel del Estado en la regulación económica, fortaleciendo una normatividad supranacional favorable a los inversionistas extranjeros. Se enfatiza el riesgo de que los intereses del gran capital multinacional prevalezcan sobre los intereses de otros actores sociales, lo que se relaciona con la idea de un nuevo constitucionalismo que prioriza la protección de los inversores extranjeros. La sección enfatiza el riesgo de una pérdida de soberanía económica y la vulnerabilidad de la regulación nacional frente a los intereses de empresas internacionales, con consecuencias negativas para la población colombiana.

La sección se centra en el análisis crítico del mecanismo de resolución de disputas a través de arbitraje supranacional, incluido en los Tratados de Libre Comercio (TLC). Se argumenta que este sistema otorga protecciones especiales a los inversionistas extranjeros, permitiéndoles demandar al Estado colombiano ante tribunales internacionales, sin que estos tribunales se vean limitados por la legislación colombiana ni por consideraciones de interés público como la salud pública, el medio ambiente o los derechos humanos. Esta estructura, considerada supranacional, genera fuertes controversias debido a la potencial subordinación de la soberanía nacional a los intereses privados de inversores extranjeros. Los fallos arbitrales podrían priorizar la rentabilidad empresarial sobre el bienestar de la población, debilitando la capacidad del Estado para regular la economía y proteger los intereses nacionales. La falta de consideración de intereses no comerciales en el arbitraje se presenta como un punto crucial de vulnerabilidad para el país.

Se examina el contenido de las cláusulas de propiedad intelectual en los TLC, mostrando el fuerte interés de las grandes empresas farmacéuticas de Estados Unidos y la Unión Europea (especialmente Alemania y Francia) en proteger sus invenciones y controlar el mercado colombiano. Se explica cómo las cláusulas buscan implementar un régimen ADPIC-plus (Ahumada, 2008), superando las exigencias mínimas del ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio) de la OMC (Organización Mundial del Comercio). Se cita el ejemplo de la negociación entre Colombia y Canadá, donde la negativa canadiense a incluir la biodiversidad en el capítulo de propiedad intelectual llevó a Colombia a excluir el capítulo entero y reemplazarlo con las reglas ADPIC, según el artículo 809, punto 3 del acuerdo. Se menciona la protección de datos de prueba de sustancias químicas por cinco años como un acuerdo alcanzado entre Colombia y Estados Unidos, a pesar de la exclusión de otras exigencias más radicales de Estados Unidos para no afectar la salud pública. El análisis apunta al desequilibrio de poder en la negociación y la posible restricción de la soberanía nacional en materia de propiedad intelectual.

El documento argumenta que la implementación de los TLC, con sus cláusulas de inversión, debilitaría el papel del Estado como actor principal en la regulación económica del país. Se describe la creación de una normatividad supranacional fuertemente garantista para los inversionistas extranjeros, que sometería la acción estatal a corto y mediano plazo a los intereses del gran capital multinacional, sobreponiendo estos intereses a los de otros actores sociales. Se subraya la creación de una asimetría de poderes y privilegios bajo lo que se describe como un nuevo constitucionalismo, donde los derechos e intereses de los inversores extranjeros prevalecen. La implementación de estas cláusulas se presenta como un factor clave en la fragmentación del régimen de control político colombiano, reduciendo la capacidad del Estado para gestionar la economía de forma autónoma y en beneficio de la población colombiana.

La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) se fundó en 1935, en un contexto de desarrollo industrial y construcción de infraestructura en el país. Su creación respondió a la necesidad de los trabajadores de organizarse frente a la opresión, la explotación de recursos naturales y los problemas socioeconómicos. Inicialmente, la CTC se vinculó al proyecto político de Alfonso López Pumarejo, la 'Revolución en Marcha', descrito como un 'instrumento de movilización al servicio del proyecto de industrialización nacional, en alianza con la burguesía nacional' (Daniel Pecaut). Sin embargo, la evolución del Partido Liberal hacia posturas más moderadas, evidenciada en las elecciones de 1937, generó tensiones internas en la CTC, reflejadas en sus congresos y en la disminución de nuevos sindicatos. La división entre sectores comunistas y liberales dentro de la CTC quedó manifiesta en el IV Congreso. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 marcó un punto de inflexión, desencadenando una ola de violencia y represión que afectó gravemente a la CTC, con la suspensión de su personería jurídica, destrucción de sedes y asesinatos de líderes.

Tras el asesinato de Gaitán, la CTC enfrentó una década de dictadura civil y militar, con la represión de las huelgas, el despido de líderes sindicales y la actuación de algunos sindicatos en la clandestinidad. A pesar de las adversidades, la CTC logró, en la década de 1960, la consolidación legislativa de conquistas laborales obtenidas tras décadas de luchas, incluyendo la contratación colectiva, auxilio de desempleo, jornada de 8 horas, salario mínimo, seguridad social, pago de horas extras, vacaciones, y otros derechos. La década de 1970 estuvo marcada por el paro cívico nacional de 1977, reprimido con violencia por el Estado, dejando un saldo trágico en Bogotá. El gobierno de Julio César Turbay Ayala, caracterizado por la represión al movimiento sindical, es mencionado. Se observa un contraste entre la lucha sindical en defensa de las conquistas laborales y la creciente represión por parte del Estado y otros actores.

La creación de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) en 1986 marcó un momento crítico para la CTC. La CTC, con alrededor de 300.000 afiliados, sufrió una división interna entre la línea oficial y sectores más movilizadores. Varios sindicatos, incluidos los del Partido Comunista, se pasaron a la CUT, buscando mayor protección ante la arremetida patronal y las políticas gubernamentales en un contexto de creciente apertura económica. El gobierno de César Gaviria, con la apertura económica y la implementación de las leyes 50 de 1990 y 100 de 1993, consideradas lesivas para los trabajadores, agravó la situación. La CTC perdió alrededor del 20% de su membresía, debido al cierre de empresas, la privatización de servicios y el bloqueo gubernamental a la creación de sindicatos. Se destaca la pérdida de importantes sindicatos en sectores como puertos, obras públicas y ferrocarriles, lo cual impactó considerablemente la fuerza y alcance de la organización. Se rechaza la atribución de la crisis de la CTC a una mala gestión directiva, argumentando que la situación económica y el contexto político fueron determinantes en su debilitamiento.

A pesar del debilitamiento, la CTC participó en un pacto social durante el gobierno de Gaviria, en un intento por controlar los precios de la canasta familiar. Este pacto fue efímero. En el gobierno de Andrés Pastrana se registra un paro nacional en octubre de 1998, reprimido con violencia, que resultaron en el asesinato de 8 dirigentes sindicales, incluyendo a José Luis Ortega de la CUT. A pesar de un arreglo mediado por la Iglesia, los resultados fueron limitados. Un nuevo paro nacional en 1999 logró un diálogo con el presidente dentro del marco de la Comisión de Concertación. La creación de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos por decreto, como respuesta a la violencia creciente contra sindicalistas, se resalta en este periodo. El contexto de estas acciones destaca la persistencia de la violencia antisindical y la respuesta del movimiento sindical a través de paros nacionales, que se convierten en un elemento fundamental en la lucha por los derechos laborales en medio de un contexto político y económico complejo.

El texto identifica diversas formas de precarización laboral en Colombia, destacando el autoempleo como la forma más acabada de deslaboralización. Se describe cómo, en situaciones de subordinación, se establecen relaciones comerciales o civiles en lugar de relaciones laborales típicas, dejando al trabajador sin prestaciones sociales, a menos que financie voluntariamente una afiliación a servicios privados de salud o pensión. Se analiza la subcontratación a través de los 'contratos sindicales', una figura jurídica resurgida en Colombia, particularmente en el sector de la confección, que minimiza los derechos laborales. Las cooperativas de trabajo asociado, aunque sujetas a regulaciones recientes que obligan a mínimos laborales y afiliación a la seguridad social, siguen funcionando como mecanismos de intermediación laboral, sin garantizar la totalidad de los derechos de la legislación laboral vigente. Estas prácticas contribuyen a una mayor precarización del empleo, donde la legislación no protege suficientemente a los trabajadores.

Se describe la segmentación laboral en fábricas y oficinas, donde coexisten trabajadores con diferentes condiciones de empleo. Un primer grupo, conformado por trabajadores con mayor antigüedad, está protegido por la legislación anterior, con alta estabilidad laboral y beneficios convencionales. Un segundo grupo, de trabajadores más jóvenes con contratos indefinidos, tiene menor protección contra despidos. El tercer grupo lo integran trabajadores tercerizados, con salarios inferiores, temporalidad y exclusión de beneficios convencionales. Se menciona la discriminación laboral (Puig, 2007), con datos que muestran que el 23.1% de los trabajadores percibieron discriminación, principalmente por color de piel (100% de los casos), edad, grupo étnico o lugar de residencia. La alta prevalencia de discriminación percibida (80.5%) en los espacios de trabajo y en zonas específicas de las ciudades, indica una situación compleja y problemática.

El texto analiza el riesgo de insolvencia de las empresas subcontratistas o intermediarias laborales, que son más pequeñas y financieramente frágiles que las empresas principales que se benefician de la subcontratación. Su vulnerabilidad ante caídas de la demanda las coloca en una posición débil frente a los trabajadores. Se presentan datos sobre afiliación a pensiones, donde solo el 8.6% de los trabajadores estaban afiliados, mayoritariamente a fondos privados (63.6%). El 91.4% no tenía afiliación, justificado principalmente por la falta de recursos económicos (57.7%), desconocimiento (17.7%), falta de interés (10.2%), o porque el empleador no lo exigía (7%). La baja tasa de afiliación pone de manifiesto la vulnerabilidad de los trabajadores ante la falta de protección social. Estos datos ilustran las consecuencias negativas de la precarización laboral en el acceso a la seguridad social.

Se caracteriza la violencia como un método utilizado para regular o disolver conflictos laborales, con el asesinato de sindicalistas, amenazas, uso de la fuerza, intimidación y desapariciones forzadas como herramientas para controlar y distorsionar el conflicto. Este fenómeno se presenta como una característica particular del conflicto laboral colombiano, diferenciándolo de otros contextos internacionales. Se analizan las tres categorías generales de conflictos laborales: individual, colectivo económico y colectivo jurídico. La violencia antisindical se describe como un mecanismo para presionar a los dirigentes sindicales, cambiar las condiciones de negociación y desestabilizar la vida cotidiana de las organizaciones sindicales. Se mencionan diferentes actores involucrados en la violencia: empleadores, elites políticas, grupos paramilitares, guerrilleros y el Estado, destacando la impunidad de los crímenes. El análisis se divide en tres periodos, de acuerdo a los métodos empleados por los victimarios: violencia transparente, violencia gris y violencia opaca, que abarca del 2006 al 2009. La violencia opaca se caracteriza por el uso de mecanismos aparentemente legales para silenciar a los opositores.

Este apartado presenta una investigación sobre la violencia contra educadores afiliados a la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) entre 1978 y 2008. La investigación, realizada conjuntamente por la ENS y Adida, analiza la violencia antisindical a través de la recuperación de la memoria histórica. Se divide el periodo en cuatro etapas: Un primer periodo donde la violencia se manifiesta de manera evidente a partir de 1985 con asesinatos de activistas en Urabá. El segundo periodo (1987 en adelante) comienza con el asesinato del presidente de Adida, Luis Felipe Vélez, y se caracteriza por crímenes de alto impacto y la configuración de una violencia sistemática, relacionada con la apertura política y la aparición de nuevos movimientos políticos. El tercer periodo ('Giros estratégicos y la muerte atrapada en el juego estadístico') se caracteriza por un aumento significativo de la violencia. Finalmente, el cuarto periodo (2003-2008), coincidiendo con los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática, muestra una reducción significativa de homicidios, pero un cambio en las estrategias de violencia, con mayor énfasis en amenazas y hostigamientos.

El análisis considera las dinámicas territoriales de la violencia en las nueve subregiones de Antioquia. Se identifican cuatro momentos en cada subregión: predominio de la insurgencia, respuesta militar del Estado, expansión paramilitar, y control paramilitar y estatal con el repliegue de la insurgencia. Durante el periodo 1998-2002, la violencia se caracteriza por la expansión paramilitar y las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana. Aunque hubo una reducción en el número de violaciones a los derechos de los sindicalistas, la continuidad de las cifras indica que las intenciones contra el magisterio y otros sindicatos no cambiaron. Este periodo se define como 'violencia antisindical expansiva e instituyente'. El análisis contextualiza la violencia antisindical dentro de un marco de conflicto armado y control territorial, señalando la participación de actores como la insurgencia, el Estado, y los grupos paramilitares.

Se examinan las estrategias de violencia utilizadas contra los educadores sindicalizados, destacando el objetivo de imponer un orden social y silenciar la oposición a través del aniquilamiento físico de los líderes sociales. Métodos como torturas, descuartizamientos y desapariciones se utilizaron para generar miedo y coartar futuras iniciativas de liderazgo. El rumor se identifica como una estrategia recurrente para explicar los asesinatos, aprovechando la impunidad de los crímenes. Al desconocerse la identidad de los responsables, los rumores tergiversan la identidad de las víctimas, desprestigiando su memoria y legitimando, en muchos casos, sus asesinatos. El uso del rumor es presentado como una herramienta de los victimarios para justificar la violencia. La impunidad de los crímenes es un elemento crucial que facilita la utilización del rumor como estrategia para desdibujar la responsabilidad y el impacto de los actos violentos.

El estudio destaca que, a diferencia de otras organizaciones sindicales, donde una de cada cuatro víctimas de violencia era dirigente sindical, en Adida la significación del liderazgo sindical se amplía. La presencia de docentes en los 125 municipios de Antioquia, y en la mayoría de los corregimientos y veredas, implica que sus miembros asumían liderazgos importantes más allá de la junta directiva. Adida y sus afiliados son presentados como un elemento transformador en la cultura, la política y la vida comunitaria, lo que explica la intensidad de la violencia en su contra. Su rol se vincula con la resistencia a la guerra, el esfuerzo de control territorial de grupos armados ilegales, y la defensa de los estudiantes. Los docentes son presentados como un eje de la resistencia social ante los grupos armados y el intento de control social e institucional.