Control de Convencionalidad: Guía Práctica

El documento inicia definiendo el Control de Convencionalidad (CCV) como un mecanismo de confrontación normativa entre las reglas de un tratado internacional de derechos humanos y las regulaciones internas de los Estados parte. Se destaca que esta confrontación puede involucrar incluso la Constitución del Estado. La metodología empleada es cualitativa y correlacional, con un enfoque analítico crítico. Se plantea una investigación dividida en fases para lograr una sistematicidad en los resultados, con un primer objetivo centrado en el origen histórico del CCV, un segundo en el análisis de las sentencias de la Corte IDH relacionadas con el CCV, incluyendo sus dos modalidades y alcance, y un tercer objetivo que se centra en el análisis de la forma difusa del CCV practicada por el Consejo de Estado Colombiano, específicamente en la Sección Tercera, en acciones de reparación directa. Se concluye que el CCV tiene su origen en el Consejo de Estado Francés, que su desarrollo se ha consolidado en cuatro etapas y que en los Estados parte, el juez natural para aplicar su forma difusa es el juez de derecho administrativo.

El análisis se centra en los orígenes del CCV en el Consejo de Estado Francés. Se argumenta que no es coincidencia que tanto el Consejo de Estado Francés como el colombiano, siendo homólogos, introduzcan el CCV. Ambos son tribunales de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa con funciones de control constitucional y de determinación de responsabilidad estatal. El texto subraya la evolución del CCV, destacando su reciente desarrollo en la dogmática internacional, estrechamente vinculado a las obligaciones impuestas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y al desarrollo progresivo de estándares de protección de derechos humanos elaborados por la jurisprudencia de la Corte IDH. Se cita a Hernández (2014) quien define el CCV como un juicio de comparación entre el SIDH y una norma interna para establecer su compatibilidad con los derechos y libertades contenidos en el bloque de convencionalidad, que incluye la CADH, otros tratados internacionales, sentencias y opiniones consultivas. La incompatibilidad de una norma interna lleva a su expulsión del ordenamiento jurídico.

Se analizan sentencias emblemáticas de la Corte IDH que ilustran el desarrollo y aplicación del CCV. El caso Loayza Tamayo vs. Perú (1998) se presenta como la primera sentencia donde se observa la confrontación normativa, obligando a Perú a adecuar sus Decretos-Leyes 25.475 y 25.569 a la CADH. La decisión en La última tentación de Cristo vs. Chile (2001) destaca por ordenar la modificación de la Constitución chilena de 1980 para eliminar la censura previa. El caso Barrios Altos vs. Perú (2001) también se menciona como un hito en la consolidación del CCV. Estos casos se presentan como ejemplos de cómo la Corte IDH ha impulsado la aplicación del CCV, estableciendo precedentes para la adecuación de las normas internas a los estándares internacionales de derechos humanos. La jurisprudencia de la Corte IDH es crucial en la configuración del bloque de convencionalidad, que los jueces nacionales deben considerar para el correcto ejercicio del CCV.

La sección se concentra en la aplicación del CCV en Colombia, específicamente en la jurisprudencia del Consejo de Estado, particularmente la Sección Tercera, en acciones de reparación directa entre 2006 y 2014. Se analiza cómo esta institución ha incorporado el CCV en sus decisiones, incluyendo la evolución de su jurisprudencia desde un “criterio judicial convencional” hasta un “criterio autoritativo convencional”. Se resalta que el Consejo de Estado ha asumido el papel de juez convencional o juez interamericano a nivel interno, lo que representa un desarrollo significativo del CCV en el ordenamiento jurídico colombiano. Se menciona una sentencia del 2012 donde se menciona el CCV sin desarrollo y se destacan varias sentencias posteriores que perfilan la doctrina del CCV en el Consejo de Estado. Se subraya el papel del Consejo de Estado en la armonización del derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos y su contribución a la disminución de las condenas contra el Estado colombiano por parte del Tribunal Interamericano.

La Corte IDH, en su Opinión Consultiva 16/99, define el “Corpus Iuris Internacional” como el conjunto de instrumentos internacionales (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones) que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se destaca la evolución dinámica de este corpus juris y su impacto positivo en el Derecho Internacional, afirmando su capacidad para regular las relaciones entre Estados y seres humanos. Inicialmente, la Corte se refería exclusivamente a instrumentos internacionales, pero posteriormente incorporó la jurisprudencia emanada de tribunales internacionales. Esta evolución es fundamental para entender la creciente importancia de la jurisprudencia de la Corte IDH en la interpretación y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y, por ende, en la aplicación del Control de Convencionalidad. La referencia a Loianno (2014) sustenta esta evolución jurisprudencial en el tiempo, mostrando como la Corte IDH ha ido ampliando su propia base jurídica a lo largo de los años.

Un hito en la jurisprudencia de la Corte IDH es el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú (2006). Este caso establece el deber ex officio de los jueces nacionales de aplicar el control de convencionalidad. La Corte argumenta que al ratificar un tratado internacional como la Convención Americana, los jueces de los Estados parte quedan obligados a velar por su efecto útil, evitando que la aplicación de leyes internas contrarias merme o anule las disposiciones del tratado. Este control de convencionalidad ex officio no se limita a las alegaciones de las partes, sino que es una obligación activa del poder judicial. La Corte IDH resalta la importancia del ‘efecto útil’ de la Convención Americana (CADH), un principio de efectividad o effet utile, que demanda una interpretación que garantice la eficacia de sus disposiciones. Este caso significó un gran avance, al imponer la obligación de aplicar el control de convencionalidad sin necesidad de una petición expresa por parte de los ciudadanos.

La Corte IDH ha establecido reiteradamente el deber de los Estados de evitar y combatir la impunidad. Esta obligación implica la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de violaciones a los derechos humanos protegidos por la Convención Americana. Se destaca la posición de la Corte en casos como 19 comerciantes vs. Colombia (2004) y Huilca Tecse vs. Perú (2005). La Corte Constitucional Colombiana comparte esta visión, enfatizando la importancia del derecho a la justicia y a la ausencia de impunidad. El documento luego analiza casos donde la falta de investigación seria sobre presuntos responsables, al parecer militares, lleva a la condena por parte de la Corte IDH por permitir la impunidad, indicando una clara directriz de la Corte para los Estados miembros en materia de investigación y procesamiento de delitos contra los derechos humanos.

El documento menciona una serie de casos de la Corte IDH que ilustran la aplicación del Control de Convencionalidad, entre ellos: Almonacid Arellano y otros vs. Chile, trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, La Cantuta vs. Perú, Boyce y otros vs. Barbados, Heliodoro Portugal vs. Panamá, Rosendo Radilla Pacheco vs. México, Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, y muchos más. Esta lista extensa sirve para mostrar la amplia gama de casos en los que la Corte IDH ha aplicado el CCV, afianzando su rol en la protección de los derechos humanos en el continente y estableciendo jurisprudencia relevante para la interpretación y aplicación del derecho internacional en los sistemas judiciales nacionales. La inclusión de varios casos demuestra la reiteración de la Corte en la importancia del CCV y la amplia aplicación de dicho principio.

El Consejo de Estado de Colombia, específicamente su Sección Tercera, ha asumido un rol destacado en la aplicación del Control de Convencionalidad (CCV) dentro del ordenamiento jurídico interno. Aunque inicialmente limitado a acciones de reparación directa, su influencia ha sido significativa. La Sección Tercera ha incorporado el concepto de CCV, incluso denominándolo en algunas sentencias como ‘subjetivo’, marcando una diferencia con otros enfoques. Su jurisprudencia muestra una evolución notable, pasando de un nivel ‘leve’ o ‘criterio judicial convencional’ a un nivel ‘total’ o ‘criterio autoritativo convencional’, lo que refleja una mayor integración de los estándares internacionales en la toma de decisiones. Esta evolución demuestra el creciente reconocimiento de la importancia del CCV dentro del máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa colombiana, consolidando su papel en la protección de los derechos humanos y en la reparación de los daños antijurídicos causados por el Estado, afianzando el Estado Social de Derecho. La similitud con el desarrollo del CCV en Francia, mediante un proceso pretoriano, se utiliza como analogía para explicar la adopción del CCV en Colombia.

La jurisprudencia del Consejo de Estado en relación al CCV se caracteriza por una progresiva consolidación de la doctrina. Se destaca la importancia de la Sentencia 29764 (2013), que refuerza la obligación del juez de realizar el control de convencionalidad, incluso ante omisiones del Estado en su deber de protección y vigilancia. La sentencia enfatiza el quebrantamiento normativo internacional que implica el incumplimiento, y la violación del orden jurídico interno. El juez, por imperativo internacional, debe ejercer este control basado en la Convención Interamericana y su carácter de fuente de derecho a nivel nacional (artículo 230 de la Constitución Política). Se menciona la articulación del sistema interamericano al ordenamiento jurídico colombiano (artículo 93 de la Constitución) como fundamento para la declaración de responsabilidad extracontractual del Estado. El CCV, según esta jurisprudencia, es un principio de aplicación imperativa, incluso si implica dejar de lado normas de derecho interno. Otras sentencias posteriores aportan precisiones a esta doctrina, consolidando el CCV como un principio fundamental en la administración de justicia colombiana.

El Consejo de Estado ha ampliado el concepto tradicional de daño antijurídico, incorporando las normas supranacionales de derechos humanos. La obligación del Estado de adoptar medidas internas se complementa con la obligación de los jueces de ejercer el control de convencionalidad, verificando el respeto y garantía de los derechos contenidos en la CADH. Esta función se ve fortalecida por las condenas contra el Estado colombiano en la jurisdicción interamericana, lo que ha llevado a replantear las formas de reparación a las víctimas y a la justicia transicional. La aplicación de los estándares de reparación de la Corte IDH por parte del Consejo de Estado se considera un ejercicio del Control de Convencionalidad que busca reducir las condenas internacionales. Se menciona el trabajo de Santofimio (2013) sobre Control de Convencionalidad y Responsabilidad del Estado, que refuerza la idea de un “garantismo constitucional” basado en el respeto al ordenamiento jurídico interno e internacional. Se argumenta que este enfoque permite un diálogo jurisprudencial con la Corte IDH, beneficiando tanto al Estado como a las víctimas.

El texto introduce el concepto de derecho procesal convencional de los derechos humanos como un mecanismo de garantía jurisdiccional internacional, basado en sistemas regionales para tutelar derechos sustantivos (tratados, convenios, protocolos, etc.). Se sitúa en la frontera entre el derecho procesal constitucional (centrado en la supremacía constitucional nacional) y el derecho procesal transnacional, que abarca procesos ante magistraturas internacionales y su ejecución en ámbitos estatales domésticos. Se presenta como una propuesta nueva para abarcar el tema procesal relacionado con el Control de Convencionalidad (CCV), buscando fortalecer los sistemas regionales de protección de derechos humanos y generar avances en los distintos sistemas normativos. Las referencias a Martínez y Cubides (2015) y Sagüés y Cruz (2008) proporcionan el marco teórico para entender esta nueva área del derecho y su relevancia en el contexto del CCV.

El documento analiza la bidimensionalidad del derecho al agua, mostrando su aplicación a nivel individual y colectivo. Desde la perspectiva individual, se utiliza la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, donde la acción de tutela protege el derecho al agua como un derecho fundamental autónomo. A nivel colectivo, se analiza la jurisprudencia en acciones populares ante la jurisdicción contenciosa administrativa colombiana, que relaciona el derecho al agua con derechos al ambiente sano, la salud pública y el acceso a servicios públicos. Además, se analiza la jurisprudencia internacional de países como Argentina, España e India y de tribunales internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos. Estos ejemplos se usan para resaltar el valor de las normativas internacionales y la importancia del control de convencionalidad para asegurar la eficacia de los derechos humanos a través del CCV, como un mecanismo para armonizar las interpretaciones judiciales internas con las normas internacionales.

Se presentan ejemplos de sentencias de la Corte Constitucional Colombiana que protegen aspectos del derecho al agua. La Sentencia T-974 de 2009 tutela los derechos a la vida y la salud de una comunidad afectada por inundaciones, mostrando la aplicación del derecho al agua como derecho fundamental relacionado con otros derechos. La Corte identificó la omisión del Estado en la construcción de un colector de alcantarillado y el mantenimiento de diques, demostrando el incumplimiento de obligaciones legales y convencionales, poniendo en riesgo los derechos de los accionantes. Por otro lado, la Sentencia T-381 de 2009, muestra la protección frente a afectaciones al acceso al agua por parte de la Administración, incluso en predios rurales, ordenando medidas para asegurar una solución definitiva. Se destaca el análisis de la Corte Constitucional de Colombia (2011) en la acción de tutela T-2.994.681. T-552. Estos ejemplos ilustran la aplicación práctica del derecho al agua como derecho fundamental y la importancia del control de convencionalidad para su protección.

El documento aborda la problemática de las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas militares y policiales en América Latina. Se destaca que estas violaciones exigen ser juzgadas adecuadamente, pero en la práctica, el fuero militar y su jurisdicción limitan este objetivo. El texto enfatiza la necesidad de revisar los lineamientos regionales e internos que delimitan la jurisdicción militar para asegurar el respeto a los derechos humanos. Se menciona que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), desde 1948, trabaja para mejorar las condiciones de vida y combatir las violaciones de derechos humanos, incluyendo las cometidas por agentes estatales, como miembros de las fuerzas militares y policiales. La Corte IDH, a través de sus disposiciones pretorianas, busca limitar la jurisdicción militar para armonizarla con los parámetros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Se argumenta que la incompatibilidad de la Convención Americana con la intervención del fuero militar en estos casos afecta tanto el acto de juzgar como la investigación misma, según el Caso Nadege Dorzema vs. República Dominicana (2012).

La sección explora los límites a la jurisdicción militar en Colombia, considerando las disposiciones constitucionales y la legislación correspondiente. Se menciona la Ley 1765 de 2015, que establece que las normas y principios rectores de la administración de justicia prevalecen en la Jurisdicción Penal Militar y Policial, limitando las arbitrariedades. Esta ley reemplaza a la Ley 1407 de 2010. La Corte Constitucional de Colombia ha definido seis elementos esenciales del fuero militar: pertenecer a la institución castrense y que el delito tenga relación con el servicio. El alcance del fuero militar se define como una regulación especial, diferente a la justicia penal ordinaria, pero con idénticos fundamentos en cuanto al sometimiento a la ley, el debido proceso, la imparcialidad, independencia y autonomía judicial. Se indica que a pesar de estas similitudes, el legislador puede establecer diferencias relevantes en la organización, estructura, procedimiento y juzgamiento de los delitos. Se cita la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (2000, Demanda de Inconstitucionalidad, D-2766. C-878 y 1997, Demanda de Inconstitucionalidad, D-1445. C-358) y (2004, Demanda de Inconstitucionalidad, D-4778 C-171).

Se analizan casos en México que ilustran los límites de la jurisdicción militar y la problemática de la impunidad. El texto presenta el caso Cabrera y Montiel, donde se denuncia tortura, incomunicación y detención ilegal. La Procuraduría General de la República se declaró incompetente, cediendo la investigación a la Procuraduría General de Justicia Militar, que archivó el caso. Se enfatiza el deber del Estado de evitar la impunidad, según el SIDH, y el derecho a que no haya impunidad, según la Corte Constitucional Colombiana. El documento argumenta que la falta de investigación seria en los casos presentados demuestra la impunidad, siendo una crítica al actuar de las autoridades militares y judiciales mexicanas, lo cual ha sido condenado por la Corte IDH en sus sentencias. Se argumenta que el Estado debe actuar con diligencia para evitar la tortura y garantizar los derechos del detenido, incluyendo la independencia del personal médico. El caso se utiliza para ejemplificar cómo la falta de investigación e impunidad contradice la Constitución, los derechos humanos y las obligaciones internacionales.