Plan PECMAR: Protección Marina

El objetivo principal del Plan de Emergencia por Contaminación Marina Accidental (PECMAR) es la protección máxima de las personas, el medio ambiente y los bienes que puedan verse afectados por un evento de contaminación marina. Este objetivo primordial guía todas las acciones y estrategias del plan, estableciendo una prioridad clara en la mitigación de los daños y la seguridad de la población. La redacción del PECMAR en 2006 por la Viceconsejería de Medio Ambiente, y su aprobación como plan eminentemente ambiental, reflejan la importancia temprana que se le otorgó a la protección del ecosistema marino en el contexto de posibles emergencias. Su posterior aprobación y alineación con el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina refuerza su papel fundamental en la protección del medio ambiente marítimo.

El PECMAR define objetivos específicos para lograr su objetivo principal. Estos incluyen la planificación y coordinación de la actuación de los diferentes agentes involucrados en una emergencia de contaminación marina. Se busca facilitar y agilizar la movilización de los recursos disponibles, haciendo un uso eficiente y racional de los mismos. Otra prioridad es potenciar los medios de lucha contra la contaminación marina, asegurando la disponibilidad de recursos y tecnologías para una respuesta efectiva. Finalmente, se establece un marco de colaboración para la lucha contra la contaminación costera y marina, respetando los convenios y acuerdos internacionales suscritos. Este enfoque colaborativo es crucial para una respuesta eficiente y coordinada ante eventos que pueden requerir la participación de múltiples entidades gubernamentales y privadas.

El PECMAR forma parte integral del Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina, aprobado por el Real Decreto 1695/2012. Este sistema comprende dos subsistemas principales: el subsistema marítimo y el subsistema costero. El subsistema marítimo incluye el Plan Marítimo Nacional (MIFOM) y el Plan Interior Marítimo (con la colaboración de empresas y Capitanías Marítimas). El subsistema costero, por su parte, consta del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación (MIMAR) y los Planes Autonómicos de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación (CA). Esta estructura jerárquica y coordinada permite una respuesta eficiente a las emergencias, integrando los recursos y esfuerzos de diferentes niveles administrativos y actores implicados. La información favorable del plan en el CAPC en diciembre de 2013 y la Orden Ministerial de 08/05/2014, que aprueba el MIMAR, demuestran el respaldo institucional y el compromiso con la gestión eficaz de la contaminación marina.

El PECMAR establece dos fases principales para la respuesta ante una emergencia por contaminación marina: la fase de alerta y la fase de emergencia. La fase de alerta se activa ante indicios de un posible incidente que pueda derivar en contaminación marina, permitiendo la movilización preventiva de recursos y la coordinación de las acciones. La fase de emergencia, en cambio, se activa una vez que se ha producido un incidente con potencial para causar una contaminación significativa. La transición entre fases dependerá de la evolución del evento y de su impacto potencial. El documento menciona la existencia de subfases dentro de la fase de emergencia, como la prealerta y la alerta máxima, indicando un sistema de escalamiento de la respuesta en función de la gravedad creciente de la situación. La activación del PECMAR en el caso del incendio del buque Oleg Naydenov comenzó en nivel 1 de emergencia, y posteriormente se elevó a nivel 2, demostrando la flexibilidad del sistema para adaptarse a la evolución del incidente.

La operatividad del PECMAR se basa en tres niveles de emergencia (1, 2 y 3), que determinan la intensidad de la respuesta y la movilización de recursos. La gravedad del siniestro y las condiciones meteorológicas son factores clave para definir el nivel de emergencia. Para la gestión eficiente de la emergencia, el PECMAR define una estructura organizativa que incluye un Director, un Gabinete de Información, un Comité Asesor, el CECOES 1-1-2, un Director Técnico (Coordinador de operaciones), y varios grupos de trabajo especializados: logístico, sanitario, seguridad, intervención, apoyo técnico y rehabilitación. Esta estructura jerárquica y funcional permite una respuesta coordinada y eficiente, asegurando la asignación de tareas y la optimización de los recursos. En el caso del incidente del Oleg Naydenov, la movilización de aproximadamente 200 personas, 5 helicópteros, vehículos, camiones, tractores, excavadoras y material anticontaminación (skimmers y barreras oceánicas) ilustra la capacidad operativa del plan para gestionar emergencias de gran magnitud.

La respuesta del PECMAR se adapta a diferentes escenarios, considerando la localización de la contaminación. En el caso del incidente del Oleg Naydenov, se identificaron cuatro escenarios principales: actuaciones en mar (a través del Plan Nacional y SASEMAR, incluyendo dispersión mecánica y recogida desde embarcaciones), actuaciones en playas de arena (con personal municipal), actuaciones en playas de callaos (con personal municipal, voluntarios y TRAGSA, con apoyo de MAGRAMA), y actuaciones en acantilados. Esta diferenciación en las estrategias de respuesta permite optimizar los recursos y las técnicas de limpieza según las características específicas de cada zona afectada, maximizando la eficacia de las operaciones. La implicación de voluntarios, junto a personal municipal y empresas como TRAGSA, demuestra la capacidad del PECMAR para integrar recursos humanos diversos y lograr una respuesta rápida y eficaz.

El PECMAR no opera de forma aislada, sino que se integra con otros planes y entidades para asegurar una respuesta coordinada y eficaz ante una emergencia por contaminación marina. Los Ayuntamientos juegan un rol fundamental a través de sus Planes de Actuación Municipales para Contaminación Marina (PAM), asegurando una respuesta local y coordinada con las acciones a nivel regional y nacional. Esta integración interadministrativa es clave para una respuesta eficiente, distribuyendo responsabilidades y recursos de manera estratégica. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno (estatal, autonómico y local) es esencial para la gestión exitosa de una emergencia de contaminación marina, asegurando la disponibilidad de recursos y la coordinación de esfuerzos. La integración de los PAM dentro del PECMAR permite una respuesta más rápida y efectiva, al tener planes de actuación predefinidos a nivel local, que se activan en coordinación con las acciones del plan regional.

El PECMAR cubre todo el archipiélago canario, dividiéndose su área de actuación en seis zonas geográficas para una mejor gestión de recursos y una evaluación más precisa del riesgo. Estas zonas son: Zona 1 (Norte), Zona 2 (Noreste), Zona 3 (Este, incluyendo Lanzarote y Fuerteventura), Zona 4 (Sur de Gran Canaria), Zona 5 (Suroeste, incluyendo Tenerife, La Gomera y El Hierro), y Zona 6 (Oeste, incluyendo La Palma). Esta zonificación se basa en criterios administrativos y espaciales, coincidiendo los límites de cada zona con los límites municipales. La división territorial permite una respuesta más eficiente a los eventos de contaminación, adaptando la estrategia de actuación a las características específicas de cada área geográfica. La evaluación del riesgo se realiza considerando las particularidades de cada zona, incluyendo la vulnerabilidad y la distribución de los focos contaminantes. Este enfoque permite focalizar los recursos y esfuerzos en las áreas que requieren mayor atención.

Para analizar el riesgo de contaminación marina, el PECMAR utiliza una zonificación del litoral canario, dividiendo la costa en áreas de evaluación con criterios administrativos y espaciales que coinciden con los límites municipales. Esta zonificación permite realizar un análisis de riesgo más preciso, considerando la vulnerabilidad de cada área y su exposición a potenciales focos contaminantes. La identificación de estos focos, tanto terrestres como marinos, es fundamental para evaluar el alcance y la gravedad de un posible accidente. Los focos terrestres incluyen instalaciones industriales, emisarios submarinos, puertos y campos de boyas. Los focos marinos incluyen tanto focos fijos (como plataformas petrolíferas) como focos móviles (como buques de transporte de mercancías peligrosas). El análisis de las trayectorias de posibles derrames y los puntos de impacto final en la costa permiten determinar las zonas más vulnerables a sufrir las consecuencias de un vertido incontrolado. La zonificación facilita la planificación de las estrategias de respuesta y la asignación eficiente de los recursos.

El análisis de riesgo del PECMAR comienza con la identificación y categorización de los potenciales focos contaminantes. Estos se dividen en focos terrestres y marinos. Los focos terrestres incluyen instalaciones industriales, emisarios submarinos, puertos y campos de boyas. Los focos marinos comprenden focos fijos, como plataformas petrolíferas y áreas de prospección petrolífera, y focos móviles, representados principalmente por el transporte de mercancías peligrosas en mar abierto. Esta clasificación permite una evaluación más precisa de la probabilidad y del impacto potencial de un accidente en cada área. Para estimar el alcance espacial de posibles accidentes, se realiza un análisis de dispersión de manchas en función del origen de la contaminación, considerando las trayectorias y los puntos de impacto final en la costa. Se proporcionan ejemplos de posibles escenarios de vertido, mostrando las consecuencias para las diferentes zonas costeras de Canarias, como la afectación de la costa norte de Tenerife o el norte de Gran Canaria y Lanzarote en un escenario de vertido en la Zona 2.

La evaluación de la peligrosidad se basa en tres pilares: antecedentes históricos de accidentes marítimos y terrestres en Canarias y otras regiones; el estudio de la evolución de estas catástrofes, analizando patrones y factores que contribuyen a su ocurrencia; y el conocimiento de la evolución de determinadas sustancias en el medio acuático, considerando su toxicidad y su comportamiento en el agua. Esta evaluación permite establecer una probabilidad de ocurrencia de accidentes y la gravedad de sus potenciales consecuencias. La información obtenida a través de estos análisis sirve para definir escenarios accidentales que simulan posibles situaciones de emergencia y sus posibles impactos, que permite la planificación de estrategias de respuesta y la asignación de recursos.

Para evaluar la vulnerabilidad, se consideran diversos criterios que identifican los elementos y áreas que podrían ser más afectados por un evento de contaminación marina. Estos criterios incluyen aspectos demográficos (densidad de población), industriales (suministro de energía y agua desalinizada), pesqueros (pesquerías e instalaciones de acuicultura) y turísticos. La clasificación de los elementos vulnerables se realiza en función de la sensibilidad de cada sector a la contaminación marina. Se identifican las áreas con mayor concentración de población, actividades económicas sensibles o ecosistemas de valor. Esta información, en conjunto con la evaluación de la peligrosidad, permite realizar un análisis de riesgo completo, que identifica las zonas más vulnerables y con mayor riesgo de sufrir las consecuencias de un vertido incontrolado de hidrocarburos. La integración de los criterios permite un análisis más integral y una planificación más precisa para la mitigación de riesgos.

El análisis de riesgo final integra los análisis de peligrosidad y vulnerabilidad. Este proceso permite una evaluación completa del riesgo, combinando la probabilidad de que ocurra un accidente con las consecuencias que este tendría en las áreas vulnerables. Se pueden utilizar diferentes criterios para combinar estos análisis, como el criterio de máximos o un criterio matricial. El resultado se presenta mediante mapas de riesgo total, que muestran las zonas con mayor vulnerabilidad, peligrosidad y, por lo tanto, mayor riesgo de sufrir las consecuencias de un vertido incontrolado de hidrocarburos. Estos mapas permiten una toma de decisiones más informada y una asignación eficiente de recursos para la prevención y la respuesta a emergencias. Esta información es esencial para la planificación de estrategias de mitigación y la priorización de las áreas que requieren mayor atención.

El incendio del buque ruso Oleg Naydenov, ocurrido el 11 de abril de 2015 en el Puerto de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, desencadenó una emergencia de contaminación marina. La Capitanía Marítima de Las Palmas, para garantizar la seguridad de las personas e instalaciones portuarias y evitar una mayor contaminación, decidió alejar el buque del puerto. El derrame de hidrocarburos resultante se extendió a lo largo de aproximadamente 40 kilómetros, lo que motivó la respuesta del Ministerio de Fomento elevando el Plan Marítimo Nacional de situación 0 a 1, y posteriormente a 2, debido a la insuficiencia inicial de medios para afrontar la situación. Se solicitó el apoyo de dos embarcaciones adicionales desde la península para reforzar las tareas de limpieza y contención del derrame.

El 16 de abril de 2015 se activó el Plan de Contingencia por Contaminación Marina Accidental (PECMAR) en fase de emergencia, nivel 1, debido a la contaminación leve en mar abierto. Esta activación estaba contemplada dentro del Plan Nacional Marítimo para situaciones 1 o 2. El Gobierno de Canarias activó su propio plan de contaminación marina para integrarse en la coordinación del Plan Nacional, mejorando la colaboración entre administraciones estatal y autonómica. El Plan Nacional Marítimo facilitó la integración de los responsables de Protección Civil del Gobierno de Canarias en el órgano de coordinación del Estado junto a la Delegación del Gobierno y Capitanía Marítima, demostrando la efectiva coordinación interinstitucional.

El primer Comité Director del PECMAR, celebrado el 17 de abril de 2015, puso en común los medios y recursos de las administraciones canarias afectadas: Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, y los Ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, Mogán y San Nicolás de Tolentino. Se movilizaron aproximadamente 200 personas, 5 helicópteros, vehículos para playas, camiones, tractores, excavadoras, skimmers, barreras oceánicas y material de limpieza. El 23 de abril de 2015, ante la localización de manchas en la costa sur de Gran Canaria, se elevó el nivel de emergencia a 2, al considerarse que el derrame podría afectar la línea de costa en una zona con áreas de vulnerabilidad media. Se definieron cuatro escenarios de actuación: mar (SASEMAR), playas de arena (personal municipal), playas de callaos (personal municipal, voluntarios y TRAGSA, con apoyo de MAGRAMA) y acantilados (PECMAR).

Tras las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento sobre el barco hundido, la disminución del nivel de emergencia del Plan Nacional, y la ausencia prolongada de manchas en las costas del archipiélago, se decidió desactivar el PECMAR el 1 de agosto de 2015. Esta decisión se tomó tras una evaluación de la situación que consideró que la emergencia había sido controlada eficazmente, y que no existía un riesgo inminente de contaminación marina. La desactivación marca el fin de la respuesta de emergencia coordinada del PECMAR, pasando a una fase de seguimiento y monitoreo.

A pesar de una descoordinación inicial en las primeras etapas de la gestión de la emergencia (mencionando implícitamente planes como PIM y SEVESO), la coordinación mejoró a medida que avanzaba la respuesta. Esto sugiere que los protocolos de colaboración entre diferentes entidades funcionan mejor con la práctica y la experiencia. La buena coordinación entre los distintos organismos y la experiencia adquirida en la gestión de la emergencia son claves para una respuesta eficaz. El caso del incendio del Oleg Naydenov pone de manifiesto la importancia de la formación y de la comunicación entre los distintos actores involucrados en la gestión de emergencias de contaminación marina.

El Comité de Coordinación de ambos planes (PECMAR y Plan Nacional Marítimo) se mostró como una figura indispensable para la toma de decisiones, compartiendo información y optimizando la distribución de los medios de respuesta. Su rol en la agilización de la toma de decisiones y en la asignación eficiente de los recursos fue crucial para el éxito de la operación. Esta estructura colaborativa destaca la importancia de la comunicación y la coordinación interinstitucional en la respuesta a emergencias ambientales. La experiencia adquirida destaca la necesidad de contar con mecanismos de coordinación claros y eficientes para asegurar una respuesta óptima.

Algunos de los municipios afectados por el vertido no se implicaron significativamente en las actuaciones costeras, ni destinaron los medios que habían propuesto inicialmente en el Comité de Dirección. Esto revela una falta de compromiso por parte de algunas administraciones locales. La falta de compromiso por parte de ciertas entidades locales muestra la necesidad de un mayor compromiso y un plan de comunicación más eficaz para que todos los actores implicados puedan actuar de manera coordinada y efectiva. La falta de recursos o la deficiente planificación local podrían ser factores que contribuyeron a esta problemática, destacando la importancia de la correcta preparación y anticipación a nivel municipal.

El voluntariado conveniado con las administraciones funcionó de forma eficiente y coordinada, llevando a cabo una labor eficaz como parte del operativo de respuesta a la emergencia. Su participación evidencia el valor de la colaboración ciudadana en la gestión de este tipo de situaciones. La eficiente integración del voluntariado en las labores de limpieza y contención del derrame muestra cómo la colaboración ciudadana puede ser un activo importante en la gestión de emergencias ambientales. La adecuada formación y coordinación de los voluntarios es fundamental para asegurar su eficacia y seguridad.