Novedades Fiscales 2011: LCSP

Esta sección describe la capacidad de los órganos de contratación de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales, junto con organismos del Sistema Nacional de Salud, para concertar acuerdos marco (previstos en el artículo 180). Estos acuerdos, firmados con uno o varios empresarios, establecen las condiciones para futuros contratos de suministro de medicamentos y productos sanitarios durante un periodo definido. Es fundamental que el uso de estos instrumentos no sea abusivo y que no se obstaculice, restrinja o falsee la competencia. La finalidad es regularizar y centralizar la adquisición de estos productos esenciales para el sistema de salud, facilitando la gestión de los contratos y optimizando recursos. El texto legal enfatiza la necesidad de mantener un mercado competitivo y transparente en el proceso de adjudicación de estos contratos, protegiendo la libre competencia.

Se introduce el concepto de adquisición centralizada de medicamentos y productos sanitarios a nivel estatal. A través de una Orden del Ministerio de Sanidad y Política Social, y con un informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se podrá declarar la adquisición centralizada de estos suministros. Toda la contratación se realizará a través del Ministerio de Sanidad y Política Social, aunque la financiación correrá a cargo de la entidad o organismo solicitante. Este sistema concentra la compra para mejorar la eficiencia, la negociación y el control de calidad. Es importante recalcar que el Ministerio de Sanidad y Política Social asume las competencias que antes recaían en la Dirección General del Patrimonio del Estado y el Ministerio de Economía y Hacienda, en lo que respecta al suministro de medicamentos y productos sanitarios. El objetivo principal es homogeneizar el proceso de compra y reducir costes para las administraciones públicas.

Las Comunidades Autónomas y entidades locales, así como entidades y organismos dependientes e integrados en el Sistema Nacional de Salud, pueden adherirse al sistema estatal de adquisición centralizada de medicamentos y productos sanitarios. Pueden adherirse a la totalidad de los suministros o solo a determinadas categorías. Esta adhesión se formaliza mediante un acuerdo con el Ministerio de Sanidad y Política Social. La adhesión voluntaria permite a las distintas administraciones públicas beneficiarse de las ventajas de la compra centralizada, como la optimización de recursos, la estandarización de procesos y la mayor capacidad de negociación con proveedores. Este mecanismo contribuye a la eficiencia del sistema sanitario en su conjunto, mejorando la gestión de los recursos públicos y asegurando el suministro de medicamentos y productos sanitarios de calidad a la población.

Este apartado se centra en los plazos de pago establecidos para los contratos administrativos. La normativa actual (Ley 15/2010, artículo 200.4, con efectos desde el 7 de julio de 2010) obliga a la administración a abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o documentos equivalentes que acrediten la realización total o parcial del contrato. Este plazo se reduce considerablemente respecto a la normativa anterior, que establecía un plazo de sesenta días. En ambos casos, el retraso en el pago conlleva el abono de intereses de demora y una indemnización por los costes de cobro, según lo previsto en la Ley 3/2004, que lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Se especifica que, cuando no proceda la expedición de la certificación de obra y exista duda sobre la fecha de recepción de la factura, el plazo se computa desde la recepción de las mercancías o prestación de los servicios. La reducción del plazo de pago de 60 a 30 días representa una mejora significativa para los contratistas, acelerando la liquidez y reduciendo los riesgos financieros asociados a las demoras en los pagos por parte de la administración.

En caso de que la administración no cumpla con el plazo de pago establecido (30 días en la normativa actual, 60 días en la anterior), el contratista tiene derecho a recibir intereses de demora y una indemnización por los costes de cobro. Estas compensaciones se rigen por lo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que busca combatir la morosidad en las operaciones comerciales. La inclusión de esta disposición refuerza la protección de los contratistas frente a posibles incumplimientos por parte de la administración pública, estableciendo un mecanismo claro y específico para la compensación de los daños causados por las demoras en los pagos. Esta disposición legal busca fomentar la transparencia y eficiencia en las relaciones contractuales entre la administración y los particulares, asegurando el pago justo y oportuno de los servicios prestados.

En las concesiones de obras públicas, el texto legal establece el cálculo del importe de la garantía definitiva. Se determina aplicando un porcentaje del 5% sobre el valor estimado del contrato, según lo establecido en el artículo 76.3. Esta garantía busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. El 5% se calcula sobre el valor estimado del contrato, ofreciendo un margen de seguridad para la administración. La garantía definitiva protege los intereses de la administración en caso de incumplimiento por parte del contratista durante la ejecución o posterior explotación de la obra.

El órgano de contratación tiene la facultad de reducir el importe de la garantía definitiva, una vez ejecutada la obra y durante el periodo previsto para su explotación. Esta reducción se debe justificar adecuadamente en los pliegos de condiciones del contrato. La reducción se realizará de forma progresiva e inversamente proporcional al tiempo que reste de vigencia del contrato. Sin embargo, la reducción no puede disminuir el importe de la garantía por debajo del 2% del valor estimado del contrato. La posibilidad de reducir la garantía, una vez finalizada la obra, busca incentivar la ejecución de proyectos de infraestructura y ofrecer un apoyo al contratista. La reducción gradual evita que la garantía represente un peso excesivo durante toda la vida del contrato, reduciendo los costes y riesgos para los adjudicatarios.

Una vez transcurrido el plazo de pago establecido en el artículo 200.4 (treinta días según la normativa actual), los contratistas pueden reclamar por escrito a la administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago, incluyendo los intereses de demora si corresponde. Si la administración no responde en el plazo de un mes desde la recepción de la reclamación, se entiende reconocido el vencimiento del plazo de pago, lo que permite al contratista iniciar acciones legales. La reclamación por escrito es el primer paso del procedimiento, ofreciendo un mecanismo formal para notificar a la administración el incumplimiento contractual y solicitar el pago de la deuda. El plazo de un mes para la respuesta por parte de la administración establece un marco temporal claro, buscando la resolución rápida del conflicto.

Si la administración no responde a la reclamación escrita en el plazo de un mes, el contratista puede presentar un recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la administración. Como medida cautelar, se puede solicitar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial decidirá sobre la medida cautelar, a menos que la administración demuestre que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cantidad reclamada es incorrecta. En este último caso, la medida cautelar se limita a la cantidad realmente debida. La posibilidad de solicitar una medida cautelar busca agilizar el cobro de la deuda y evitar mayores perjuicios al contratista mientras se resuelve el recurso. El recurso contencioso-administrativo es el mecanismo legal para la defensa de los derechos del contratista ante la inactividad o negativa de la administración a cumplir con sus obligaciones de pago.

La sentencia del recurso contencioso-administrativo puede condenar a la administración demandada a pagar las costas del proceso, en caso de que se estime totalmente la pretensión de cobro del contratista. Esta disposición busca desincentivar la inactividad o la negativa injustificada por parte de la administración a cumplir sus obligaciones de pago. La condena en costas busca compensar al contratista por los gastos generados en la defensa de sus derechos, lo cual complementa las medidas cautelares para resarcir los perjuicios causados por la falta de pago por parte de la administración. La resolución judicial final proporciona un mecanismo de justicia eficaz para los contratistas que enfrentan situaciones de morosidad por parte de las administraciones públicas.

El artículo 21.1 de la Ley 15/2010 establece la jurisdicción competente para resolver litigios relacionados con contratos administrativos. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo es el encargado de dirimir controversias sobre la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de estos contratos. Esta competencia se extiende a la preparación y adjudicación de contratos privados de las Administraciones Públicas y contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados (referidos en el artículo 17). También incluye contratos de servicios con un valor estimado igual o superior a 193.000 euros, concertados por entidades que, sin ser Administraciones Públicas, actúan como poderes adjudicadores. La claridad en la determinación de la jurisdicción competente garantiza un proceso legal eficiente y evita posibles conflictos jurisdiccionales. La designación del orden jurisdiccional contencioso-administrativo asegura la aplicación de la normativa administrativa específica en la resolución de disputas contractuales.

El artículo 17.2 de la Ley 34/2010 aborda la aplicación de normas a los contratos subvencionados. Si los contratos son celebrados por particulares o entidades del sector público sin la consideración de poderes adjudicadores, se aplican las normas para contratos subvencionados junto con otras disposiciones de la ley. Si la adjudicación la realiza una entidad del sector público que sí es poder adjudicador, se aplican las normas de contratación correspondientes a su naturaleza, excepto en lo relativo a la competencia para resolver el recurso especial en materia de contratación y medidas cautelares en la adjudicación (artículo 311). La diferencia en la aplicación de las normas según la naturaleza del adjudicatario asegura que se utilicen los procedimientos más apropiados para cada tipo de contrato. La ley busca asegurar la coherencia y la correcta aplicación de la normativa según la especificidad del contrato subvencionado, garantizando un marco jurídico adecuado tanto para el sector público como el privado.

El artículo 31 de la Ley 34/2010 define los supuestos de invalidez de los contratos de las Administraciones Públicas y los contratos sujetos a regulación armonizada, incluyendo los contratos subvencionados (artículo 17). Además de la invalidez por ilegalidad en el clausulado, los contratos son inválidos si lo son sus actos preparatorios o el de adjudicación, debido a causas de derecho administrativo o civil. En caso de invalidez, la parte culpable debe indemnizar a la contraria por los daños y perjuicios sufridos. La ley establece que la invalidez puede derivar tanto de problemas en la fase preparatoria del contrato como en el acto de adjudicación. Se busca garantizar la validez jurídica de los contratos y la protección de los derechos de las partes implicadas, estableciendo un mecanismo de responsabilidad en caso de irregularidades.

El artículo 35.1 de la Ley 34/2010 detalla los efectos de la declaración de nulidad de un contrato. Si la declaración de nulidad de los actos preparatorios o de la adjudicación es firme, el contrato también queda anulado y entra en fase de liquidación. Las partes deben restituirse recíprocamente las cosas recibidas o su valor equivalente. La parte culpable debe indemnizar a la contraria por los daños y perjuicios. Se establece una excepción a esta regla en casos específicos donde el contrato esté exento de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el criterio del órgano de contratación. La ley busca regular los efectos de la nulidad, garantizando la restitución de las partes a su situación anterior en la medida de lo posible y la compensación por los daños causados. Se intenta buscar el equilibrio entre la necesidad de corregir las irregularidades y la minimización de los perjuicios.

El órgano competente para declarar la nulidad puede, excepcionalmente, decidir no hacerlo y mantener los efectos del contrato si existen razones imperiosas de interés general. La cuestión de nulidad puede ser planteada por cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados. El órgano competente puede inadmitirla si el interesado ya ha interpuesto un recurso especial (artículos 310 y siguientes). La posibilidad de mantener los efectos del contrato pese a la existencia de causas de nulidad permite a la administración pública preservar intereses generales relevantes en situaciones excepcionales. Este mecanismo equilibra la necesidad de salvaguardar el interés público con la protección de los derechos de las partes involucradas en el contrato. Se permite la impugnación de la decisión del órgano competente, proporcionando mecanismos de control y garantía a todos los participantes en el proceso.

El órgano de contratación clasifica las proposiciones presentadas, en orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego o el anuncio. Se pueden solicitar informes técnicos adicionales. Si el único criterio es el precio, la oferta más ventajosa es la más baja. La adjudicación al licitador que presenta la oferta económicamente más ventajosa no procede si existen valores anormales o desproporcionados en la proposición. En este caso, se excluye la oferta de la clasificación y se adjudica a la siguiente proposición económicamente más ventajosa, según el orden de clasificación. La clasificación de ofertas es un proceso crucial que asegura la transparencia y la objetividad en el proceso de adjudicación, garantizando la selección de la mejor propuesta según los criterios previamente definidos. La posibilidad de solicitar informes técnicos permite una valoración más exhaustiva de las propuestas, maximizando la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos del contrato.

Los contratos se formalizan mediante un documento administrativo que debe ajustarse exactamente a las condiciones de la licitación, sirviendo como título suficiente para acceder a registros públicos. El contratista puede solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, asumiendo los gastos adicionales. La formalización debe completarse, en la mayoría de los casos, en un plazo máximo de quince días hábiles tras la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Si el contrato es susceptible de recurso especial (artículo 310.1), la formalización se retrasa quince días hábiles desde la notificación, plazo que las Comunidades Autónomas pueden extender hasta un mes. En caso de incumplimiento del plazo por parte del adjudicatario, la administración puede incautar la garantía provisional. Se regula la formalización del contrato, buscando asegurar el cumplimiento de las condiciones acordadas y la protección de los intereses de todas las partes involucradas en el procedimiento de contratación pública. Los plazos establecidos buscan agilizar el proceso, facilitando la ejecución del contrato.

En cumplimiento del principio de transparencia y para mejorar la eficacia y eficiencia administrativa, se fomenta el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de contratación pública. Se indica que este uso será preferente, especialmente en la Administración General del Estado y organismos públicos vinculados o dependientes. La disposición busca modernizar los procedimientos de contratación, facilitando la participación de los licitadores y mejorando la transparencia del proceso. El uso de la tecnología permite una mayor agilidad en la gestión de la información, reduciendo tiempos y costes administrativos. La preferencia por medios electrónicos en la contratación pública impulsa una administración más eficiente, transparente y accesible.

Los órganos de contratación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y los órganos competentes para resolver recursos especiales (artículo 310) deben notificar a la Comisión Nacional de la Competencia cualquier hecho que pueda constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia. Esto incluye cualquier indicio de acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre licitadores que puedan impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación. La notificación a la Comisión Nacional de la Competencia es fundamental para garantizar la libre competencia en el ámbito de la contratación pública. Esta disposición busca prevenir y sancionar las prácticas anticompetitivas que puedan distorsionar el mercado y perjudicar los intereses generales.