Economía Humana: RSO

Para implementar su idea de una Licenciatura en Dirección de Empresas en Uruguay, el Padre Gutiérrez Semprún requirió la ayuda de expertos. Su principal objetivo era adaptar el plan de estudios de una carrera similar impartida en la Universidad Comillas a la realidad uruguaya. Una segunda necesidad crucial era la construcción del cuerpo docente de esta nueva carrera. Esta búsqueda lo llevó a la Escuela de Dirigentes de Empresas (EDE) de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), la primera escuela de negocios en Uruguay, fundada en 1959. La elección de la EDE se basó no solo en su experiencia, sino también en la afinidad filosófica con el Padre Semprún, ya que ambas instituciones compartían una inspiración en el pensamiento social cristiano. La EDE, en ese momento, contaba con un excelente plantel docente, lo que resultó fundamental para el proyecto. Allí, el Padre Semprún encontró a Juan Carlos Crespo, quien se convertiría en el principal socio del proyecto y el primer director de la licenciatura.

Juan Carlos Crespo, poseedor de una extensa trayectoria como consultor y formador, desempeñó un rol destacado como director de la EDE. A pesar de no poseer un título universitario, su vasta cultura general y su profundo conocimiento de management en Uruguay lo convirtieron en una figura clave. Se le reconocía como la persona que, en esa época, más sabía sobre la materia en el país. Su incansable trabajo, incluso dedicando fines de semana a impartir cursos en el interior del país, demuestra su compromiso con la formación. Crespo combinaba un sólido dominio de los aspectos teóricos y metodológicos de la gestión empresarial con una excepcional capacidad didáctica, factores que fueron esenciales para el éxito de la nueva licenciatura. Su figura se volvió fundamental en la conformación de la carrera y su influencia en la profesionalización de la gestión en Uruguay fue significativa.

En 2020 se celebró el cuadragésimo aniversario de la creación de la Licenciatura en Dirección de Empresas (LDE) en la Universidad Católica de Uruguay. Este logro se considera un hito que marcó un punto de inflexión en la formación de profesionales especializados en gestión de organizaciones. Previamente, la oferta de formación en administración y gestión de empresas era escasa y se encontraba mayoritariamente fuera del ámbito universitario, debido al monopolio de la Universidad de la República en la educación superior de ese entonces. La LDE representó, por tanto, un salto cualitativo significativo que profesionalizó la gestión no solo en empresas privadas, sino también en organizaciones sociales y públicas. Los graduados de la LDE han ocupado puestos de liderazgo en los tres sectores, consolidando el impacto de esta iniciativa pionera en el desarrollo del país.

El documento presenta el duodécimo volumen de Cuadernos de RSO, una publicación especial dedicada a la Economía Humana, realizada en colaboración con la Red Internacional de Economía Humana (RIEH). Se destaca que el año 2020 marca un aniversario importante: los cuarenta años de la creación de la primera carrera universitaria de Dirección de Empresas en Uruguay, evento estrechamente relacionado con la filosofía de la Economía Humana. Este volumen incluye diez artículos, previamente evaluados y aceptados, que exploran diversos problemas y temas relacionados con la Economía Humana. La colaboración con la RIEH se refleja en la inclusión de un prólogo escrito por el Dr. Andrés Lalanne, coordinador de la RIEH para América Latina, lo que realza la importancia de esta colaboración internacional en la difusión de la Economía Humana.

La Red Internacional de Economía Humana (RIEH) es una red global que reúne a personas y organizaciones de diferentes sectores (asociaciones civiles, movimientos de educación popular, universidades, actores económicos, sindicatos) con el objetivo de promover la Economía Humana como una respuesta a los desafíos de la humanidad: desigualdad, injusticia, nacionalismos, violencia y la destrucción de la biodiversidad. La RIEH funciona a nivel mundial, nacional y local, combinando la acción con la reflexión. Sus bases se encuentran en la obra de Louis-Joseph Lebret, un fraile dominico que buscó integrar la dimensión humana en la economía, particularmente en el contexto de la posguerra europea. Fundada en 2011 por la institución francesa Développement et Civilisations - Lebret-Irfed (DCLI), la RIEH opera de forma descentralizada con coordinadores en los cuatro continentes donde tiene presencia. Su trabajo incluye debates públicos, foros, conferencias y publicaciones.

Los principios de la Economía Humana en Uruguay se remontan a la década de 1940, con la formación de los Equipos del Bien Común (EBC) por un grupo de jóvenes católicos inspirados en la obra de Joseph Lebret. A partir de 1947, Lebret realizó varias estancias en Montevideo, impartiendo conferencias que marcaron un cambio significativo. Juan Pablo Terra y Carlos Tosar, fundadores de los EBC, realizaron una estadía en la sede del movimiento Économie et Humanisme (E&H) liderado por Lebret. En 1957, en Montevideo, se fundó el Centro Latinoamericano de Economía Humana, que décadas después se convertiría en la Universidad CLAEH. Desde 1958, se publica la revista Cuadernos de Economía Humana (actualmente Cuadernos del CLAEH), la publicación en Ciencias Sociales más antigua de Uruguay. En 2019, DCLI firmó un acuerdo con la Universidad CLAEH para que esta institución administre e impulse la RIEH en América Latina, consolidando así una larga tradición de compromiso con la Economía Humana en el país.

El texto introduce las Empresas B, también conocidas como empresas híbridas o empresas con propósito, definidas por Haigh & Hoffman (2012). Estas empresas no solo buscan el lucro, sino que también persiguen objetivos no financieros que generan un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente. Este modelo las ubica entre las organizaciones de interés público (ONGs, instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro) y las de interés privado (empresas tradicionales). Se destaca que, a diferencia de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) filantrópica o el Valor Compartido, la RSE en las Empresas B forma parte integral de su modelo de negocios, no es un área separada. La comprensión de su funcionamiento a nivel global se basa en autores como Honeyman (2015) y su manual sobre Empresas B, así como en otros estudios que analizan su compromiso social y medioambiental, como el de Suntae, Matthew, Karlesky, Myers y Schifelign (2016).

Para comprender el contexto de las Empresas B y su impacto, el documento analiza la inserción laboral en América Latina, enfocándose en las dificultades que enfrentan jóvenes, mujeres e inmigrantes. Se cita a Abdala (2004) por su análisis exhaustivo sobre la situación laboral juvenil y la evaluación de programas de capacitación. La CEPAL (2017) muestra cómo, a pesar de la mejora en los indicadores laborales en la última década, la tasa de participación femenina se estanca en torno al 53%, con grandes brechas de género. Beccaria y Paz (2016) examinan la precariedad laboral de mujeres y jóvenes, mientras que un informe de la OIT (2013) señala el mayor desempleo y menores ingresos para las mujeres. Sabramo (2004) analiza la marginalización de las mujeres en el mercado laboral, y la CEPAL (2017) también destaca la difícil inserción de trabajadores inmigrantes en empleos de calidad. La inclusión laboral de estos grupos se presenta como un desafío clave en la región.

El documento resalta la importancia de una mayor inclusión laboral, especialmente de inmigrantes, no solo para el crecimiento económico de la sociedad de acogida (en este caso, Uruguay), sino también para el aumento de las remesas a sus países de origen. Las remesas se han convertido en un flujo económico vital para muchas naciones menos desarrolladas. Se cita el ICTSD (2001) para destacar la importancia de las remesas en las balanzas de pagos de los países en desarrollo. Además de su impacto en las finanzas, la llegada de trabajadores extranjeros a una sociedad con necesidad de mano de obra genera un impacto positivo en los flujos comerciales, como se evidenció en un estudio de investigadores neozelandeses en 2011. Se destaca, por lo tanto, el efecto multiplicador de políticas de inclusión laboral, beneficiando tanto a los trabajadores como a las economías de origen y destino.

El texto inicia definiendo la Responsabilidad Social (RS) o Responsabilidad Social de las Organizaciones (RSO) como un concepto dependiente del contexto ideológico y el momento histórico. Se distingue entre ideologías más democráticas y reguladoras, que ven la RS como una forma de limitar el poder de las organizaciones, y las ideologías más cercanas al libre mercado (neoliberales), que la enfocan en crear valor para los stakeholders (accionistas, empleados, clientes). La Teoría de los Stakeholders, según Porter y Kramer (2006, 2011), la considera una estrategia para generar ventajas competitivas y crear valor para el territorio. En este contexto, la Responsabilidad Social de las Administraciones Públicas Locales (RSAPL) se presenta como la responsabilidad de los municipios, equipos de gobierno, funcionarios y trabajadores municipales para estar más cerca de los ciudadanos, promoviendo una gestión pública más democrática.

El documento presenta la Comunidad Autónoma de Extremadura, España, como una región pionera en legislar para potenciar la Responsabilidad Social, incluyendo el ámbito municipal. La base de este proceso es el concepto amplio de sostenibilidad, presente en la Estrategia 2030 de Economía Verde y Circular. Extremadura busca aprovechar el potencial de emprendimiento e innovación para transformar los patrones económicos tradicionales hacia una economía más humana y sostenible, reduciendo desigualdades y mejorando el bienestar. Se menciona la gestión económica municipal como un pilar fundamental de este cambio hacia el bien común, basada en la Teoría de la Economía del Bien Común (Felber, 2012) y la Teoría de la Economía Social y Solidaria (Nelson, 2006; Laville y García, 2009). La RSAPL, como último eslabón de este proceso, se centra en la responsabilidad de los municipios con sus ciudadanos.

El texto describe diferentes aspectos de la RSAPL en Extremadura, incluyendo la Responsabilidad Social Interna (RSI), con estudios empíricos que demuestran la importancia del diseño responsable de los puestos de trabajo para la construcción de la RSAPL (Sánchez-Hernández, Stankevičiūtė, Robina-Ramirez y Díaz-Caro, 2020; Sánchez-Hernández y Stankevičiūtė, 2018). Se mencionan ejemplos concretos de acciones en RSAPL, tales como la compra local, pagos a proveedores, mejora de trámites administrativos, acciones ambientales (Agendas 21), y políticas de igualdad y conciliación. Se cita a Canyelles (2011), quien resume las acciones de la RSA en cláusulas sociales, códigos éticos y memorias de sostenibilidad. La inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones públicas genera ventajas para la administración, la ciudadanía y el territorio, mejorando la legitimidad y la calidad de vida. Sánchez-Hernández y Nevado-Gil (2015) aportan una visión sobre la percepción ciudadana de los ayuntamientos y su relación con la identificación, el atractivo de la institución y la participación ciudadana. Se mencionan también estudios cuantitativos con modelos de relaciones causales (Sánchez-Hernández, Maldonado-Briegas y Aguilar-Yuste, 2017; Sánchez-Hernández y Chirinos, 2019) y un trabajo en Medellín, Colombia (Sánchez-Hernández y Chirinos, 2019), además de un artículo pendiente de publicación en Extremadura (Sánchez-Hernández et al., 2020).

El texto presenta una perspectiva del desarrollo local desde la voz de las mujeres, familias y comunidades de Uruguay. Se contrapone la narrativa oficial de un crecimiento equitativo y la mejora en igualdad de oportunidades, con la realidad vivida en localidades específicas. Se cuestiona la idea de progreso basada en el libre comercio y la importación de productos, enfatizando que el desarrollo real surge de la producción local organizada. Esta perspectiva critica las narrativas externas, sean del gobierno, empresas o partidos políticos, y afirma que el progreso solo se logra con acciones locales, organizadas y adecuadas a las necesidades específicas de cada comunidad. Esta sección destaca la diferencia entre una visión externa y generalizada del desarrollo y la realidad experimentada a nivel local, enfatizando la importancia del empoderamiento comunitario.

La sección destaca el rol de la cultura en el desarrollo económico y social, citando a autores como Amartya Sen (2003) y Canclini (2005), quienes identifican su función clave en el crecimiento económico. Se argumenta que la cultura es un recurso valioso para atraer inversiones y generar empleo, pero advierte sobre el riesgo de priorizar solo las diferencias culturales mercantilizables, dejando de lado otras expresiones culturales. Se analiza la cultura como un elemento que une y diferencia, y se destaca la importancia del derecho cultural como garante de la libertad individual y la democracia. Sin cultura, se argumenta, no hay democracia; por lo tanto, se deben diseñar políticas culturales que respalden esta idea.

Se presenta información sobre los Fondos de Incentivo a proyectos culturales en Uruguay, con datos sobre el promedio de propuestas recibidas (alrededor de 180 por año) y aprobadas (aproximadamente 100 en Montevideo e interior) hasta 2018. Se resalta que la información sobre el apoyo del sector privado a estos proyectos es limitada, ya que el fondo no gestiona directamente las alianzas entre los gestores y las empresas privadas. Se nombra a algunas empresas que han apoyado consistentemente estos fondos en 2016: Pronto!, Redpagos, Gramón Bagó, BlueCross & BlueShield de Uruguay, Gráfica Mosca, Tres Cruces, Salus, Disco, Librerías del Litoral e Itaú. Esta sección subraya la necesidad de una mayor integración entre el sector público y privado en el apoyo a los proyectos culturales, ampliando la dicotomía clásico entre lo público y lo privado. Se enfatiza la importancia de la colaboración multinivel (nacional, departamental, municipal) para un desarrollo más integral.

El texto describe las políticas de desarrollo económico territorial en Uruguay, que incluyen apoyo a emprendedores, extensionismo, fomento a la innovación y servicios empresariales para pymes. Sin embargo, se critica la atomización de estas políticas, con múltiples organizaciones implementando programas sin una visión integradora. Se menciona la creación de Transforma Uruguay en 2016 como una iniciativa del gobierno central para coordinar la política de transformación productiva y evitar la fragmentación. Finalmente, el programa ERE se presenta como una solución colectiva a nivel regional que busca abordar los desafíos del desarrollo económico en Uruguay desde una perspectiva meso y micro, buscando la interacción y la reducción de las desigualdades.

El programa ERE (cuyo nombre completo no se especifica en el documento) se presenta como una herramienta de política pública en Uruguay, diseñada para impulsar el desarrollo emprendedor a nivel regional. La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) creó un indicador de priorización a nivel nacional, por departamentos, para identificar el estado de desarrollo de los ecosistemas emprendedores, clasificándolos en estadios alto, medio y bajo. Este indicador considera variables como educación, nivel de empresarialidad, pobreza, desarrollo institucional, cantidad de IPEs (cuya definición completa no se proporciona) y eficiencia en convocatorias al programa Semilla ANDE. En su primer año, el programa ERE se enfocó en tres regiones representativas de cada estadio emprendedor: Treinta y Tres y Cerro Largo (estadio bajo), San José y Colonia (estadio medio), y Soriano, Río Negro y Paysandú (estadio alto). La decisión de trabajar por regiones se justifica por cuestiones de escala, tanto de organizaciones como de emprendedores.

El documento presenta un análisis de los resultados del programa ERE en las tres regiones definidas. En la región Este, a pesar de su bajo estadio emprendedor inicial, se observa una alta valoración de la interdependencia e integración (69%), sugiriendo diálogos horizontales efectivos a pesar de la baja diversidad de actores (47%). En la región Litoral, con una valoración general más baja, se identifica la necesidad de trabajo conjunto, pero con dificultades prácticas, posiblemente debido a su composición de tres departamentos, lo cual genera complejidades logísticas y de liderazgo. La información disponible no permite un análisis completo de la región Suroeste, pero se menciona la necesidad de trabajar en la dispersión del poder para superar barreras jerárquicas. El análisis revela la complejidad de generar procesos de articulación, destacando la importancia de la dinámica del proceso y la necesidad de acciones diferenciadas según las características de cada ecosistema emprendedor.

El estudio concluye que la complejidad de la articulación en el desarrollo emprendedor radica en la dinámica del proceso y la necesidad de compromiso y convencimiento. El programa ERE demuestra legitimidad como herramienta de política pública, según la percepción de los participantes. Se destaca que la mayoría de las respuestas (22 de 27) resaltan la importancia de los procesos de relacionamiento horizontal para resolver problemas territoriales. Sin embargo, se observa que en varias regiones no se han logrado establecer procesos de articulación eficientes. Las recomendaciones sugieren acciones diferenciadas: en regiones con dispersión de actores, como la región Este, se necesitan acciones para aglutinar organizaciones. En ecosistemas con pisos mínimos de trabajo en materia de actores, como el Suroeste, se debe trabajar la dispersión del poder. Para la región Litoral, se plantean dos alternativas: trabajar con dos departamentos o aumentar recursos, considerando que la complejidad de tres departamentos y su relativo desarrollo podrían dificultar la cooperación inicial.

El artículo analiza la gestión integral de residuos en Uruguay utilizando el concepto de cluster, basándose en el marco teórico desarrollado por Michael Porter. El objetivo es determinar si la actividad de gestión de residuos en Uruguay presenta características de cluster, es decir, si existe una masa crítica de empresas y organizaciones con relaciones económicas interconectadas. La metodología implica caracterizar la actividad desde diferentes perspectivas y evaluar si se cumplen las condiciones para el surgimiento de un cluster a corto o mediano plazo. La conclusión preliminar del análisis sugiere la existencia de una masa crítica de empresas y organizaciones, con relaciones económicas interconectadas, lo que indicaría la presencia de aspectos característicos de la lógica de clusters, según la literatura y la experiencia empírica. Se propone que, al reconocer las ventajas de este modelo de funcionamiento, se puede potenciar la gestión de residuos en Uruguay, mejorando su competitividad.

El documento explica cómo los clusters contribuyen al desarrollo económico a través de dos factores principales. El primero se refiere a las externalidades derivadas de la aglomeración de empresas e instituciones de apoyo, que generan derrames de conocimiento. Estos derrames se producen tanto por la concentración geográfica de empresas de un mismo sector (economías de especialización) como por la concentración de empresas de diversos sectores (economías de diversidad). Estos derrames de conocimiento favorecen la innovación y la productividad, aumentando la competitividad. El segundo factor se relaciona con la acción conjunta y la reducción de los costos de transacción, gracias a redes, asociaciones o relaciones de confianza a largo plazo. Esto facilita las transacciones económicas y reduce riesgos, convirtiendo a los clusters en áreas privilegiadas para desarrollar ventajas competitivas empresariales y activos intangibles a nivel social. En resumen, el desarrollo de clusters mejora la competitividad, la productividad, la eficiencia, estimula la inversión y facilita nuevos negocios.

El desarrollo de un cluster se basa en la interacción de dos tipos de fuerzas, según Sölvell (2009): las evolutivas y las constructivas. Las fuerzas evolutivas se dividen en determinantes y voluntarias. Las determinantes derivan de las características inherentes al cluster, como la historia, la cultura regional, la geografía, las instituciones, regulaciones y el ambiente macroeconómico. Las voluntarias provienen de acciones individuales no coordinadas de empresas y organizaciones dentro del cluster, como nuevas estrategias o modelos de negocios. Las fuerzas constructivas, por su parte, se dividen en políticas de cluster (que mejoran el ambiente de negocios) y esfuerzos coordinados dentro del cluster (entre privados, organizaciones y la academia) para mejorar aspectos como recursos humanos, expansión o formación de empresas. La comprensión de estas fuerzas es clave para la promoción y el desarrollo de clusters exitosos.

El texto inicia señalando que Uruguay ha expandido sus regulaciones en materia de derechos humanos desde principios del siglo XXI, implementando políticas para mitigar las desigualdades sociales y atender a los grupos más vulnerables. Se menciona que temas como la desigualdad de género, los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos han sido importantes en la agenda gubernamental. A pesar de los avances en la solución de injusticias sociales, particularmente las de género, se reconoce que aún no se ha logrado eliminar la brecha de género en términos económicos, políticos y sociales. La llegada de la pandemia de COVID-19 representó una crisis significativa para el país, similar a la que afectó al resto del mundo, con consecuencias como el aumento del desempleo, la pobreza y la exclusión social, generando un retroceso en los avances logrados.

La pandemia de COVID-19 y las medidas implementadas (cuarentena, confinamiento y distanciamiento social) tuvieron consecuencias negativas en la justicia social y los derechos humanos en Uruguay. Si bien estas medidas fueron necesarias para controlar la propagación del virus, generaron un aumento en el desempleo, la pobreza y la exclusión social, afectando de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables. El texto no profundiza en estadísticas específicas, pero subraya el impacto negativo en áreas relacionadas con la justicia social y la exacerbación de las desigualdades preexistentes. Se establece una conexión entre la pandemia y un posible retroceso en los progresos alcanzados en materia de derechos humanos y justicia social.

El documento destaca la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado de la salud como un factor clave para mitigar la vulnerabilidad frente al virus. Se argumenta que la salud individual impacta directa o indirectamente en la salud colectiva, y viceversa. Se resalta la importancia de la equidad en el acceso al cuidado y la atención médica, para evitar que el sistema de salud colapse. Se menciona la necesidad de tomar decisiones difíciles en situaciones de escasez de recursos, priorizando a aquellos con mayor probabilidad de sobrevivir, considerando factores como enfermedades preexistentes, edad y estado de avance de la enfermedad. Esta sección se centra en la compleja relación entre responsabilidad individual, salud pública y toma de decisiones en situaciones de crisis sanitaria.

El documento analiza la Ley N° 19.353 de 2015, que establece el Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay, declarando el cuidado como un derecho de interés general. Esta ley implica un cambio significativo, donde el Estado asume la responsabilidad de definir y garantizar este derecho, priorizando la voluntad estatal sobre la individual, como se establece en el primer artículo. El estudio realizado corrobora la eficacia de la ley como herramienta de transformación social, siempre que se implementen los instrumentos necesarios. En el caso analizado, esto significa una reforma integral de la seguridad social basada en un modelo de protección correcto, los principios de solidaridad y equidad, y la consideración de derechos sociales más allá de los derechos civiles clásicos. El texto resalta la importancia de esta ley como un paso hacia una sociedad que reconoce el cuidado como un derecho fundamental.

El debate en la Cámara de Representantes sobre la Ley del Sistema Nacional de Cuidados fue crucial para definir el rol de la ley en temas sociales. El Diputado Prando defendía una función de la ley que consolidara tendencias sociales ya existentes, rechazando la intervención estatal en cambios sin base social previa. La réplica del Diputado Frugoni, por otro lado, abogó por un análisis de la realidad social para comprender las necesidades y fundamentó la función de la ley en la confianza en la norma estatal. Este debate destaca la tensión entre la consolidación de tendencias sociales preexistentes y la capacidad del Estado para impulsar cambios a través de la legislación. El documento subraya la importancia de este debate previo como antecedente fundamental para la comprensión del problema en cuestión.

La ley del Sistema Nacional de Cuidados se basa en el principio de una política universal, garantizando derechos humanos básicos incluso con acciones focalizadas en grupos vulnerables. Se incluyen compromisos a mediano y largo plazo para la inclusión gradual de todos los estratos de la población. Este enfoque se alinea con la propuesta de la CEPAL sobre la “universalización progresiva del cuidado”, considerando al cuidado como un pilar de la matriz de protección social. Se integra la idea de articular enfoques universales con acciones afirmativas y políticas selectivas para priorizar colectivos con mayores necesidades, con el objetivo de lograr una cobertura gradual para toda la población. El modelo de protección universal se presenta como una extensión de la responsabilidad estatal de cubrir necesidades básicas de los ciudadanos, como ocurre con la salud y la educación, financiado mediante impuestos generales, con la posibilidad de participación adicional del beneficiario según su nivel de renta.

Tradicionalmente, en Uruguay, el cuidado de personas dependientes era responsabilidad familiar, principalmente de las mujeres, o se realizaba a través de un mercado escasamente regulado. La respuesta estatal ha sido fragmentada y limitada, resultando en un sistema privado, familiarizado y feminizado. La falta de reconocimiento del cuidado como derecho ha generado consecuencias negativas para quienes requieren apoyo y quienes brindan cuidados, tanto remunerados como no remunerados. La ley busca transformar este sistema hacia un modelo de protección universal no integrado al Sistema de Seguridad Social inicialmente (aunque se plantea la posibilidad de integración en el futuro), basado en el principio de ciudadanía social y financiado mediante impuestos generales, con un posible aporte adicional del beneficiario según su renta. Se enfatiza la necesidad de un país integrado que genere oportunidades equitativas y la importancia de cerrar la brecha de desigualdad de género a través de acciones concretas, incluyendo la promoción de la licencia por paternidad.