Fiscalización FAFEF: Guía Completa

Esta sección enfatiza la necesidad de que el auditor comprenda a cabalidad los sistemas de control interno de cada entidad, proyecto o programa sujeto a revisión. Se destaca la importancia de evaluar la suficiencia o insuficiencia de los mecanismos de control para determinar el grado de confianza que se puede depositar en ellos. Este análisis determinará el alcance, la profundidad y la oportunidad de las pruebas de auditoría. La evaluación se centra en la existencia de controles internos para prevenir y minimizar el impacto de riesgos que afecten la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad y la consecución de objetivos. Los sistemas de control interno abarcan procesos de planeación, organización, políticas, métodos y procedimientos coordinados para promover la eficiencia operacional. Se menciona específicamente la necesidad de evaluar la existencia de controles internos suficientes en el FAFEF para prevenir y minimizar el impacto de riesgos en la eficacia y eficiencia de sus operaciones, la obtención de información confiable, el cumplimiento de la normativa aplicable y el logro de los objetivos del fondo. Se propone la verificación mediante cuestionarios de control interno a las dependencias involucradas en la administración y ejercicio de los recursos del FIES para asegurar que cuentan con los mecanismos de control adecuados.

Se define el objetivo del FIES como el fortalecimiento y fomento a las entidades federativas en programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento. Se detallan ejemplos de áreas de inversión, como la construcción, reconstrucción, y modernización de infraestructura, incluyendo la adquisición de bienes necesarios para el equipamiento de obras. Se establece que los recursos no pueden destinarse a erogaciones de gasto corriente u operación, excepto en casos expresamente previstos. La sección también describe el objetivo de la revisión, que es verificar que el ejercicio y la aplicación de los recursos federales transferidos coadyuven en el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios básicos y en la disminución de la pobreza y marginación. Para lograr esto, se deben evaluar las áreas o programas, la cantidad e importe de las actividades u operaciones a revisar y su proporción porcentual respecto a sus universos particulares. El alcance de la auditoría se basa en la metodología a utilizar, la cual debe desarrollarse de acuerdo con las normas establecidas, incluyendo el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, el Presupuesto de Egresos de la Federación y los Lineamientos para la solicitud, transferencia y aplicación de recursos del FIES.

Esta sección describe el marco normativo aplicable al FAFEF y al FIES, incluyendo las Reglas de Operación de ambos fondos, así como el procedimiento para la revisión y fiscalización del FAFEF. Se detalla que los recursos del FIES provienen de ingresos excedentes de origen petrolero y se entregan mediante anticipos a través del fiduciario (Banobras). Se enfatiza la importancia de la congruencia entre las observaciones, conclusiones y recomendaciones de la auditoría. La evidencia a recopilar debe ser suficiente y cumplir con los requisitos básicos, considerándose factores como el riesgo, la importancia relativa y el costo. Se clasifican los tipos de evidencia en: física (obtenida mediante inspección directa), documental (cartas, contratos, registros contables), testimonial (declaraciones de personas) y analítica. La comprobación absoluta puede ser costosa, por lo que se recomiendan pruebas por muestreo, ampliándose solo si se detectan irregularidades. Se mencionan leyes relevantes como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales.

El objetivo principal de la revisión es verificar el ejercicio y la aplicación de los recursos federales transferidos a estados, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Se busca asegurar que estos recursos contribuyan al mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios básicos, así como a la disminución de la pobreza y la marginación de los distintos grupos sociales y regiones del país. La auditoría pretende evaluar la eficiencia en la utilización de los fondos federales para lograr los objetivos sociales y de desarrollo planteados. Se enfatiza la necesidad de comprobar que la asignación y uso de estos recursos se ajustan a las normas y regulaciones establecidas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. La revisión no sólo se enfoca en el cumplimiento normativo, sino también en el impacto real de los recursos en la población y el desarrollo regional. Se busca determinar si los fondos se están utilizando de manera efectiva para alcanzar los objetivos para los cuales fueron asignados.

El alcance de la auditoría define con precisión el trabajo a realizar y la metodología a emplear. Se especifica que el proceso debe seguir las normas y lineamientos establecidos para la fiscalización del gasto federalizado. Esto incluye la identificación de las áreas y programas específicos que serán objeto de la evaluación, junto con la cantidad e importe de las actividades u operaciones a revisar. Se determina la proporción porcentual de las operaciones revisadas con respecto al universo total de operaciones, asegurando una muestra representativa. La metodología a utilizar se describe como conforme a normas y lineamientos, indicando la necesidad de una planificación exhaustiva y la aplicación de procedimientos de auditoría estandarizados. La selección de los elementos a auditar y la metodología específica serán cruciales para obtener resultados confiables y que permitan extraer conclusiones sólidas sobre el uso de los recursos federales. La experiencia previa de los auditores, junto con la aplicación de procedimientos y herramientas específicas de auditoría, serán elementos clave para determinar el alcance y la profundidad de la revisión.

La revisión de los fondos se llevará a cabo utilizando diversos procedimientos e instrumentos. Se menciona la aplicación de cuestionarios de control interno para evaluar la eficiencia y eficacia de los sistemas internos de las dependencias involucradas en la administración de los recursos. La obtención de evidencia se basa en diferentes tipos: física, mediante inspección u observación directa de actividades, bienes o sucesos; documental, a través de documentos como cartas, contratos, registros contables y facturas; testimonial, obtenida de declaraciones de personas; y analítica, mediante análisis de datos e información. Se indica que por regla general, las pruebas se realizarán por muestreo para respaldar las conclusiones del informe, buscando un balance entre costo y beneficio. Sin embargo, si se detectan irregularidades, se ampliará el alcance de las pruebas hasta obtener la evidencia suficiente. La calidad y confiabilidad de la evidencia son factores cruciales para la solidez de las conclusiones de la auditoría, por lo que se enfatiza la importancia de la selección adecuada de las técnicas y métodos de recolección de información. La metodología prioriza la eficiencia, pero sin comprometer la rigurosidad y el exhaustividad necesaria para asegurar la fiabilidad de los resultados.

La sección enfatiza la necesidad de congruencia entre las observaciones, conclusiones y recomendaciones de la auditoría. Se indica que cuando esta congruencia existe, la evidencia deberá someterse a pruebas adicionales para asegurar que cumple con los requisitos básicos. El auditor debe reunir información adecuada considerando el riesgo, la importancia relativa y el costo como factores de juicio. Además, la confiabilidad y calidad de la evidencia son cruciales. Se describe el proceso de recopilación de evidencia, destacando la importancia de la verificación y validación de la información obtenida. La obtención de evidencia completa y confiable es fundamental para la elaboración de un informe de auditoría preciso y objetivo. El proceso de auditoría debe asegurar que las conclusiones se basan en una evidencia sólida y que las recomendaciones propuestas sean pertinentes y factibles de implementar para mejorar los sistemas de control interno y la gestión de los recursos públicos.

El marco normativo que rige la operación del FAFEF y el FIES se basa en una serie de leyes y reglamentos. Se mencionan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. También se incluyen el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (anual), la Ley de Ingresos de la Federación (anual), la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento correspondiente, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, y su reglamento. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria también se menciona como un elemento clave del marco legal. Estos instrumentos legales establecen las bases para la administración, control y fiscalización de los recursos públicos, incluyendo los fondos FAFEF y FIES. El cumplimiento de estas leyes y regulaciones es fundamental para asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos destinados a proyectos de infraestructura y fortalecimiento de las entidades federativas. Se destaca la importancia de conocer y aplicar correctamente cada una de estas normas para asegurar la legalidad y la transparencia de las operaciones.

La sección detalla la existencia de Reglas de Operación específicas para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y para el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). Estas reglas contienen disposiciones para la ministración, aplicación, control, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos. En el caso del FIES, se especifica que los recursos provienen de ingresos excedentes de origen petrolero y se entregan mediante anticipos a través del fiduciario (Banobras), quien canaliza los fondos a las entidades una vez que cumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos respectivos. El cumplimiento de estas reglas de operación es esencial para la gestión adecuada de los recursos de ambos fondos. El documento destaca la importancia de que las entidades federativas conozcan y apliquen estas reglas para asegurar el correcto manejo y la rendición de cuentas de los recursos recibidos. Se enfatiza la necesidad de comprender las disposiciones específicas de cada fondo para asegurar el cumplimiento normativo y el logro de los objetivos planteados. La correcta aplicación de estas reglas es un factor clave para garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión de estos fondos públicos.

La sección define cuatro dimensiones clave para la evaluación de programas: eficacia, eficiencia, economía y calidad. La eficacia se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos del programa. La eficiencia mide la relación entre los productos y servicios generados y los insumos o recursos utilizados. La economía mide la capacidad de gestión para ejercer adecuadamente los recursos financieros. Finalmente, la calidad mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa. Estos cuatro conceptos se presentan como los pilares de la evaluación del desempeño de los programas financiados. La correcta medición de estos indicadores es crucial para asegurar la correcta asignación y utilización de los recursos y para la optimización de los resultados. Cada uno de estos factores proporciona una perspectiva diferente pero complementaria de la gestión y los resultados obtenidos, permitiendo una evaluación más completa y efectiva del programa.

Se presenta el Índice de Impacto de la Deuda Pública (IDP) como un indicador estratégico de periodicidad anual. Su fórmula es (SDD/IED)*100, donde SDD representa los saldos de la deuda directa al 31 de diciembre del año anterior (excluyendo deuda contingente de municipios y entidades paraestatales), e IED representa el Ingreso Estatal Disponible (ingresos propios, federales por participaciones y aportaciones, subsidios, gasto reasignado y financiamientos). El IDP expresa el porcentaje de la deuda respecto al ingreso estatal disponible, o, si se omite la multiplicación por cien, el número de años que una entidad tardaría en amortizar su deuda si destinara todo su ingreso disponible a ello. Una tendencia decreciente en el IDP indica la eficacia de una política de desendeudamiento, atribuible a la fortaleza financiera inducida por recursos federales, incluyendo las aportaciones del FAFEF. La línea base para el cálculo se establece en el cuarto trimestre de 2008. Este indicador permite monitorizar la situación financiera de las entidades y evaluar el impacto de los recursos federales en su capacidad de pago de la deuda.

El documento presenta el Índice de Logro Operativo, diseñado para medir el logro de metas de operación mediante un promedio ponderado por los recursos destinados a cada proyecto, programa, obra o acción (excluyendo gasto operativo como sueldos y servicios). Su fórmula considera el avance porcentual de las metas del fondo (APMF), los recursos ejercidos por cada proyecto (REi), el total de recursos ejercidos (TE), el avance de las metas por cada proyecto (AMi) y las metas programadas (MPi). El índice permite identificar el avance promedio ponderado de la aplicación de los recursos, sin considerar el gasto operativo para evitar sesgos. Este indicador resulta útil para evaluar la eficiencia de la inversión y el progreso de las obras y acciones implementadas. El descuento del gasto operativo tiene el objetivo de ofrecer una medida más precisa del impacto de la inversión en los resultados, eliminando la influencia del gasto que se considera relativamente estable en el tiempo. La información que este indicador genera permite una evaluación más precisa de la inversión y la eficiencia de los recursos.