Derechos Humanos y Discapacidad: Colombia y España

El documento inicia definiendo la discapacidad, recalcando su evolución conceptual. Ya no se centra exclusivamente en el aspecto biomédico, es decir, en la condición física o de salud que afecta al individuo. En cambio, se enfatiza en las consecuencias sociales y políticas que la discapacidad genera en la interacción del individuo con el entorno. Se destaca la importancia de políticas públicas que promuevan la inclusión, la dignidad y una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad, garantizando su participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones. Se critica la visión puramente biomédica y se aboga por un enfoque que contemple los aspectos sociales y políticos, fundamentales para comprender la experiencia de la discapacidad en su totalidad. Esta nueva perspectiva implica una lucha por la inclusión, el respeto por la dignidad, y la equiparación de oportunidades, reconociendo que la discapacidad no define a la persona ni su capacidad, sino que es una condición que debe ser abordada con políticas de inclusión y no de exclusión.

Para comprender la discapacidad en el ámbito internacional, se recurre a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), que la considera un término general que engloba deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación. Esta definición, a diferencia de enfoques anteriores, integra aspectos médicos y sociales. El punto de vista médico se centra en las deficiencias físicas o funcionales, mientras que la perspectiva social aborda las limitaciones en la actividad y las restricciones de participación que surgen de la interacción de las deficiencias con el entorno. La OMS fusiona ambos enfoques, mostrando la complejidad de la discapacidad como un fenómeno con consecuencias tanto médicas como sociales. El documento contrasta con esta definición la Ley Estatutaria 1618 de 2013 de Colombia, que busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad sin mencionar un tipo de discapacidad específica. A diferencia de la Ley 1306 de 2009 que se enfoca en la discapacidad mental, la Ley 1618 de 2013 tiene como objetivo principal eliminar la discriminación y asegurar el goce efectivo de los derechos para todas las personas con discapacidad, sea física, psíquica o mental.

El texto examina varios instrumentos internacionales que sustentan la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Se cita la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1948), que establece la igualdad en dignidad ante la ley y los derechos y libertades para todos, independientemente de su condición. También se menciona la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (ONU, 1971), que garantiza a las personas con discapacidad intelectual los mismos derechos que a los demás, con énfasis en la atención médica, seguridad económica y salvaguarda jurídica. Se incorpora el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966), que reconoce el derecho al trabajo en condiciones equitativas, seguridad social y el disfrute del más alto nivel de salud posible. Finalmente, se analiza la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015), que prohíbe la discriminación por discapacidad y exige políticas específicas para abordar la vulnerabilidad de las personas mayores con discapacidad. Estos tratados internacionales, al formar parte del bloque de constitucionalidad, son claves para entender el compromiso internacional con la inclusión y la no discriminación de personas con discapacidad.

El análisis del marco jurídico inicia con una revisión de instrumentos internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad. Se destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que establece la igualdad en dignidad y derechos para todos, sin discriminación. La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental de 1971 enfatiza la necesidad de garantizar derechos como la atención médica y la seguridad económica a las personas con discapacidad intelectual. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 incluye el derecho al trabajo en condiciones justas, a la seguridad social y al disfrute del más alto nivel de salud. Finalmente, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de 2015 prohíbe la discriminación por discapacidad, exigiendo a los estados el desarrollo de políticas específicas para la protección de este grupo vulnerable. Estos instrumentos internacionales, al ser parte del bloque de constitucionalidad colombiano, establecen un estándar mínimo de protección que el Estado colombiano debe cumplir, proporcionando una base para la legislación nacional en materia de discapacidad.

El estudio profundiza en el marco jurídico colombiano para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, comenzando con la Constitución Política de 1991. Su preámbulo afirma la intención de asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia y la igualdad para todos los ciudadanos, incluyendo a aquellos con discapacidad. Se analiza el Decreto 2358 de 1981, que crea el Sistema Nacional de Rehabilitación, aunque se reconoce su limitada efectividad según Hernández (2004). Se examinan leyes posteriores, como la Ley 361 de 1997, que promueve la integración social, y la Ley 1306 de 2009, enfocada en la protección de las personas con discapacidad mental, que según Lafont (2012), abarcan una de las cuatro categorías de personas con discapacidad. Otras leyes relevantes incluyen la Ley 115 de 1994 (educación), la Ley 982 de 2005 (equiparación de oportunidades para sordos y sordociegos), y el Decreto 1538 de 2005 (accesibilidad). Se enfatiza el papel de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que busca la plena garantía de derechos sin discriminación. El análisis incluye también sentencias de la Corte Constitucional, como la C-458/15 y la C-606/12, que abordan la constitucionalidad de ciertos términos legales y la necesidad de una protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.

El documento destaca el papel crucial de la Corte Constitucional colombiana en la interpretación y aplicación de las leyes sobre discapacidad. Se analizan sentencias como la C-458/15, que examina el posible uso discriminatorio de ciertos términos en la legislación, y la Sentencia C-606/12, donde la Corte se pronuncia sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad como sujetos de especial protección por parte del Estado y la sociedad. La Corte enfatiza que las instituciones y los individuos deben facilitar el goce de derechos sin importar la gravedad de la discapacidad. La Corte analiza la incorporación de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, resaltando que la aprobación del tratado implica un importante esfuerzo de actualización de normas internacionales. Se menciona cómo la Corte ha declarado la inexequibilidad de algunos artículos legales por ser contrarios al principio de igualdad ante la ley, lo cual refleja la constante tensión entre las normas existentes y la necesidad de un marco legal que realmente garantice la no discriminación y la plena inclusión de las personas con discapacidad.

El estudio selecciona a España como país de comparación debido a su marco normativo avanzado en la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, superior al de Colombia, y a su sistema de seguridad social más desarrollado. Esta comparación se justifica por la evolución histórica del concepto y el reconocimiento de la discapacidad en España, con normas que regulan la materia desde finales del siglo XIX. La proximidad lingüística entre ambos países facilita la comprensión de los sistemas jurídicos y sociales, aunque se reconoce la diferencia en el Índice de Desarrollo Humano. El objetivo es contrastar el desarrollo legal y social de la inclusión de personas con discapacidad en ambos países, identificando posibles áreas de mejora en la legislación y políticas públicas colombianas.

Si bien el documento no profundiza en detalles específicos de la legislación española, menciona que su marco normativo es uno de los más avanzados en cuanto a la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Se indica que este desarrollo se remonta a finales del siglo XIX, sugiriendo una larga trayectoria de evolución legislativa y adaptación a las necesidades de este colectivo. Se destaca la existencia de un sistema de seguridad social superior al de Colombia, proporcionando un mejor apoyo y protección social a las personas con discapacidad. La facilidad en la comparación, dada la proximidad lingüística, permite un análisis más profundo de las similitudes y diferencias entre los sistemas jurídicos y sociales de ambos países, con el objetivo de identificar mejores prácticas y oportunidades para mejorar la situación de las personas con discapacidad en Colombia. La investigación utiliza a España como un modelo de referencia para evaluar y proponer mejoras en el marco jurídico y las políticas sociales colombianas.

El estudio contrasta la visión de la discapacidad en España con la situación en Colombia. En España, las personas con discapacidad son consideradas sujetos de derechos y no de caridad o compasión. Las políticas públicas en España integran las necesidades de las personas con discapacidad, reconociendo su contribución al desarrollo del país y su derecho a una vida plena, con protección especial sin que ello implique una menor valoración de la persona. En contraste, el documento sugiere que en Colombia, todavía existe una brecha significativa en la plena garantía de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. Se identifica una situación de invisibilidad y exclusión estructural en los espacios y oportunidades sociales en Colombia (Correa, 2013), y se enfatiza la necesidad de implementar medidas de sensibilización y concienciación similares a las de España, para lograr un cambio de visión que priorice la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad en Colombia.

La conclusión del documento destaca la necesidad de avanzar en la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad en Colombia. A pesar de los avances legislativos, se reconoce que persiste una lamentable realidad: la población con discapacidad en Colombia y América Latina se encuentra en una situación de invisibilidad y exclusión estructural, con falta de acceso a espacios y oportunidades sociales (Correa, 2013). El estudio evidencia la discrepancia entre la legislación existente y la realidad social, donde la discriminación y la falta de inclusión siguen siendo problemas significativos. La falta de datos exactos y fiables sobre el número de personas con discapacidad en Colombia (Rodríguez, 2007) subraya la necesidad de mejorar la recolección de datos y el seguimiento de las políticas públicas en este ámbito. Se resalta la importancia de una mayor inversión en programas de inclusión social e integración laboral para garantizar una mejor calidad de vida y el disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

El documento concluye enfatizando la necesidad de adoptar medidas de sensibilización y concienciación en Colombia para promover un cambio de visión respecto a la discapacidad. Se propone seguir el ejemplo de España, donde las personas con discapacidad son consideradas sujetos de derechos y no de caridad, contribuyendo activamente al desarrollo del país. Se recomienda implementar programas de educación y formación en escuelas, universidades y empresas para lograr un cambio cultural que promueva la inclusión y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad. Se sugiere la creación de espacios que promuevan la Ley Estatutaria 1618 de 2013, fomentando la concienciación, la enseñanza y la sensibilización sobre la discapacidad y la responsabilidad social en este tema. El objetivo final es que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos plenamente, sin necesidad de recurrir a vías legales para ello, lo cual implicaría un respeto genuino basado en la empatía y en la no discriminación.