MiFIR: Reglamento Delegado (UE)

Este apartado del reglamento delegado se centra en la definición precisa de "mercado líquido" para acciones, recibos de depósito, fondos cotizados y certificados, según lo establecido en el artículo 2, apartado 1, punto 17, letra b) del Reglamento (UE) n.º 600/2014 (MiFIR). Se busca especificar los criterios para determinar la existencia de dicho mercado, considerando factores específicos para cada instrumento financiero. Se definen parámetros como el capital flotante, el número medio diario de operaciones y el efectivo medio diario negociado, estableciendo umbrales y periodicidades para los cálculos. El objetivo es lograr una aplicación coherente y uniforme de estos criterios en toda la Unión Europea, garantizando la transparencia pre y post negociación. Se enfatiza la necesidad de normas que especifiquen el modo de calcular la liquidez durante la fase inicial tras la admisión a negociación de un instrumento financiero, para asegurar una implementación consistente en toda la Unión.

La sección detalla el cálculo del capital flotante, teniendo en cuenta las participaciones accionarias que superen el 5% de los derechos de voto totales del emisor, a menos que estén en manos de organismos de inversión colectiva o fondos de pensiones. Se explica el método para calcular el número medio diario de operaciones y el efectivo medio diario negociado, con indicaciones para su aplicación en distintos periodos. Se establecen diferentes plazos para la evaluación de la liquidez: para instrumentos negociados por primera vez, se utilizan datos de las primeras cuatro semanas de negociación; para los ya negociados, se consideran datos del último día de negociación del año natural y del año en su totalidad; y un periodo de un año a partir del 1 de abril siguiente a la fecha de publicación se utiliza en otra instancia. La información debe ser coherente y facilitar la evaluación de la liquidez por las autoridades competentes, los organismos rectores del mercado y las empresas de servicios de inversión.

Se contempla el escenario en el que menos de cinco acciones, recibos de depósito, fondos cotizados o certificados negociados en un Estado miembro y admitidos por primera vez, no cumplen los criterios para un mercado líquido. En este caso, la autoridad competente de dicho Estado miembro puede designar un número limitado de estos instrumentos (no más de cinco en total) como poseedores de un mercado líquido, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Esto permite flexibilidad regulatoria para instrumentos financieros recién ingresados al mercado que, debido a su reciente lanzamiento, pueden no cumplir aún con los indicadores de liquidez establecidos para los instrumentos más consolidados. El objetivo es permitir la inclusión de estos nuevos instrumentos en el mercado de manera gradual y proporcional.

El reglamento establece periodos iniciales específicos para considerar un mercado líquido para recibos de depósito, fondos cotizados y certificados, inmediatamente después de su admisión a negociación. Para estos tres instrumentos, se considera que existe un mercado líquido durante las seis semanas siguientes al primer día de negociación, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Estas condiciones incluyen un capital flotante estimado al inicio del primer día de negociación igual o superior a €100.000.000 y el cumplimiento de las condiciones establecidas en relación al número medio diario de operaciones y el efectivo medio diario negociado durante este periodo de seis semanas. Esta disposición busca proporcionar un marco temporal de evaluación inicial para los instrumentos recientemente listados, permitiendo una transición gradual a los criterios de evaluación de liquidez a más largo plazo.

Este apartado detalla la obligación de los centros de negociación e internalizadores sistemáticos de proporcionar datos de mercado en condiciones comerciales razonables, como parte del marco de transparencia del Reglamento (UE) nº 600/2014 (MiFIR). Se especifica que las tarifas deben basarse en los costes, incluyendo un margen razonable, y que el suministro debe ser no discriminatorio. Se exige la provisión de datos disociados y desagregados, así como transparencia pública sobre tarifas y métodos de contabilización de costes. La misma regulación se aplica a los Agentes de Publicación Autorizados (APA) y Proveedores de Información Consolidada (PIC), según lo previsto en el acto delegado de MiFID II. El objetivo principal es establecer un marco claro y equitativo para el acceso a la información de mercado, fomentando la competencia y la transparencia.

Se enfatiza la necesidad de un suministro de datos no discriminatorio, aplicando las mismas condiciones de precio y otras a todos los clientes de la misma categoría según criterios objetivos y publicados. Los datos de mercado deben ofrecerse de forma disociada de otros servicios, para que los usuarios puedan acceder a ellos sin necesidad de contratar servicios adicionales. Se aborda la problemática de evitar cobros duplicados por los mismos datos al comprar conjuntos de datos de diferentes fuentes. Se establece que los datos deben ofrecerse por usuario, a menos que el coste de esta forma de suministro sea desproporcionado en relación con el volumen de datos. La meta es asegurar que los usuarios tengan un acceso justo y eficiente a la información de mercado, sin barreras artificiales o costes excesivos.

Para garantizar una aplicación uniforme en toda la Unión Europea, el reglamento especifica las condiciones que deben cumplir los organismos rectores del mercado y las empresas de servicios de inversión que gestionan centros de negociación, así como los internalizadores sistemáticos. Estas condiciones buscan una aplicación efectiva y uniforme de la obligación de ofrecer datos de mercado en condiciones comerciales razonables, considerando la diversidad de modelos operativos y estructuras de costes. Se busca una claridad suficiente para permitir una implementación eficaz, teniendo en cuenta las diferentes realidades de los organismos rectores y las empresas de servicios de inversión. La provisión de capacidades modulares por parte de los organismos rectores del mercado y las empresas de servicios de inversión garantizará el acceso puntual de los clientes a los datos de mercado en condiciones no discriminatorias.

Esta sección del reglamento se centra en la obligación de los internalizadores sistemáticos de publicar sus cotizaciones de forma regular y continua durante el horario normal de negociación, garantizando su fácil acceso para otros participantes del mercado. El reglamento especifica las condiciones que deben cumplir los internalizadores sistemáticos para satisfacer esta obligación, asegurando que la información sea fácilmente accesible y que los participantes interesados puedan acceder a ella de manera efectiva. Se establece una excepción a esta obligación, limitada estrictamente a situaciones donde la provisión continua de precios firmes pueda perjudicar la gestión prudente de riesgos de la empresa de servicios de inversión que actúa como internalizador sistemático, considerando mecanismos adicionales de salvaguardia contra estos riesgos. La publicación debe ser coherente y uniforme en toda la Unión Europea.

Si los internalizadores sistemáticos utilizan más de un medio para publicar cotizaciones, deben hacerlo simultáneamente en todos ellos para asegurar la coherencia de la información y el acceso simultáneo de los participantes al mercado. Es crucial que, si la publicación se realiza a través de mecanismos de un mercado regulado, un Sistema Multilateral de Negociación (SMN) o un proveedor de servicios de suministro de datos, el internalizador sistemático revele su identidad en la cotización para que los participantes del mercado puedan dirigir sus órdenes de forma efectiva. Este requisito busca aumentar la transparencia y la eficiencia del proceso de negociación, permitiendo una mayor visibilidad y accountability de los internalizadores sistemáticos.

El reglamento aborda la excepción a la obligación de los internalizadores sistemáticos de ejecutar órdenes a los precios de cotización al momento de recibirlas, según el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 600/2014. Esta excepción se limita a operaciones que, por su naturaleza, no contribuyan a la formación de precios. El reglamento especifica exhaustivamente las condiciones para determinar qué operaciones entran dentro de esta excepción, distinguiendo entre operaciones donde la ejecución se refiere a varios valores como parte de una única operación y órdenes sujetas a condiciones diferentes a los precios actuales de mercado. Se busca evitar la manipulación del mercado y garantizar la transparencia del proceso de ejecución de órdenes.

Las empresas de servicios de inversión que actúan como internalizadores sistemáticos deben determinar, de forma objetiva y coherente con su política de gestión de riesgos, cuándo el número o volumen de órdenes solicitadas por los clientes les exponen a un riesgo indebido. Deben establecer, mantener y aplicar una política para determinar este umbral, considerando su capital para cubrir el riesgo de este tipo de negociación y las condiciones del mercado. Esta disposición busca equilibrar la obligación de los internalizadores sistemáticos de proporcionar liquidez con la necesidad de gestionar eficazmente sus propios riesgos. La implementación de esta política busca proteger a los internalizadores de riesgos excesivos derivados de la ejecución de un gran volumen de órdenes.

Este apartado detalla los elementos clave de la compresión de carteras de derivados, según el Reglamento (UE) nº 600/2014 (MiFIR). Se describe la obligación de considerar los criterios del participante en cuanto a la tolerancia al riesgo, la necesidad de permitir la aplicación del marco de riesgo pertinente, y los requisitos de publicación aplicables a las empresas que prestan este servicio. Se incluye la obligación de establecer vínculos entre las operaciones presentadas para la compresión. También se especifica la documentación necesaria para la compresión de carteras y el método para determinar si el valor nocional conjunto después de la compresión es menor que antes de la misma. La transparencia es un factor crucial, con especificaciones sobre los requisitos de publicación relacionados con la compresión de carteras.

Se especifica la información que debe hacerse pública para garantizar la transparencia de la compresión de carteras llevada a cabo por las contrapartes. Las empresas de servicios de inversión y los organismos rectores del mercado deben publicar esta información lo más cerca posible del tiempo real y, como máximo, al final del día hábil siguiente a aquel en que la propuesta de compresión se vuelve jurídicamente vinculante según el contrato. La información a publicar incluye detalles sobre el proceso de compresión, permitiendo una evaluación precisa por parte de los reguladores y del mercado. Se busca maximizar la eficiencia de la compresión ajustándola a la tolerancia al riesgo establecida por los participantes y ofrecer la información de manera oportuna y completa.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) evaluará la pertinencia de todos los factores y criterios relacionados con la compresión de carteras para determinar cuándo la comercialización, distribución o venta de ciertos instrumentos financieros generan una preocupación significativa respecto a la protección del inversor o una amenaza para la integridad y el funcionamiento ordenado de los mercados financieros o de materias primas. Esta evaluación busca identificar potenciales riesgos sistémicos y garantizar la protección de los inversores. Se enfatiza que la AEVM considerará todos los factores y criterios pertinentes para determinar cuándo la comercialización, distribución o venta de determinados instrumentos financieros generan una preocupación significativa en relación a la protección del inversor o una amenaza para la integridad del mercado.

Este apartado del reglamento define los poderes de intervención de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), la Autoridad Bancaria Europea (ABE), y las autoridades competentes. Se centra en las circunstancias excepcionales en las que estas entidades pueden intervenir, específicamente cuando exista una preocupación significativa en torno a la protección del inversor o una amenaza al funcionamiento ordenado e integridad de los mercados financieros o de materias primas, o a la estabilidad del sistema financiero. Se especifica que la intervención se justifica ante una preocupación o amenaza significativa, bien sea para la protección del inversor, la integridad del mercado o la estabilidad del sistema financiero, al menos en un Estado miembro o en la Unión. La existencia de tal preocupación o amenaza se determinará basándose en una lista de criterios y factores predefinidos.

Se detalla una lista de criterios y factores que las autoridades competentes, la AEVM y la ABE deben considerar para determinar si existe una preocupación o amenaza significativa que justifique su intervención. Estos factores buscan identificar situaciones que puedan comprometer la estabilidad y la confianza en los mercados financieros. Entre ellos se incluyen problemas financieros, monetarios o presupuestarios graves que puedan provocar inestabilidad; decisiones de calificación crediticia o impagos que causen incertidumbre sobre la solvencia; importantes presiones de venta o volatilidad inusual que causen espirales a la baja significativas; perturbaciones en el sistema de pagos o proceso de liquidación; y situaciones que puedan provocar una disparidad artificial entre los precios de un derivado y los del mercado subyacente o un alto riesgo de perturbación de entidades financieras consideradas importantes para el sistema financiero. Es importante destacar que la evaluación de todos los criterios no es obligatoria para justificar una intervención temporal.

En el contexto del Artículo 40, apartado 2, letra a) del Reglamento nº 600/2014, la AEVM evaluará la pertinencia de los factores y criterios recogidos para determinar cuándo la comercialización, distribución o venta de instrumentos financieros específicos, o un tipo de actividad o práctica financiera, genera una preocupación significativa respecto a la protección del inversor o una amenaza para la integridad y el funcionamiento ordenado de los mercados financieros o de materias primas. La AEVM tomará en consideración todos los factores pertinentes en esta evaluación. Se busca asegurar una evaluación exhaustiva y objetiva para justificar la intervención regulatoria. De igual manera, las autoridades competentes evaluarán estos factores y criterios para determinar la necesidad de intervenir en casos que afecten al menos a un Estado miembro. La decisión de intervenir puede basarse en uno o varios de estos factores y criterios.