Presupuesto Estado 2016: Ejecución

El presupuesto estatal de 2016 superó una compleja situación económica, asegurando la financiación de servicios sociales a niveles similares al año anterior y respaldando las necesidades del sector productivo. Se logró un déficit fiscal de 6126 millones de pesos, inferior al presupuesto aprobado en 97 millones, representando el 6.8% del PIB estimado a precios corrientes. Esta gestión fiscal positiva se sustentó en una recaudación tributaria que sobrepasó las cifras planeadas, constituyendo el 74% del total de ingresos, consolidando al sistema tributario como la principal fuente de ingresos presupuestarios. El sector empresarial contribuyó significativamente, concentrando el 89% de los ingresos tributarios, y los tributos asociados a la comercialización de bienes y servicios representaron un importante 54% de la recaudación total y el 40% de los ingresos totales, mostrando un crecimiento del 15% respecto al año anterior, en línea con el desempeño del comercio minorista.

La reducción de los tipos impositivos del Impuesto sobre las Ventas en el comercio minorista facilitó su administración en las empresas comerciales y de gastronomía, principales contribuyentes, mitigando el impacto del incumplimiento de las metas de ventas. Esta experiencia llevó a la simplificación del impuesto en 2017, reduciéndolo a tres tipos impositivos, clasificados por tipo de actividad (comercio y servicios). Se realizaron mejoras al sistema tributario, basadas en la experiencia con el trabajo por cuenta propia. Se actualizaron las normas, reconociendo mayores gastos para calcular el Impuesto sobre los Ingresos Personales y se trasladaron 17 actividades del Régimen General al Régimen Simplificado. Esto ajustó la carga tributaria a la capacidad económica de los contribuyentes, fomentando el cumplimiento tributario, la gestión y el control fiscal. En el sector empresarial, se disminuyó la carga impositiva con la reducción del Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo y la aplicación de beneficios fiscales en sectores como el agropecuario, la inversión extranjera y la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.

Si bien la recaudación tributaria general fue positiva, se observaron sobrecumplimientos e incumplimientos en tributos específicos. El sobrecumplimiento en algunos tributos se atribuyó a deficiencias en la planificación, como en las utilidades y el rendimiento de la inversión estatal (530 millones de pesos de sobrecumplimiento), y en los aportes de las formas de gestión no estatal (26% por encima de lo planificado). Destaca el sobrecumplimiento del Impuesto sobre los Ingresos Personales, que ascendió a 2343 millones de pesos (22% más), impulsado por las declaraciones juradas de trabajadores por cuenta propia y artistas (166 millones de pesos por encima de lo previsto) y la fiscalización de la ONAT sobre obligaciones de años anteriores. También sobresalió el sobrecumplimiento en los aportes de productores agropecuarios individuales (73 millones de pesos aproximadamente), debido al aumento de la contratación para el acopio estatal. Las provincias de La Habana (130 millones de pesos), Matanzas, Sancti Spíritus, Camagüey y Holguín mostraron los mayores sobrecumplimientos en el Impuesto sobre los Ingresos Personales; mientras que Mayabeque presentó un incumplimiento aproximado de 9 millones de pesos. A pesar de estos resultados positivos en algunos rubros, se identificó la necesidad de fortalecer la gestión y control de la ONAT para mejorar el cumplimiento tributario y combatir la evasión fiscal, incluyendo la subdeclaración de ingresos y la morosidad.

La política tributaria de 2016 incluyó una reducción de los tipos impositivos del Impuesto sobre las Ventas en el sector del comercio minorista, medida que facilitó la gestión de este tributo en las empresas del comercio y la gastronomía, principales contribuyentes. Esta acción ayudó a mitigar los efectos negativos del incumplimiento de los planes de ventas. La experiencia positiva de esta medida en 2016 sirvió de base para una mayor simplificación del sistema tributario en 2017, reduciéndolo a solo tres tipos impositivos definidos por el tipo de actividad económica (comercio y servicios). Esta simplificación buscaba facilitar la administración y el cumplimiento tributario por parte de las empresas.

Con base en la experiencia en la aplicación de los tributos al sector del trabajo por cuenta propia, se actualizaron las normas tributarias. Se reconoció un nivel de gastos mayor para el cálculo del Impuesto sobre los Ingresos Personales, buscando una mayor equidad y ajuste a la capacidad económica de los contribuyentes. Adicionalmente, se facilitó la transición de 17 actividades del Régimen General de tributación al Régimen Simplificado, con el objetivo de adecuar la carga tributaria a la realidad económica de este sector y promover el cumplimiento tributario, la gestión y el control fiscal. Estas medidas buscan simplificar la administración del impuesto y reducir la carga burocrática para los trabajadores por cuenta propia.

De acuerdo con la política tributaria, se redujo la carga impositiva en el sector empresarial a través de la disminución del Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo. Adicionalmente, se aplicaron beneficios fiscales aprobados para diversos sectores estratégicos de la economía cubana. Estos beneficios fiscales favorecieron al sector agropecuario, la inversión extranjera y la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, buscando estimular la producción y la inversión en áreas clave para el desarrollo económico del país. La aplicación de estas medidas reflejaba un esfuerzo por fomentar el crecimiento económico y la competitividad, al mismo tiempo que se buscaba un mejor balance entre recaudación fiscal y estímulo a la producción.

Además de las adecuaciones tributarias de la Ley No. 120, se aprobaron beneficios fiscales adicionales a personas jurídicas y naturales, mediante bonificaciones, exenciones o condonaciones de deudas. Estos beneficios representaron un sacrificio fiscal de aproximadamente 143 millones de pesos, equivalentes al 0.2% del total de ingresos brutos recaudados. Entre los beneficios otorgados se destacan: exenciones y bonificaciones a personas jurídicas por 126 millones de pesos. Estos incluían un aporte por el rendimiento de la inversión estatal en la Unión Eléctrica, permitiendo mayor retención de utilidades para financiar inversiones; beneficios en la Contribución Territorial para el Desarrollo Local a entidades importadoras de los grupos empresariales del Comercio Exterior y de la Industria Alimentaria; y exenciones de aranceles aduaneros, que redujeron los costos de importación de productos de consumo popular. La concesión de estos beneficios fiscales reflejaba un enfoque político de estímulo económico a sectores específicos de la economía cubana.

El total de gastos ejecutados en 2016 ascendió a 57 813 millones de pesos, alcanzando un 97% del cumplimiento del presupuesto. Sin embargo, se observó una mayor afectación en los gastos y transferencias de capital. Los gastos corrientes, destinados a financiar servicios sociales básicos y funciones gubernamentales, sumaron 37 073 millones de pesos, con el 50% dirigido a educación, salud pública y asistencia social. Para reflejar adecuadamente en el Producto Interno Bruto los servicios gratuitos prestados a la población, se incluyeron 4383 millones de pesos que representan la expresión mercantil de la educación, la salud y la cultura. A pesar de este alto grado de cumplimiento general, existen inejecuciones significativas por diferentes razones. Se observa una inejecución en la actividad presupuestada de 228 millones de pesos, debido a la fluctuación de la fuerza de trabajo y bajo completamiento de plantillas; y otra inejecución de 598 millones de pesos, como consecuencia del desabastecimiento de diversos bienes y servicios, impactando negativamente el funcionamiento de las actividades.

La ejecución presupuestaria evidenció importantes inejecuciones en sectores específicos. En la producción de maíz para alimento animal, se incumplió el plan en 72 000 toneladas, lo que representó 294 millones de pesos menos de lo presupuestado, debido a la intensa sequía, bajos rendimientos por falta de variedades adecuadas y mala calidad de semillas. En el sector sideromecánico, la ejecución fue del 81%, afectada por averías continuas en Antillana de Acero. En el caso de CUPET (combustibles domésticos), se alcanzó el 58% de su plan, con problemas en la distribución de keroseno debido a la falta de capacidad instalada en las bodegas, principalmente en la zona oriental, a pesar de un sobrecumplimiento físico de 5000 toneladas. El gas licuado de petróleo también se vio afectado por una disminución del precio de compra en abril de 2016. Estas inejecuciones evidencian problemas de abastecimiento, infraestructura y factores climáticos que impactaron negativamente en la ejecución del presupuesto.

Se realizaron otras transferencias corrientes a la actividad no presupuestada por 2395 millones de pesos (95% del presupuesto), para cubrir gastos generados por encargos estatales con resultados desfavorables en el sector empresarial. Se destaca el pago a productores por el acarreo de leche (128 millones de pesos ejecutados frente a 92 millones planificados), y la financiación del Fondo de Ciencia e Innovación Tecnológica (38 millones de pesos para 173 proyectos). El Ministerio de la Agricultura ejecutó 46 millones de pesos para cubrir pérdidas aprobadas, incluyendo un millón para la Empresa Ganadera Roberto Estévez Ruz y 45 millones para el tratamiento financiero de las UBPC y CPA. En el sector empresarial se ejecutaron 1258 millones de pesos, incluyendo la capitalización de empresas de AZCUBA y el Ministerio de la Agricultura. Se utilizaron 120 millones de pesos de la Reserva Central para enfrentar afectaciones productivas por sequía y el huracán Matthew. La utilización del crédito revolvente (1000 millones de pesos mensuales) para cubrir déficits temporales de efectivo tuvo un costo financiero de 17 millones de pesos, aunque inferior a lo previsto, y su devolución se retrasó por incumplimientos de ingresos.

La demanda financiera para 2016, que incluía el financiamiento del déficit fiscal y las amortizaciones de deudas, se cubrió con dos fuentes principales. Primero, se utilizaron recursos provenientes del déficit financiado y no ejecutado del año 2015, por un monto de 112 millones de pesos. Segundo, y de manera más significativa, se recurrió a la colocación de Bonos Soberanos de la República de Cuba por un valor de 7526 millones de pesos. Estos bonos fueron adquiridos por el sistema bancario nacional a una tasa de interés promedio anual del 2.5%, con plazos de amortización de hasta 20 años. Esta estrategia de financiamiento, que combinó recursos existentes con la emisión de deuda soberana, permitió cubrir las necesidades financieras del Estado para ese año, mostrando una gestión financiera que buscó mitigar el impacto del déficit fiscal.

El Estado de Ahorro, Inversión y Financiamiento reflejó un aumento de los pasivos debido al crecimiento de la deuda pública mediante la emisión de los Bonos Soberanos. Esta emisión de bonos fue necesaria para financiar las necesidades presupuestarias previstas en la Ley del Presupuesto del Estado. El endeudamiento neto ascendió a 6125.9 millones de pesos, mostrando un aumento en la deuda pública como consecuencia del financiamiento del déficit fiscal a través de la emisión de bonos soberanos. El incremento de la deuda pública, si bien necesario para financiar el presupuesto, representa un aumento de las obligaciones financieras del Estado a futuro. La gestión de esta deuda y su impacto en la economía nacional requerirá un monitoreo constante.

La Reserva Central, aprobada en la Ley del Presupuesto del Estado, se ejecutó en 120 millones de pesos para respaldar las afectaciones productivas causadas por la sequía en entidades agrícolas y de recursos hídricos, así como para financiar parte de los gastos derivados del huracán Matthew. Los recursos restantes se destinaron a inversiones materiales y otros gastos autorizados durante el período fiscal. Se utilizó también un crédito revolvente por 1000 millones de pesos mensuales para cubrir déficits temporales de efectivo en la Tesorería del Presupuesto Central. Este crédito tuvo un costo financiero de 17 millones de pesos, aunque menor al previsto; sin embargo, su devolución se retrasó debido a incumplimientos en los ingresos. Esto indica la necesidad de mejorar la gestión y la planificación para una mejor utilización de este instrumento financiero y evitar futuros retrasos.