Due Process: Democracia y Derecho Penal

El texto inicia rastreando la evolución histórica de las garantías procesales, señalando hitos como el Habeas Corpus (1215), el principio de legalidad de los delitos y las penas y el debido proceso (1668 en la Carta de Derechos Británica), su posterior desarrollo en la Constitución de Filadelfia (1776) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). Estos hitos se presentan como un proceso gradual de limitación del poder estatal arbitrario, creando un marco para la defensa del procesado frente al poder subjetivo del Estado. Se resalta que la creación de estos derechos, impulsada por las revoluciones liberales, transformó el escenario judicial, limitando la acción del Estado en la investigación y juzgamiento. El derecho se convirtió en un instrumento de defensa para los ciudadanos, no solo en un medio de control social basado en el miedo, sino en la aceptación de las normas.

Se argumenta que el derecho penal, para ser legítimo, necesita ir más allá de ser un instrumento eficaz de control social basado en el miedo. Roxin es citado para explicar cómo la Ilustración, a través del contrato social, busca legitimar al derecho penal. Este contrato social establece que el daño causado a los intereses sociales justifica la pena y la sanción. Solo mediante este contrato se pueden eliminar del sistema jurídico actos que representen una posición moral, pero no una verdadera lesión. Habermas es citado para enfatizar la importancia del contexto democrático para una comunicación plena y el respeto de los derechos fundamentales como base del contrato social. La igualdad de oportunidades para hacer valer los derechos, facilitada por el debido proceso, es fundamental para la comunicación racional argumentativa y la legitimidad de las normas.

Desde una perspectiva procedimental, el documento destaca que el derecho penal proporciona espacios para la participación democrática tanto a la persona como al Estado en el proceso penal. Cada sujeto procesal tiene derechos y garantías para demostrar su grado de responsabilidad. Se hace referencia a las obras de Jürgen (2001) y García Amado (1998) sobre el concepto de democracia como proceso, donde la sociedad es el actor fundamental, debiendo respetar las normas que ella misma crea para mantener su legitimidad. García Amado (1998) clasifica los derechos fundamentales, incluyendo aquellos que resultan de la reclamación de derechos y la protección jurídica individual, como medidas legitimadoras de la actividad legislativa. Para Habermas, el problema de la comunicación radica en la comprensión mutua del lenguaje, es decir, en el 'sentido' compartido entre emisor y receptor.

El principio de legalidad, manifestado en un proceso garantizado con espacios para la acusación y la defensa, se vincula directamente con la democracia a través de la actividad legislativa. Solo el legislador, proveniente de la soberanía popular, puede establecer los delitos y las penas, así como el procedimiento. El debido proceso se centra en el respeto a la dignidad humana, garantizando el derecho de defensa y la presunción de inocencia. El Estado debe acusar al procesado, presentando pruebas, pero también debe respetar su derecho al silencio y permitirle ejercer su defensa. La presunción de inocencia se ve afectada si las garantías se vulneran, por ejemplo en investigaciones o pruebas irregulares (como en la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, radicado 29416, de 2008). Igualmente, las medidas de aseguramiento deben justificarse mínimamente, demostrando la participación del acusado en el delito.

El documento define el principio de publicidad en el proceso penal y lo clasifica en diferentes tipos según Navarro Marchante (2011). Se distingue entre publicidad para las partes (interna, relativa o procesal), donde las actuaciones deben ser conocidas por los participantes, y publicidad general (externa, absoluta o extraprocesal), accesible a toda la sociedad. Dentro de la publicidad general, se diferencia entre publicidad inmediata (asistencia a vistas orales públicas) y mediata (conocimiento indirecto a través de medios de comunicación). Se destaca la función de la publicidad como herramienta para el control social, influyendo en el comportamiento de los sujetos procesales y promoviendo una actuación acorde a la ley, impulsada por la presión de la opinión pública y los medios.

Se analiza la perspectiva histórica del principio de publicidad, citando a Bentham, Beccaria, Rousseau y Voltaire, quienes lo consideraban esencial para controlar el poder judicial y formar una opinión pública vigilante. La publicidad, en este sentido, se configura como un principio de transparencia y control del ejercicio penal del Estado. El principio de publicidad se presenta como inherente a las sociedades democráticas y sistemas procesales acusatorios o con tendencia acusatoria, en contraste con los sistemas inquisitivos. La publicidad facilita la reconstrucción pública de los hechos y la explicación de la actuación estatal, reforzando la legitimidad del proceso. El jurado de conciencia, como fruto de las tradiciones democráticas, es un ejemplo de la participación social en el proceso penal gracias a la publicidad.

Se comparan los distintos sistemas procesales en relación con el principio de publicidad. En el sistema inquisitivo, el proceso es privado, priorizando el secreto y la búsqueda de la verdad en el expediente, haciendo la publicidad inoportuna. En contraste, los sistemas acusatorios o con tendencia acusatoria, priorizan la publicidad, sobre todo en la etapa de juzgamiento, con la formulación de la acusación como punto de partida para la plena importancia de la publicidad. Se menciona la obra de Armenta Deu (2012) para un estudio más profundo de los sistemas procesales. En sistemas mixtos, que combinan aspectos inquisitivos y acusatorios, la publicidad se limita a la etapa de juzgamiento, manteniendo la importancia de la 'permanencia de la prueba' en el expediente. El principio de publicidad se presenta como una garantía secundaria que facilita otras garantías primarias, como la formulación de la acusación, la carga de la prueba y el contradictorio (según Ferrajoli).

El documento describe el principio de publicidad dentro del sistema procesal penal colombiano, mencionando su regulación en la Constitución Nacional (artículos 29, 228, 250) y la Ley 906 de 2004 (artículos 18 y 149-152). Se enfatiza que el sistema colombiano presenta una tendencia acusatoria, donde el juez debe preservar el equilibrio entre derechos y garantías procesales, actuando como garante de la verdad y la justicia. La importancia de la publicidad para el acusado radica en la corroboración social de las garantías sustanciales y en la vigilancia de la actuación del Estado y las instituciones. Se destaca el papel del Ministerio Público en la vigilancia de la correcta aplicación de las garantías judiciales. Finalmente, se menciona la relación entre la práctica del derecho por las instituciones y el principio de Estado social.

El texto advierte sobre los peligros de una mala utilización del principio de publicidad, enfocándose en los daños que pueden sufrir los implicados. Roxin (1999) destaca que la publicidad inadecuada puede causar perjuicios directos al inculpado, afectando su salud, vida privada o negocios, incluso si finalmente es absuelto. Los medios de comunicación, al falsear o manipular la información, pueden generar campañas de prensa que influyen desproporcionadamente en la opinión pública y en la decisión judicial, llevando a condenas injustas o absoluciones indebidas. Esta manipulación puede incluso afectar la pena impuesta, ya sea aumentándola o disminuyéndola de forma arbitraria, generando una gran injusticia en el proceso.

Se introduce el concepto de 'juicio paralelo', donde los medios de comunicación realizan un juicio social previo al juicio formal, recreando subjetivamente las posiciones del caso. Esto, según Roxin y Bacigalupo, genera consecuencias negativas como la anticipación del juicio de responsabilidad, contradicciones entre el fallo judicial y la opinión pública, y la vulneración de la presunción de inocencia del procesado. La discrepancia entre el fallo judicial y la narrativa mediática puede deslegitimar la administración de justicia ante la sociedad. Para el procesado, se produce una violación de su presunción de inocencia, ya que la opinión pública tendrá un juicio previo, favorable o desfavorable, antes de la decisión judicial, perjudicando la imparcialidad del proceso.

El documento explora la desinformación generada cuando los medios tergiversan las finalidades del proceso penal, ofreciendo opiniones alejadas de los objetivos de cada audiencia. Por ejemplo, se puede confundir una medida de aseguramiento con una pena anticipada, generando una percepción errónea en la opinión pública. Los medios pueden emplear un lenguaje jurídico incorrecto o realizar interpretaciones subjetivas de las pruebas, creando confusión y afectando la objetividad del juicio. Hernández Orozco y Santoyo Castro (2011) destacan la problemática del uso de imágenes gráficas de los implicados, argumentando que la instrumentalización de la imagen vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La publicación de fotos, videos o gráficos de la vida privada sin justificación puede generar estigmatización y distorsionar la percepción pública.

Se presentan ejemplos de la mala utilización de la publicidad por los medios, como la divulgación de confesiones antes del juicio oral (Rideau vs. Louisiana), generando un juicio paralelo que invalida el proceso. Se analiza la vulneración de la presunción de inocencia y la creación de un juicio anticipado, que afecta negativamente la imagen del procesado ante la sociedad. Se menciona el caso de Hasbún, donde la prensa y una sentencia del Consejo de Estado exponen la violación de derechos fundamentales por irregularidades en la investigación, lo cual muestra el impacto negativo de la información mal manejada. En contraste, se considera la diferencia en el tratamiento de personas públicas, donde el derecho a la información puede prevalecer sobre el derecho a la intimidad, aunque sin llegar a la injuria o la descontextualización de la información. La Ley 2000-516 de Francia se menciona como ejemplo de medidas legales para proteger a los implicados contra los abusos mediáticos.

El texto define la independencia judicial como la capacidad del juez de actuar libremente, sin presiones externas que lo obliguen a tomar decisiones según intereses ajenos al foro judicial. Esta independencia se basa en la estabilidad del cargo, la designación en propiedad, y la separación de poderes, evitando cualquier influencia política. La imparcialidad, consecuencia natural de la independencia, exige objetividad, neutralidad y prudencia en el ejercicio de la función judicial, es decir, 'administrar justicia'. Se hace referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Apitz Barbera y otros vs. […], para ilustrar la importancia de estos principios. El autor señala que la imparcialidad, aunque ideal, no es completamente alcanzable debido a la inevitable subjetividad del juez, pero la independencia y el debido proceso buscan minimizar esta subjetividad.

Se examina la influencia de la publicidad en la selección de jurados. Si los miembros del jurado están expuestos a información sesgada o a juicios de opinión previos al juicio, se genera un grave prejuicio que podría llevar a una condena injusta. Para evitar esto, se citan medidas tomadas por tribunales en casos donde la publicidad fue intensa: cambio de lugar del juicio, retraso del juicio, y selección exhaustiva de los jurados para descartar aquellos con ideas preconcebidas sobre la culpabilidad o inocencia (Israel et al., 2012). En Estados Unidos, la jurisprudencia, como Nebraska Press Association vs. Stuart (1976), resalta la tensión entre las garantías del procesado y la libertad de prensa.

Se analiza el impacto de la retransmisión electrónica de juicios, mencionando el experimento en Florida para aumentar la confianza pública en el sistema. Se hace referencia a la jurisprudencia estadounidense, donde Estes vs. Texas (1962) inicialmente consideraba perjudicial la presencia de cámaras de televisión en los juicios, mientras que Chandler vs. Florida (1981) estableció que se debía demostrar el prejuicio específico causado por la transmisión. Otro caso destacado es Rideau vs. Louisiana (1963), que muestra cómo la publicación de la confesión del acusado por televisión antes del juicio, generó un prejuicio que invalidó el proceso. En este sentido, se debe demostrar un prejuicio concreto generado por el medio de comunicación para poder considerar la nulidad del juicio.

Se examina la regulación del principio de publicidad en el derecho colombiano, específicamente en la Constitución Nacional y la Ley 906 de 2004. Se indica cómo esta legislación busca proteger la imparcialidad judicial y la presunción de inocencia del inculpado, así como los derechos de las víctimas, testigos y peritos. Se puntualiza el papel del juez en la protección de la integridad del juicio, evitando prejuicios. Si bien no se trata de imponer sanciones penales, el juez puede tomar medidas disciplinarias contra aquellos que desborden el marco legal. El artículo 176, literal a, de la Ley 906 se menciona en relación con la inadmisibilidad de pruebas presentadas previamente por medios de comunicación que puedan perjudicar la imparcialidad del juez, especialmente cuando la prueba sea determinante para la culpabilidad del procesado.

La conclusión inicial destaca que el modelo de Estado social de derecho limita el poder punitivo del Estado y garantiza derechos fundamentales y garantías al ciudadano para su defensa en un juicio de responsabilidad penal. La legitimidad del sistema se basa en la argumentación racional y el humanismo, creando un sistema punitivo dignificante. El proceso penal, con sus procedimientos democráticos, garantiza la igualdad de oportunidades entre los participantes para oponerse al ejercicio de las pretensiones. El debido proceso y la publicidad son pilares de este sistema, ofreciendo seguridad y respeto a los ciudadanos.

Se resumen los peligros de la mala utilización del principio de publicidad, incluyendo la realización de juicios paralelos en los medios de comunicación antes del juicio oral, la tergiversación del lenguaje jurídico, la presunción de culpabilidad antes del juicio de responsabilidad, el cuestionamiento inapropiado de las decisiones judiciales, la confusión terminológica y la estigmatización de los implicados mediante juicios anticipados. Estos actos generan desinformación y una presión indebida sobre el operador judicial, afectando gravemente el derecho al debido proceso y la imparcialidad.

Se enfatiza que los medios de comunicación no pueden interferir arbitrariamente en el proceso penal. Se destaca la responsabilidad que tienen los medios al ejercer su derecho a la libertad de expresión, incluyendo la obligación de rectificar información incorrecta y la posible responsabilidad penal por injuria y calumnia si se violenta el principio de inocencia, el honor y el buen nombre de las personas involucradas. El ejercicio de la libertad de expresión debe tener límites para no afectar la igualdad y el equilibrio en la presentación de argumentos en el proceso judicial.

Se concluye con el rol del juez en la protección de la imparcialidad, especialmente en relación con la información difundida por los medios. Si los medios presentan pruebas o entrevistas no confrontadas en juicio oral, el juez debe declarar su inadmisibilidad según el artículo 176, literal a, de la ley (por peligro de causar grave perjuicio indebido). Esto es crucial cuando la prueba afecta la culpabilidad del procesado y se difunde antes del juicio, influyendo en la objetividad judicial. Se hace referencia a ejemplos en Francia ('Llamado de testigos' e 'Invitación a juzgar') que ilustran la problemática de la participación ciudadana no regulada en la investigación y la decisión judicial.