Pobreza Multidimensional: Más allá del Ingreso

El documento inicia cuestionando la suficiencia de la medición de la pobreza basada únicamente en los ingresos. Se plantea la interrogante de si una persona puede ser pobre en salud sin serlo en ingresos, y viceversa. Se reconoce la tendencia intuitiva a asociar la pobreza con la carencia de ingresos, pero se critica la limitación de este enfoque. Si bien definir la pobreza como estar por debajo del umbral mínimo en todas las dimensiones del bienestar podría parecer una solución, se argumenta que esto llevaría a un porcentaje muy reducido de la población clasificada como pobre, un resultado contradictorio si se busca una medida más amplia de la pobreza. La falta de una metodología robusta para medir la pobreza en dimensiones distintas al ingreso se identifica como un desafío clave. Se mencionan indicadores preliminares como el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Índice de Pobreza Humana (IPH) del PNUD, pero se enfatiza su carácter preliminar y la necesidad de desarrollos formales más sólidos para abordar la medición de la pobreza multidimensional.

Para avanzar en la medición de la pobreza multidimensional, el documento establece tres condiciones que deben cumplir los indicadores de déficit: identificación, agregación y comparación. Las dos primeras son similares a las utilizadas en la medición de la pobreza según ingresos. Sin embargo, la comparación, que resulta fundamental en el contexto multidimensional, se refiere a la posibilidad de comparar el déficit en las distintas dimensiones del bienestar. Se propone una alternativa más restringida, pero a menudo factible, que consiste en relacionar el déficit en cada dimensión con la pobreza según ingresos. Este enfoque, denominado 'comparación acotada', utiliza la pobreza de ingresos como vínculo común, incluso si no es posible la vinculación directa entre las diferentes dimensiones del bienestar. La discusión sobre la vivienda y su entorno como determinantes de la calidad de vida, se introduce como un ejemplo de las múltiples dimensiones que deben considerarse.

El documento examina las limitaciones del enfoque utilitarista para la evaluación social de la pobreza. Se señalan dos problemas principales: la comparación interpersonal de las utilidades y la necesidad de una función objetiva (pública) de bienestar social. Se argumenta que el bienestar social, definido como la suma de las utilidades individuales, implica comparar las preferencias individuales, un postulado que la teoría económica abandonó en la década de 1930. Arrow (1951) demostró la imposibilidad de construir funciones de bienestar social sin recurrir a dicha comparación. Se critica el hecho de que una evaluación social basada en preferencias individuales haría que la pobreza dependiera de los gustos de cada persona; alguien con gustos caros podría ser pobre incluso con altos ingresos, mientras que alguien con gustos baratos podría no ser pobre a pesar de tener bajos ingresos. Esta representación de la pobreza carece de relevancia para la política pública, ya que la sociedad no debería asignar más recursos a individuos con gustos caros. Se concluye que se requiere un criterio de pobreza socialmente aceptable y objetivo para la toma de decisiones políticas.

Para superar las deficiencias del enfoque utilitarista, se presentan las contribuciones de Rawls y Sen. Rawls, con su concepto de bienes primarios (libertades, oportunidades, ingresos, riqueza, poder y autorespeto), ofrece una perspectiva objetiva para la evaluación social, evitando la subjetividad de las preferencias individuales. El autorespeto, según Rawls, es fundamental para el desarrollo personal y social. Sen, por su parte, propone el enfoque de los funcionamientos y capacidades como una categoría intermedia entre los medios (recursos) y los logros (bienestar). Los funcionamientos constituyen el bienestar (estar saludable, educado, integrado socialmente, etc.). Sen postula la igualdad en el espacio de funcionamientos y logros, y define la pobreza como la privación de capacidades (la falta de libertad para vivir una vida larga, saludable, integrada, etc.). Se destaca la valoración intrínseca e instrumental de la libertad en el enfoque de Sen, utilizando el ejemplo de la alimentación para ilustrar cómo la libertad de elección, aunque con la misma ingesta calórica, puede marcar una diferencia significativa en el bienestar.

La sección aborda el rol de los bienes públicos y privados en la provisión del bienestar. Se define un bien público puro por su no rivalidad en el consumo y la imposibilidad de exclusión, ejemplos como la estabilidad macroeconómica o la defensa nacional. Otros bienes pueden tener características mixtas, presentando no rivalidad pero permitiendo la exclusión (TV por cable, páginas electrónicas). También se analizan los bienes públicos locales (medio ambiente limpio) y los bienes públicos sujetos a congestión (parques). Se analiza la alimentación como ejemplo de un bien básico, generalmente adquirido a través de los mercados, excepto en casos excepcionales de distribución gratuita. La carencia de alimentos refleja la falta de ingresos, siendo la base de muchas metodologías para determinar la línea de pobreza. Se introduce el concepto de desmercantilización, relacionado con la provisión pública de bienes y servicios, argumentando que ciertas sociedades optan por garantizar el acceso a bienes y servicios (salud, educación, vivienda) fuera de la lógica del mercado, mediante derechos sociales. Se describen los diferentes modelos de Estado-Bienestar (liberal, corporativo y social demócrata) según Esping-Andersen (1990), contrastando sus enfoques en la provisión de derechos sociales.

El documento analiza las limitaciones del enfoque utilitarista para definir el bienestar y, por ende, la pobreza. Se argumenta que definir el bienestar social como la suma de las utilidades individuales presenta dos problemas fundamentales. Primero, implica la comparación interpersonal de preferencias, un postulado que la teoría económica abandonó en la década de 1930 al demostrar la posibilidad de construir teorías de decisiones económicas sin recurrir a dicha comparación. Segundo, la evaluación social para políticas públicas requiere un concepto objetivo de bienestar, independiente de las preferencias individuales. Si la pobreza dependiera de las preferencias, una persona con gustos caros podría ser considerada pobre aun con altos ingresos, mientras que una persona con gustos económicos podría no ser considerada pobre con ingresos bajos. Esta perspectiva subjetiva de la pobreza carece de relevancia para la política pública, ya que no justifica la asignación diferencial de recursos basada en preferencias individuales. Se concluye que se necesita un criterio de pobreza socialmente aceptable, objetivo y desvinculado de la subjetividad de las preferencias.

Como alternativa al utilitarismo, el documento presenta la teoría de la justicia de Rawls. Rawls propone una definición objetiva del bienestar basada en bienes primarios, que son independientes de las preferencias individuales. Estos bienes primarios incluyen las libertades y oportunidades, el ingreso y la riqueza, el poder y, fundamentalmente, el autorespeto. El autorespeto, según Rawls, se refiere a la capacidad de las personas para tener y desarrollar sus propios proyectos de vida. Los principios de justicia deben garantizar que todos los miembros de la sociedad cuenten con las bases sociales necesarias para desarrollar el autorespeto. Esto implica que la persona y su proyecto de vida sean reconocidos y apreciados por sus semejantes, favoreciendo la igualdad ciudadana y el sentido de justicia. La propuesta de Rawls ofrece una forma de eludir la problemática de la comparación interpersonal de preferencias, proporcionando una base más objetiva para la evaluación social y la definición de la pobreza.

El documento contrasta el enfoque utilitarista con el enfoque de Sen, centrado en los funcionamientos y capacidades. A diferencia del utilitarismo, donde el bienestar es un logro alcanzado a través de medios como el ingreso, Sen propone una categoría intermedia: los funcionamientos. Estos representan los constituyentes del bienestar, como estar saludable, bien nutrido, tener educación, etc. Se enfatiza la idea de 'ser y hacer' como elementos constitutivos del bienestar. Sen propone la igualdad en el espacio de funcionamientos y logros como objetivo fundamental. En el contexto de la pobreza, esto se traduce en la privación de capacidades: la carencia de aspectos esenciales del bienestar que limitan la libertad de las personas para vivir vidas largas, saludables, integradas, etc. La libertad, según Sen, tiene un valor intrínseco e instrumental, siendo instrumental en la posibilidad de emprender proyectos de vida y, al mismo tiempo, un funcionamiento en sí misma. Se ilustra con el ejemplo de dos personas consumiendo la misma cantidad de alimentos: una por necesidad y otra por ayuno, mostrando cómo la libertad de elección influye en el bienestar a pesar de la similitud en los recursos.

La sección analiza la importancia de los bienes públicos y privados en la provisión del bienestar. Se define un bien público puro como aquel cuya provisión no disminuye con el consumo individual y cuya exclusión es tecnológicamente inviable. Se ofrecen ejemplos como la estabilidad macroeconómica o la señal de radio. Se contrasta con bienes que presentan no rivalidad pero permiten la exclusión, como la televisión por cable o páginas electrónicas. También se exploran los bienes públicos locales (un ambiente limpio) y los bienes públicos sujetos a congestión (un parque). Se utiliza la alimentación como ejemplo de un bien básico generalmente adquirido mediante el mercado, pero cuyo acceso, en casos de privación, refleja la falta de ingresos y se relaciona directamente con la línea de pobreza. El concepto de desmercantilización se introduce como un aspecto político relevante. La desmercantilización, según Esping-Andersen (1990), consiste en la decisión de las sociedades de sacar de la lógica del mercado la provisión de ciertos bienes y servicios, garantizando su acceso como derechos sociales. Se analizan las diferencias en la desmercantilización según el tipo de Estado-Bienestar (liberal, corporativo y social demócrata).

La sección analiza indicadores de salud derivados de registros vitales, como la tasa de mortalidad, incluyendo la mortalidad infantil, la mortalidad en la niñez y la mortalidad materna. Se destaca la problemática de la cobertura de los sistemas de estadísticas vitales, señalando que solo alrededor de un tercio de las 56 millones de muertes anuales a nivel mundial son registradas. En América Latina, la cobertura varía significativamente, con países como Argentina, Chile, Cuba, Costa Rica, México, Uruguay y Venezuela registrando más del 90% de las muertes, mientras que otros, como Perú y Paraguay, presentan coberturas mucho menores. Los países con sistemas de información bien desarrollados basan sus estadísticas en registros administrativos con cobertura casi universal, incluyendo nacimientos, eventos perinatales, muertes por edad y género, y causa de muerte según una clasificación médica estandarizada. Estos datos permiten calcular la esperanza de vida y las muertes prematuras de manera precisa. Se discuten además las medidas de esperanza de vida ajustadas por calidad, que incluyen la esperanza de vida activa, los años de vida equivalente saludables (basados en el NHIS de Estados Unidos), los años de vida ajustados por calidad (QALY, basado en la encuesta de salud de Canadá), la esperanza de vida libre de demencia y la esperanza de vida ajustada por discapacidad. Estas medidas, aunque sintéticas, representan un parámetro complejo en una sola variable. Se reconoce una desventaja en la presentación agregada de estos datos, ya que no muestran su relación con otras dimensiones del bienestar. Se propone la utilización de información socioeconómica del certificado de defunción para caracterizar las estadísticas de esperanza de vida o probabilidad de muerte prematura según nivel socioeconómico.

Esta sección se centra en los indicadores de salud derivados de encuestas de hogares, destacando su importancia como fuente de datos. Se mencionan ejemplos como la National Health Interview Survey (NHIS) en Estados Unidos y las encuestas de demografía y salud (DHS) que se especializan en salud materno-infantil. También se mencionan los módulos de salud incluidos en encuestas multi-tópicas como las LSMS y la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) en Chile. Se discuten las limitaciones de indicadores como la estatura y el peso en adultos, y se analiza el autoreporte de condiciones de salud basado en diagnósticos médicos. Este último indicador está sujeto a sesgos de selección debido a la desigual distribución del acceso a los servicios de salud según la condición socioeconómica. Se analiza también el autoreporte de la salud general como un indicador simple, de bajo costo y con consistencia con indicadores más 'duros', aunque afectado por la dependencia de las características socioeconómicas. Se propone una solución para superar este problema mediante la identificación, en la misma encuesta, del nivel de umbral de percepción de la salud de cada persona. Se menciona el cuestionario SF-36 (Short Form 36) como un instrumento estandarizado ampliamente utilizado, que mide el perfil de salud y bienestar en ocho dimensiones. La OMS ha realizado estudios comparativos de autoreporte en 66 encuestas de hogares de 46 países, utilizando análisis factorial para identificar un estado de salud latente similar entre poblaciones. Se reconoce la persistencia de sesgos en los datos de autoreporte, dificultando la comparación entre poblaciones.

El texto enfatiza la necesidad de ir más allá de los años de escolaridad como único indicador de logro educativo al medir la pobreza. Se argumenta que, aunque la cantidad de años de educación es un factor importante, es crucial evaluar las competencias efectivas de la población adulta. Se menciona que el término 'alfabetización' se utiliza no solo para referirse a la capacidad de leer y escribir, sino también para describir la habilidad de entender y utilizar información impresa en la vida cotidiana. Para evaluar estas competencias, se destaca la importancia de las pruebas de rendimiento estandarizadas, como la International Adult Literacy Survey (IALS), que evalúa habilidades en prosa, documentos, cuantitativas y numéricas. Se describe la metodología de la IALS, señalando que asigna puntajes a cada área y clasifica a los individuos en cinco niveles de logro, con el nivel 1 indicando deficiencias. Un análisis comparativo de la OCDE y Statistics Canada (2000) de los resultados de la IALS de 1998 en 20 países indica que los años de escolaridad son un factor determinante de las competencias alfabéticas, pero existen diferencias significativas entre países incluso con igual nivel de educación. Además, se observa una disminución de las competencias con la edad, independientemente de los años de educación, y una correlación menor, pero significativa, con la participación laboral y la educación de adultos. El texto destaca que los indicadores tradicionales de alfabetización subestiman significativamente las deficiencias reales, usando el ejemplo de Chile, donde el 4% de la población mayor de 15 años es analfabeta según datos tradicionales, pero más de la mitad de este grupo presenta analfabetismo funcional según la IALS, lo cual representa una brecha considerable en el diagnóstico y las políticas a implementar.

La sección destaca la importancia de las pruebas internacionales estandarizadas para medir los logros educacionales. Se describe la prueba Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) del IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), la cual evalúa los logros en matemáticas y ciencias a nivel de cuarto y octavo de enseñanza básica, recopilando información sobre cantidad, calidad y contenido de la enseñanza. Se menciona la participación de alrededor de 50 países en las distintas versiones de TIMSS (1995, 1999, 2003), con la próxima ronda en 2007. Se contrasta con la International Adult Literacy Survey (IALS), que mide la alfabetización funcional, evaluando la habilidad de entender y utilizar información impresa en la vida cotidiana. Se mencionan las dos rondas de la IALS, la primera en 12 países de la OCDE (1994-1996) y la segunda en 1998, que incluyó otros 10 países, entre ellos Chile. La metodología de la IALS se basa en pruebas que evalúan diferentes tipos de competencia (prosa, documentos, cuantitativa y numérica), clasificando a los participantes en cinco niveles de logro, con el nivel 1 representando un déficit importante. Se mencionan los resultados de un análisis comparativo de la OCDE y Statistics Canada (2000) de la IALS de 1998, mostrando que los años de escolaridad son un factor clave para las competencias alfabéticas, con variaciones significativas entre países con el mismo nivel educativo. También se observa una disminución de las competencias con la edad y una relación con la participación laboral y la educación de adultos, aunque con menor impacto que la educación formal. Se concluye que la IALS entrega información más precisa que las estadísticas tradicionales de alfabetización, y que Chile representa un caso relevante en América Latina por disponer de datos de esta encuesta para analizar la brecha entre alfabetización tradicional y alfabetismo funcional.

El texto establece que la vivienda y su entorno son determinantes principales de la calidad de vida. Se identifican tres dimensiones relevantes: la vivienda en sí misma, los bienes y servicios públicos adyacentes, y la composición social de los vecindarios. En relación a la vivienda, se mencionan atributos como la superficie construida, la calidad de los materiales y el acceso a infraestructura básica. Se describe una buena vivienda como aquella que facilita la vida familiar, proporciona privacidad y seguridad, y contribuye al cuidado de la salud a través de ambientes temperados e higiénicos, además de ofrecer espacios adecuados para el estudio. Se reitera la importancia de la materialidad, el tamaño y el acceso a infraestructura básica de la vivienda para el bienestar de las personas. La sección introduce la complejidad de definir estándares mínimos, especialmente en zonas rurales, ejemplificando con la provisión de agua potable (red pública vs. norias o pozos). La elección de los estándares impacta significativamente en la magnitud del déficit, ya que diferentes criterios conducen a diferentes niveles de medición de la carencia. La medición de las características del barrio y la infraestructura comunitaria se realiza a menudo a través de encuestas donde la población evalúa la disponibilidad de bienes públicos locales y la accesibilidad a los servicios públicos.

Se analiza cómo las características del vecindario afectan las oportunidades de niños y jóvenes. Se menciona que los asentamientos segregados limitan las alternativas culturales y prácticas sociales, afectando la disponibilidad de bienes públicos locales como seguridad, educación y salud (aunque este aspecto ya se consideró en la medición del equipamiento comunitario). También se describe el impacto en el acceso al empleo, señalando que puede existir discriminación laboral contra personas que residen en vecindarios considerados riesgosos o que las mejores oportunidades de trabajo se encuentran lejos de las áreas más segregadas, afectando la generación de ingresos. Se observa una conexión entre las características del vecindario y las oportunidades, destacando el impacto de la segregación residencial en el acceso a recursos y servicios. Se utiliza la encuesta de calidad de vida de EUROFOUND (2006) aplicada en 25 países de la Unión Europea, más Bulgaria, Rumania y Turquía, como ejemplo de medición de aspectos como medio ambiente, seguridad personal y acceso a infraestructura local en los vecindarios. Se destacan tres aspectos de la encuesta EUROFOUND: evaluación de problemas ambientales, percepción de seguridad al caminar por la noche y distancia a servicios de salud (considerado un proxy para otros servicios públicos).

Finalmente, el documento discute el impacto de las políticas de vivienda en la concentración espacial de la pobreza. Se señala que las políticas de vivienda no son neutrales y pueden reducir o agravar la segregación residencial. El precio del suelo urbano resulta un factor determinante. Una política que priorice la cantidad de soluciones habitacionales puede concentrar la construcción para la población pobre en áreas alejadas de los centros urbanos, acentuando la segregación. En contraste, las políticas de vivienda que incluyan la integración socioeconómica como objetivo enfrentarán mayores costos, creando una disyuntiva entre la integración y la cantidad de soluciones habitacionales. Este trade-off entre maximizar el número de soluciones habitacionales y promover la integración socioeconómica resalta la complejidad de las políticas de vivienda y su impacto en la distribución espacial de la pobreza.