Eficacia del Sistema Interamericano de DDHH

Esta sección establece la base conceptual de la reparación integral, definiéndola como un derecho con tres pilares fundamentales: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Se enfatiza que la reparación integral debe abarcar la totalidad de los daños y perjuicios sufridos por la víctima. Se detallan los componentes esenciales de esta reparación: restitución, que implica la devolución de bienes o derechos; rehabilitación, que se centra en la recuperación física y psicológica de la víctima; e indemnización, que se refiere a la compensación monetaria por los daños causados. Además, se incluyen la satisfacción, como reconocimiento del daño sufrido y una disculpa pública, y las garantías de no repetición, para prevenir futuros abusos. Se aborda la reparación tanto en su dimensión individual como colectiva, reconociendo que las violaciones a los derechos humanos pueden afectar a personas y comunidades enteras. La responsabilidad del Estado en proporcionar una reparación suficiente, efectiva, rápida y proporcional, es un elemento central, incluyendo la sanción a los autores materiales e intelectuales de las violaciones. Finalmente, la sección introduce la necesidad de mecanismos efectivos para ejecutar la reparación, asegurando que las víctimas accedan a los recursos y medidas necesarias para su recuperación.

Esta parte profundiza en las obligaciones del Estado en el proceso de reparación integral. Se destaca que el Estado debe garantizar una reparación suficiente, efectiva, rápida y proporcional, lo cual implica no solo la compensación económica a las víctimas, sino también acciones para esclarecer la verdad sobre los hechos, asegurar el acceso a la justicia y prevenir la repetición de las violaciones. Una parte crucial se centra en la responsabilidad del Estado de castigar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes por los que ha sido condenado. El documento subraya la necesidad de implementar mecanismos eficientes para la ejecución de la reparación, sin especificar en detalle cuáles son esos mecanismos. Se recalca que la naturaleza de estos mecanismos es crucial para asegurar que la reparación sea efectiva y que llegue a las víctimas. La efectividad de estos mecanismos de reparación y la rapidez de su implementación son puntos clave para la justicia y la reparación de los daños sufridos por las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Se incluyen ejemplos de medidas de restitución aplicadas por la Corte Penal Internacional, incluyendo casos como Maqueda v. Argentina, Loayza Tamayo v. Perú, Castillo Petruzzi y otros v. Perú, Cantoral Benavidez v. Perú, Hilaire, Constantine y Benjamín y otros v. Trinidad y Tobago, y Baena Ricardo y otros c. Panamá. Estas acciones ilustran la variedad de medidas que pueden incluirse en una reparación integral. Estas acciones incluyen la liberación de personas detenidas arbitrariamente, la anulación de procesos judiciales irregulares, la reincorporación a empleos públicos o el acceso a trabajos alternativos con las mismas condiciones, y la restitución de derechos legales o estatus social. La sección también menciona datos sobre la efectividad de las sentencias, señalando cifras como el 6% de cumplimiento en 2008 según un informe anual de la Corte, que González Salzberg (2010) cuestiona, argumentando que la cifra podría ser mayor incluyendo casos de Chile, Paraguay y Ecuador. Esta discrepancia resalta la complejidad de medir la eficacia de las reparaciones y la necesidad de metodologías más precisas para evaluar el impacto real de las medidas implementadas. La necesidad de una metodología más precisa para evaluar el cumplimiento de las órdenes es evidente, dado el bajo porcentaje reportado de cumplimiento de las sentencias.

Esta sección introduce la cuestión de la reparación integral en el contexto de la Corte Penal Internacional (CPI). Se plantea el debate entre los expertos sobre si es posible aplicar el concepto de reparación integral a los crímenes juzgados por la CPI, específicamente a las graves violaciones de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Se hace hincapié en que, antes de acceder a una reparación integral, las víctimas deben ser reconocidas como sujetos procesales en el plano internacional y tener un espacio para reclamar los perjuicios sufridos. Se menciona la complejidad del estatuto de las víctimas, resultado de desarrollos normativos consecutivos reflejados en instrumentos como el Estatuto de Roma, las Reglas de Procedimiento y Prueba, el Reglamento Interno de la CPI, el Reglamento de la Secretaría de la CPI, y el cuerpo normativo del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas. Esta complejidad subraya la dificultad de alcanzar una reparación efectiva en el ámbito internacional.

Esta parte del texto analiza las limitaciones de la CPI en su capacidad para brindar reparación. Se aclara que el alcance de la CPI para exigir o brindar reparación está restringido a su competencia limitada, la cual se circunscribe a los delitos tipificados en su Estatuto y a la ratificación de dicho Estatuto por los Estados, o al libre sometimiento de aquellos que no son parte del mismo. Se destaca que la CPI procesa y condena a personas, no a Estados. Por lo tanto, su intervención en materia de reparación se limita a pedir al Estado una reparación plena para las víctimas relacionadas con el individuo procesado nacionalmente, actuando sobre el patrimonio del condenado o, si hay insuficiencia material, recurriendo al Fondo de las partes. No obstante, la CPI nunca impone una obligación reparatoria directa sobre el erario del Estado. Esta limitación en la competencia de la CPI es fundamental para comprender las posibilidades y restricciones en cuanto a la reparación que puede ofrecer a las víctimas de graves crímenes.

La sección presenta ejemplos concretos de restitución implementada por la CPI, según lo detallado por López (2009). Se mencionan casos como Maqueda v. Argentina y Loayza Tamayo v. Perú, en los que se ordenó la libertad de personas detenidas arbitrariamente. Otros casos, como Castillo Petruzzi y otros v. Perú, Cantoral Benavidez v. Perú, y Hilaire, Constantine y Benjamín y otros v. Trinidad y Tobago, ilustran la anulación de procesos judiciales o administrativos irregulares. Asimismo, se citan ejemplos como Loayza Tamayo c. Perú y Baena Ricardo y otros c. Panamá, donde se ordenó la reinserción en empleos públicos o el acceso a un trabajo alternativo con las mismas condiciones salariales. Finalmente, se menciona la devolución de derechos legales o el estatus social a la víctima. Aunque no hay datos concretos de la efectividad de la restitución a través de la CPI, la mención de estos ejemplos ilustra el tipo de medidas que pueden tomarse. La inclusión de datos sobre la efectividad de las sentencias de la Corte, mostrando un 6% de cumplimiento en 2008 según un informe anual (con una posible corrección al 9% según González Salzberg), sirve para contextualizar la dificultad general de asegurar el cumplimiento de las órdenes de reparación, independientemente del foro judicial.

Esta sección inicia con una crítica al método utilizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para evaluar la efectividad de sus fallos. Se argumenta que el concepto de cumplimiento empleado por la Corte es extremadamente estricto, ya que considera un caso cerrado únicamente cuando todas las órdenes emitidas en las sentencias condenatorias se han ejecutado por completo. Se presenta un dato inicial sobre el cumplimiento de las sentencias, indicando un 6% en 2008 según el informe anual de la Corte. Sin embargo, se menciona que González Salzberg (2010) cuestiona esta cifra, argumentando que el informe omitió el cumplimiento de Chile, Paraguay y Ecuador en algunos casos, lo que elevaría la tasa al 9%. Esta discrepancia resalta la subjetividad en la medición del cumplimiento y la necesidad de una metodología más flexible y contextualizada. La discrepancia en la interpretación de los datos ilustra las limitaciones del enfoque inicial de la Corte IDH en la medición del cumplimiento de sus sentencias.

Ante las deficiencias de la medición general del cumplimiento de las sentencias, se propone un análisis más detallado. Se sugiere examinar pormenorizadamente cada orden individual emitida por la Corte IDH, reconociendo que la complejidad de la ejecución puede variar según las circunstancias específicas de cada caso. Se argumenta que la dificultad de ejecución, la decisión política del gobierno de turno y la claridad de la orden emitida influyen directamente en el cumplimiento. Una medición individualizada, se sostiene, ofrecería una evaluación más precisa de la eficacia del sistema de la Corte IDH. González Salzberg (2010) utiliza este enfoque en un estudio que abarca setenta sentencias de fondo publicadas entre 1989 y 2006, categorizando las medidas de reparación en indemnización pecuniaria, costas y gastos, publicidad del juicio, reconocimiento público de responsabilidad, obligación de procesar a los responsables y reforma legal. Esta categorización permite un análisis más matizado del cumplimiento de las diferentes órdenes judiciales.

Se presentan los resultados de los análisis de González Salzberg (2010) y Basch (2010) sobre la eficacia de las órdenes de la Corte IDH. González Salzberg (2010) muestra que el cumplimiento parcial no debe interpretarse como un incumplimiento total, ya que el Estado puede haber tomado medidas internas para cumplir con la sentencia. Con este nuevo enfoque metodológico, la efectividad de la Corte en la sanción de violaciones a los derechos humanos aumenta significativamente. Los datos muestran una reducción significativa en las tasas de incumplimiento para diferentes medidas de reparación, pasando de una estimación de incumplimiento del 50% a porcentajes mucho menores para compensación pecuniaria, costas y gastos, publicidad de la condena, y reconocimiento público. Sin embargo, las órdenes que requieren mayor compromiso estatal, como la acusación y sanción de los responsables, y la reforma legal, muestran aún altos porcentajes de incumplimiento en 2006. Basch (2010) también contribuye a este análisis, confirmando la necesidad de una evaluación más matizada que considere las especificidades de cada orden judicial, destacando la necesidad de una mejor evaluación del impacto de las sentencias de la Corte IDH.

Esta sección se centra en la responsabilidad del Estado en la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones a los derechos humanos. Se argumenta que la impunidad, la falta de castigo a los responsables, es un problema grave. Se menciona que algunos Estados intentan justificar las acusaciones de violaciones a los derechos humanos alegando que grupos armados ilegales también cometen tales actos. Sin embargo, se aclara que desde la Revolución Francesa, la responsabilidad por la violación de los derechos humanos recae principalmente en los agentes del Estado. Las instancias internacionales, por lo general, no procesan denuncias contra actos de guerrilla o terrorismo, pues es responsabilidad del Estado prevenir y reprimir estos actos de violencia, independientemente de quiénes sean los perpetradores. Se subraya que el Estado tiene el deber de proteger a las personas cuyos derechos hayan sido lesionados por agentes estatales. Se enfatiza la obligación del Estado de cumplir con las decisiones de los tribunales internacionales, basado en el principio pacta sunt servanda, y que ninguna ley interna puede impedir el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos.

Esta parte del texto se enfoca en los fallos emitidos contra Colombia por la Corte IDH. Se menciona que en cada fallo, se ha ordenado como medida de reparación la investigación, el juzgamiento y la sanción de todos los responsables de las violaciones, lo que implica la activación del andamiaje jurisdiccional del Estado. Se presenta un caso donde la Corte constató la falta de investigaciones y enjuiciamiento de presuntos autores, más allá de cinco civiles ya condenados. Se destaca la necesidad de la diligencia en la investigación para determinar la responsabilidad tanto de los autores materiales como intelectuales de las violaciones cometidas. Se afirma que un procesamiento hasta su conclusión, que castigue a todos los responsables, es la señal más clara de no tolerancia a las violaciones de los derechos humanos, contribuyendo a la reparación de las víctimas y mostrando a la sociedad que se ha hecho justicia. Se menciona el ejemplo de la masacre de Pueblo Bello declarada como delito de lesa humanidad, así como el caso de Jorge Humberto Victoria Oliveros, alias 'don Raúl', condenado en 2013 por su participación. Se incluye información adicional sobre la investigación en la interacción entre grupos ilegales y agentes estatales.

Se aborda el problema de las extradiciones de jefes paramilitares a Estados Unidos y la falta de acuerdos de cooperación entre ambos países. Se destaca la jurisprudencia de la Corte IDH que establece que ninguna ley interna puede impedir a un Estado cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. La extradición no debe servir como mecanismo para asegurar la impunidad. Las autoridades estatales deben priorizar la imputación de graves violaciones a los derechos humanos en las decisiones sobre extradición u otras figuras procesales. El Estado debe asegurar la comparecencia ante la justicia de las personas involucradas en graves violaciones a los derechos humanos o que posean información relevante. Se subraya que el Estado debe remover cualquier obstáculo que le impida cumplir con el deber de investigar y sancionar a los responsables. La Corte destaca la persistencia de la impunidad parcial en casos con más de trece años sin resolución judicial, instando al Estado a presentar información completa y actualizada, y a hacer públicos los resultados de los procesos.

Esta sección traza la historia del SIDH, comenzando con la IX Conferencia Americana en Bogotá en 1948, donde se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Se menciona la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1959 en Santiago de Chile, con la facultad de recibir y procesar denuncias individuales por violaciones a los derechos humanos desde 1965. La aprobación de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en 1969, entrando en vigor en 1978, y ratificada por veinticuatro países en enero de 2012, es un hito destacado. Se menciona la institución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 1968, como garante de la protección de los derechos humanos. La creación del SIDH, se presenta como una respuesta a las irregularidades en los sistemas jurídicos estatales, buscando una institución internacional que proteja los derechos humanos y asegure su reparación en caso de violación. La evolución del SIDH es descrita como un proceso complejo y de varias décadas de desarrollo y consolidación.

Se explica la doble tarea de los órganos judiciales en los países latinoamericanos firmantes de la CADH: el control de constitucionalidad y el Control de Convencionalidad (CCV). El control de constitucionalidad implica la comparación entre la Constitución y las normas de menor rango, dando prioridad a la primera. El CCV, según Bazán (2011), consiste en juzgar si un acto o normativa interna es incompatible con la CADH, ordenando su reforma o abrogación para proteger los derechos humanos y la vigencia de la Convención. Se mencionan ejemplos de casos que han llegado ante la Corte IDH: el caso Myrna Mack Chang (Guatemala), con falta de investigación efectiva; el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile (presunta violación del Artículo 8 y 25 de la Convención Americana y falta de reparación); y el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México (tratos crueles, inhumanos y degradantes). Se destaca la resolución del Tribunal Pleno de la SCJN de México (2010), que establece la obligatoriedad del control difuso de convencionalidad para todos los jueces del país, eliminando jurisprudencias anteriores que lo prohibían. El CCV, por lo tanto, juega un papel crucial en la armonización entre el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos.

Se analizan casos específicos de la Corte IDH para ilustrar los desafíos en el cumplimiento de sus sentencias. Se menciona el caso Rosendo Radilla Pacheco (México), donde, a pesar de la investigación en curso, la Corte IDH resalta la demora excesiva (casi 39 años) y exhorta al Estado a agilizar las diligencias. Se destaca que de ocho obligaciones impuestas, solo se cumplieron tres: cursos sobre jurisprudencia de la Corte IDH, la semblanza de Radilla Pacheco, y los pagos fijados. Se observa la falta de cumplimiento en la investigación de responsables, búsqueda de restos, modificación del Código de Justicia Militar, y atención psicológica a las víctimas. También se discuten las objeciones del Estado colombiano ante la Corte IDH: falta de competencia ratione materiae y no agotamiento de recursos internos. La Corte IDH respondió que tiene competencia para determinar la compatibilidad de las acciones estatales con la CADH, incluso en contextos de conflicto armado. El texto concluye con el caso de un proceso penal en Colombia, donde el principio de estoppel prevalece debido a que el Estado contradice sus argumentos iniciales sobre la investigación.