Análisis de la implementación del proceso acusatorio y adversarial en Colombia

El documento inicia con un análisis crítico de la implementación del proceso acusatorio y adversarial en Colombia, señalando el rechazo inicial del sector académico al proyecto. Los académicos, uno de ellos un redactor del proyecto, argumentaron que el código era inviable en la realidad nacional, basándose en experiencias personales y limitaciones en la cultura judicial colombiana. Además, se preocuparon por las exigencias económicas que supondría la implementación del nuevo sistema. A pesar de la poca consideración que recibió la crítica académica durante la aprobación del código, el documento argumenta que esta oposición fue un augurio de la resistencia que se enfrentaría en la práctica. La producción jurisprudencial de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que contradecía el modelo de enjuiciamiento establecido, se presenta como una expresión de esta resistencia contracultural.

Un punto central del debate giraba en torno a la prueba técnica y la autonomía del Instituto de Medicina Legal. La discusión se centró en el hecho de que el Instituto estaba adscrito a la Fiscalía General de la Nación, lo que generaba preocupaciones sobre la objetividad de las pruebas producidas. Algunos miembros del Congreso reconocieron el sesgo potencial de la prueba técnica, lo que sugiere una consciencia de las diferencias en el tratamiento de la prueba en un sistema acusatorio y adversarial. Sin embargo, se mencionó la dificultad para independizar el Instituto en ese momento debido a su adscripción constitucional. Este debate, aunque no agota la temática probatoria en general, refleja la atención que se prestó al tema de la prueba técnica, aunque no se profundizó en otros aspectos cruciales.

El documento resalta las preocupaciones de algunos miembros del Congreso sobre el potencial para la manipulación de la evidencia, especialmente por parte de la policía judicial, y se habla de “montajes probatorios”. Estas preocupaciones se basan en experiencias previas con prácticas de la “justicia regional”, donde se utilizaron métodos de reserva de identidad para violar derechos humanos y garantías fundamentales. Sin embargo, el documento cuestiona si el temor a la manipulación de la prueba se basa en un conocimiento profundo del sistema acusatorio y adversarial, y destaca la necesidad de que los abogados, tanto de la fiscalía como de la defensa, adquieran las habilidades necesarias para manejar la prueba en un sistema adversarial. Además, se critica la postura de algunos, como el Senador Héctor Helí Rojas Jiménez, que se enfocan en las capacidades de la policía judicial, mientras descuidan la formación necesaria para la defensa.

El documento concluye que el Congreso, a pesar de reconocer algunas exigencias del nuevo código de procedimiento penal, no logró profundizar en el tema de la prueba. Las deliberaciones se centraron en la prueba médico legal, desatendiendo otros aspectos relevantes, como la prueba testimonial. Las preocupaciones sobre la adscripción del Instituto de Medicina Legal reflejan una visión parcial del manejo de la prueba, que no considera la importancia de las habilidades investigativas y de manejo de la prueba por parte de los abogados de ambas partes. La falta de formación especializada en justicia penal en el Congreso, la ausencia de estudios técnicos y la falta de una postura institucional coherente contribuyen a una visión incompleta y poco efectiva en la implementación del proceso acusatorio y adversarial. La ausencia de un desarrollo normativo profundo ha dejado el tratamiento de la prueba al arbitrio de las prácticas judiciales, lo que puede generar inconsistencias y falta de cohesión en la aplicación del sistema.