Pago de Obligaciones: Guía Jurídica

La sección inicia estableciendo la libertad contractual de las partes para celebrar o disolver contratos, siempre que no existan impedimentos legales. Se destaca la autonomía de la voluntad para extinguir vínculos obligacionales por mutuo acuerdo. Se cita el artículo 1625 del Código Civil, aunque su contenido específico no se desarrolla en este apartado. Un punto crucial es la aclaración sobre el concepto de 'pago', que va más allá de la simple entrega de dinero; en el lenguaje jurídico, 'pagar' significa ejecutar la obligación, sea cual sea su objeto. La extinción de obligaciones mediante la convención entre las partes se presenta como una alternativa eficiente y pacífica, evitando procesos judiciales complejos. Esto se debe a que el proceso parte de un consenso entre las partes involucradas, generalmente garantizando un procedimiento ajustado a sus necesidades, lo cual difiere de procedimientos judiciales.

Se analizan tres escenarios de pago realizado por un tercero: con consentimiento del deudor (subrogación en los derechos del acreedor), sin conocimiento del deudor (solo derecho a reembolso), y contra la voluntad del deudor (donde, aunque no existe reembolso directo, podría aplicarse la figura de enriquecimiento sin justa causa). El artículo 1632 del Código Civil es mencionado en relación con el pago contra la voluntad del deudor, señalando una posible contradicción con la interpretación sistemática del Código. La discrepancia radica en la ausencia de una figura de reembolso en este caso, mientras que el enriquecimiento sin justa causa, que cumple con los requisitos necesarios, podría ser una vía para la recuperación de lo pagado por el tercero. Esto sugiere una posible laguna legal y una necesidad de análisis jurisprudencial.

Se detalla a quién debe hacerse el pago para su validez: al acreedor, a su mandatario, a su sucesor, a quien designe la ley (representantes legales y curadores), o al juez en caso de controversia judicial. Se subraya que un pago de buena fe a quien se creía acreedor es válido, incluso si posteriormente se comprueba que no lo era. El artículo 1634 del Código Civil es la base de esta sección, regulando la validez del pago a diferentes sujetos. La posibilidad de ratificación expresa o tácita por parte del acreedor, con efectos retroactivos, se destaca como un mecanismo de convalidación del pago realizado a un tercero no autorizado, completando así el marco legal para la validez del pago.

Se determina que el pago debe efectuarse cuando la obligación es exigible, salvo en casos de condiciones o plazos. Se explica que la época específica del pago depende del tipo de contrato, siendo inmediata en contratos de compraventa sin diferimiento y periódica en contratos de tracto sucesivo. El análisis se centra en la exigibilidad de la obligación como factor determinante para el momento del pago. El tipo de contrato influye significativamente en la determinación de cuando se debe realizar el pago. Por ejemplo, las obligaciones con plazo o condición suspensiva tendrán un momento de exigibilidad posterior, mientras que las de compraventa no diferida serán exigibles inmediatamente. Los contratos de tracto sucesivo, por su naturaleza, implican pagos periódicos.

Se refuerza la necesidad de un pago completo y conforme a la obligación para su eficacia extintiva. Se introduce el principio de indivisibilidad del pago, según el cual el deudor debe realizar la prestación debida en su totalidad y de la manera acordada, impidiendo pagos fraccionados o con objetos diferentes a los estipulados. Se citan los artículos 1627 y 1649 del Código Civil en relación con la indivisibilidad del pago. El pago debe ajustarse exactamente a la prestación debida, cualquier desviación podría impedir la extinción de la obligación. La indivisibilidad del pago es un principio fundamental, incluso cuando se trata de dinero, que no admite pagos fraccionados. Tampoco es válido pagar con un objeto diferente al acordado previamente entre las partes.

Esta sección se centra en la identificación del acreedor legítimo para recibir el pago y la validez del pago realizado. El artículo 1634 del Código Civil establece que el pago es válido si se realiza al acreedor, a su mandatario, a su sucesor, a quien la ley designe (representantes legales y curadores), o al juez en caso de litigio. Se destaca la validez del pago hecho de buena fe a quien se creía acreedor, incluso si luego se demuestra lo contrario. Esta disposición protege al deudor que actúa con buena fe. La importancia de la buena fe se recalca; si se paga a quien se creía que tenía derecho al crédito, el pago se considera válido, incluso si posteriormente se descubre un error en la identificación del acreedor. Sin embargo, se contempla la posibilidad de que el deudor pague a un tercero no autorizado; en este caso, el acreedor tiene la facultad de ratificar el pago, explícita o tácitamente, lo que lo haría válido desde su realización inicial. Esta flexibilidad protege al deudor que, a pesar de un error, realiza el pago a quien creía ser el acreedor.

Se analizan las consecuencias del pago realizado por un tercero, diferenciando tres situaciones clave. Si el tercero paga con el consentimiento del deudor, se produce una subrogación en los derechos del acreedor, como se explica en secciones previas del texto. Si el pago se realiza sin conocimiento del deudor, el tercero solo puede reclamar el reembolso de lo pagado, sin adquirir los derechos del acreedor. Si el pago se realiza contra la voluntad del deudor, el artículo 1632 del Código Civil indica que el tercero no tiene derecho a reclamar lo pagado, aunque se plantea la posible aplicación del principio de enriquecimiento sin justa causa para recuperar la suma pagada. Esta última situación destaca la importancia del consentimiento del deudor en el pago realizado por un tercero. Sin este consentimiento, el tercero podría no tener derecho a recuperar su dinero, a menos que pueda probar un enriquecimiento sin justa causa del deudor. La buena fe del tercero no siempre garantiza la recuperación del pago realizado contra la voluntad del deudor.

La sección aborda el momento en que debe efectuarse el pago, enfatizando que, por regla general, debe ser cuando la obligación sea exigible. Se aclara que la exigibilidad puede estar condicionada a la ocurrencia de un evento futuro e incierto o a la llegada de un plazo determinado. Se establece una distinción en cuanto a la exigibilidad del pago según el tipo de contrato. En los contratos de compraventa, si no se ha pactado un diferimiento de pago ni una condición o plazo, la exigibilidad es inmediata. Por el contrario, en contratos de tracto sucesivo, donde la prestación se realiza de forma periódica, el pago se hace en forma sucesiva, coincidiendo con cada una de las prestaciones. El momento del pago está estrechamente vinculado a la naturaleza de la obligación. Si la obligación es pura y simple, es decir, sin condición ni plazo, el pago se debe realizar inmediatamente. Sin embargo, si la obligación está sujeta a una condición o plazo, el pago solo será exigible cuando dicho plazo venza o la condición se cumpla. Esta flexibilidad en los tiempos de pago se adapta a diferentes tipos de contratos y obligaciones.

Este apartado enfatiza que para lograr la extinción efectiva de una obligación, el pago debe ser completo y ajustarse a la obligación debida. Se establece que la realización incompleta del pago no extingue la obligación. Se requiere que la prestación sea realizada en su totalidad para que se considere extinguida la obligación. Un pago parcial no libera al deudor de la obligación restante. El pago debe corresponder exactamente a lo pactado; cualquier diferencia, incluso si se trata de una menor suma de dinero, impide la extinción total de la obligación. Si el pago es incompleto, la obligación persiste, y el acreedor puede exigir el cumplimiento de la parte pendiente. El principio de la completitud del pago es esencial; un pago incompleto no extingue la obligación, y el acreedor mantiene el derecho a reclamar el resto de la deuda. La intención del deudor de pagar en su totalidad no exime de la necesidad de la completitud real del pago para que este sea considerado eficaz en la extinción de la obligación.

Se introduce el principio de indivisibilidad del pago, destacando su importancia para la extinción de la obligación. El deudor (solvens), según este principio, debe pagar exactamente la prestación debida y en su totalidad. No se permite el pago fraccionado, ni siquiera si se trata de una deuda monetaria. De igual forma, no se puede pretender el pago con una cosa diferente a la debida. El Código Civil (arts. 1627 y 1649) se cita como fundamento legal de este principio. El principio de indivisibilidad exige que el pago se realice de forma íntegra y con el objeto convenido. Pagos parciales o con bienes distintos a los pactados no son válidos para extinguir la obligación en su totalidad. Esto refuerza la necesidad de un cumplimiento preciso y completo de las obligaciones por parte del deudor para que se produzca la extinción de la obligación.

La sección introduce la novación como un mecanismo de extinción de obligaciones mediante la sustitución de una obligación preexistente por otra nueva. Se establece que la novación puede darse de tres maneras, según el artículo 1690 del Código Civil: cambiando el objeto de la prestación (novación objetiva o real), cambiando el sujeto activo (el acreedor), o cambiando el sujeto pasivo (el deudor). Se ilustra con ejemplos, como la sustitución de una obligación de hacer por una de dar o no hacer en una compraventa, donde se cambia el objeto de la prestación. En este contexto se menciona la sustitución de bienes inmuebles por muebles. Se explican las diferencias entre los tipos de novación, estableciendo que el cambio de sujeto puede ser con o sin consentimiento del deudor original. El contrato de leasing se usa como ejemplo de novación, mostrando cómo la obligación inicial de pago se transforma en una obligación de transferir la propiedad del bien, al ejercitarse la opción de compra al final del contrato. Se anticipa la importancia de la extinción de la obligación previa para que la novación sea válida.

Se detallan los requisitos necesarios para que una novación sea válida. Es fundamental que la nueva obligación extinga completamente la obligación anterior. Si la obligación primitiva está sujeta a una condición suspensiva que no se ha cumplido, no habrá novación. Igualmente, no se admite sustituir una obligación pura y simple por una condicional (artículo 1692). La invalidez del contrato novatorio, por ejemplo, debido a la incapacidad de una parte o vicios del consentimiento, también impide la novación. La existencia de una obligación anterior válida es indispensable; si la obligación inicial es nula, no puede haber novación. La nueva obligación debe ser legal y válida para que la novación sea efectiva. Se destacan los casos de nulidad absoluta, como un contrato con un menor impúber, y la nulidad relativa, producto de vicios del consentimiento. Se resalta la necesidad de que la obligación nueva sea diferente a la anterior en sus elementos sustanciales, según el artículo 1501 del Código Civil, para distinguirla de una simple modificación contractual.

Se centra en la novación subjetiva por el lado pasivo, donde se sustituye al deudor original por uno nuevo (mutatodebitore). Se indica que este cambio puede ocurrir con o sin el consentimiento del deudor antiguo. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se cita para diferenciar la delegación (con consentimiento del deudor antiguo) de la promisión (sin su consentimiento). Para que la novación por delegación sea perfecta, el acreedor debe liberar expresamente al deudor original (artículo 1694). Se explica la diferencia entre una delegación perfecta e imperfecta, donde la imperfecta ocurre cuando el deudor original no queda liberado de la obligación. Se menciona la figura del 'diputado' para el pago, distinguiéndola de la delegación. Se analiza también la delegación simple, donde el deudor original no queda liberado. Se menciona el derecho del acreedor a reclamar al deudor original si el nuevo deudor es insolvente, o si se pactó una reserva en el contrato de novación (artículo 1701). La figura del fiador o codeudor solidario se mencionan como posibles consecuencias de la falta de consentimiento del acreedor para liberar al deudor anterior.

Se describen los efectos de la novación, enfatizando que extingue la obligación anterior y crea una nueva. Las garantías de la obligación original, como prenda e hipoteca, no se trasladan a la nueva obligación, a menos que las partes acuerden lo contrario (artículo 1701). Los intereses devengados en la obligación anterior se extinguen con la novación. Si se acuerda la transmisión de las garantías, estas se mantienen en los mismos términos que en la obligación primitiva, sin extenderse a los privilegios de la nueva obligación. Este análisis destaca la importancia de comprender que la novación no solo crea una nueva obligación, sino que extingue la anterior. Por lo tanto, elementos como las garantías o intereses generados bajo la obligación anterior desaparecen, a menos que se especifique lo contrario en el contrato de novación. Esta puntualización es crucial para la correcta interpretación de los efectos legales de la novación.

El principal efecto de la novación es la extinción de la obligación preexistente y el nacimiento simultáneo de una nueva obligación que la reemplaza. Este efecto extintivo es total, dando lugar a una nueva relación obligacional. Se enfatiza que la novación no es una simple modificación contractual, sino una creación de una obligación completamente nueva que sustituye a la anterior. Esta extinción de la obligación anterior es definitiva, a menos que se establezcan cláusulas especiales en el contrato de novación. La consecuencia fundamental es la desaparición de la obligación original, dando paso a una relación obligatoria completamente nueva, con sus propias características y elementos.

Se abordan los efectos de la novación sobre las garantías y accesorios de la obligación original. Las garantías reales, como la prenda e hipoteca, no se trasladan automáticamente a la nueva obligación, a menos que las partes acuerden expresamente su transmisión (artículo 1701 del Código Civil). De igual manera, los intereses devengados sobre la obligación primitiva se extinguen con la novación. Si las partes pactan la transmisión de garantías reales, estas se mantendrán en los mismos términos que en la obligación anterior, sin que puedan extenderse los privilegios de la nueva obligación a la antigua. Por ejemplo, si la nueva obligación genera intereses, estos no se aplicarán a la garantía transmitida desde la obligación anterior. Se hace hincapié en la necesidad de un acuerdo expreso para la transmisión de garantías y la importancia de que las partes conozcan y consientan las consecuencias de la novación en este aspecto.

La sección define la remisión o condonación de la deuda como un acto jurídico unilateral del acreedor que produce la extinción de la obligación. Se distingue entre la remisión expresa y la remisión tácita. La remisión expresa requiere una declaración inequívoca de voluntad del acreedor para perdonar la deuda. La remisión tácita, en cambio, se infiere de la conducta del acreedor, como la entrega voluntaria del título de crédito al deudor, su destrucción o la cancelación de la deuda, siempre y cuando se demuestre la intención del acreedor de extinguir la obligación. El artículo 1713 del Código Civil es crucial para entender la remisión tácita; si el acreedor entrega voluntariamente el título de crédito, se presume la intención de condonar la deuda, a menos que se pruebe lo contrario. La carga de la prueba recae sobre el acreedor para demostrar que la entrega no fue con ánimo de condonar la deuda. Se aclara que la presunción de remisión no aplica si las garantías reales, accesorios o privilegios de la deuda no se han condonado también. Se advierte que, una vez realizada la condonación, el acreedor pierde la posibilidad de reclamar la deuda, ya que el deudor ha adquirido legítimamente un derecho.

Se exponen los requisitos para la validez de la remisión. El acreedor debe tener capacidad legal para disponer del crédito. Los representantes legales (padres, curadores, tutores) no pueden condonar créditos sobre bienes inmuebles de su representado. Para la condonación de bienes muebles o dinero, se necesita autorización judicial de los representantes legales. Si la remisión se realiza a través de un mandatario, se requiere un poder especial, ya que se trata de un acto dispositivo (a diferencia del mandato general). La capacidad del acreedor para realizar el acto de condonación es fundamental. No cualquier persona puede realizar una condonación válida; se establecen restricciones para representantes legales, sobre todo en el caso de bienes inmuebles, que exigen una autorización judicial. La distinción entre mandato general y poder especial para realizar la remisión por medio de un mandatario es crucial para la validez del acto. El consentimiento del deudor no es requisito para la validez de la remisión, lo cual difiere de otros mecanismos de extinción de las obligaciones.

Se diferencia la remisión de la novación, señalando que la novación, a diferencia de la remisión, es un mecanismo en desuso por la existencia de otras figuras como la subrogación o la cesión de créditos. La remisión, por el contrario, es un acto jurídico unilateral que no necesita del consentimiento del deudor, pues este se beneficia al quedar libre de la obligación. El artículo 15 del Código Civil fundamenta la facultad del acreedor para renunciar a su crédito. La remisión se rige por las reglas de las donaciones entre vivos (artículo 1712 del Código Civil), en caso de que se realice la condonación sin obtener nada a cambio. Si existe una contraprestación, estaríamos frente a una novación y no a una remisión. Esto significa que la remisión es esencialmente un acto de liberalidad del acreedor, al contrario de la novación, que implica un cambio en la estructura de la obligación. La remisión es vista como un acto jurídico unilateral, mientras que la novación es un contrato bilateral. El estudio se centra en la remisión como forma unilateral de extinción de la obligación, diferenciándola de otras figuras más complejas como la novación.

La sección define la remisión o condonación de la deuda como un acto jurídico unilateral del acreedor que tiene como efecto la extinción de la obligación. Se destaca su naturaleza unilateral, es decir, solo requiere la voluntad del acreedor para su validez; el consentimiento del deudor no es necesario. Se basa en el artículo 15 del Código Civil, que establece la facultad de renunciar a derechos siempre que se beneficie al renunciante y no esté prohibido. La remisión se presenta como una forma de liberación del deudor, sin contraprestación alguna por parte de éste. Se argumenta que la condonación no afecta los derechos del deudor, sino que, por el contrario, le evita un detrimento patrimonial. Se considera una conducta lícita, coherente con el orden público y las buenas costumbres. El acreedor renuncia a su crédito unilateralmente, liberando al deudor de la obligación. Es importante destacar la diferencia entre la remisión y otros actos que podrían parecer similares pero que tienen implicaciones jurídicas diferentes. El documento explora la remisión como un mecanismo sencillo y directo de extinción de obligaciones.

Se distinguen dos formas de remisión: expresa y tácita. La remisión expresa se manifiesta a través de una declaración clara del acreedor. La remisión tácita, regulada por el artículo 1713 del Código Civil, se infiere de la conducta del acreedor. Ejemplos de remisión tácita son la entrega voluntaria del título de crédito al deudor, su destrucción o la cancelación de la deuda por parte del acreedor, siempre que se pueda probar la intención de extinguir la obligación. Si no hay prueba de la intención de condonar, se presume que no hubo remisión. Se aclara que la entrega, destrucción o cancelación del título no implican automáticamente una remisión; la intención del acreedor es clave. La presunción legal de remisión admite prueba en contrario, permitiendo al acreedor demostrar que no existió la intención de condonar la deuda. Sin embargo, esta presunción no opera si las garantías reales, accesorios o privilegios de la deuda han sido condonados también. La sección enfatiza la importancia de la prueba de la voluntad del acreedor para determinar la existencia de una remisión tácita.

Se abordan los requisitos de capacidad y representación en la remisión. El acreedor debe tener capacidad legal para disponer libremente de la cosa o prestación. Padres, curadores o tutores no pueden remitir créditos sobre bienes inmuebles de su representado; para bienes muebles o dinero, requieren autorización judicial. Si el acreedor actúa a través de un mandatario, este necesita un poder especial, debido a la naturaleza dispositivo del acto de remisión, a diferencia de un mandato general. La capacidad legal del acreedor es esencial para la validez de la remisión. En casos de incapacidad, la actuación de representantes legales debe estar debidamente autorizada para que la condonación sea válida. La importancia del poder especial para actuar en nombre del acreedor, en lugar de un mandato general, se subraya para asegurar la validez del acto de remisión. Esto asegura que el mandatario tenga la autoridad suficiente para llevar a cabo un acto dispositivo como la condonación de una deuda.

La sección define la confusión como la reunión en una sola persona de las calidades de acreedor y deudor en una misma obligación. Este fenómeno conlleva la extinción de la obligación, ya que una persona no puede ser acreedora y deudora simultáneamente de sí misma. La doctrina señala que la principal fuente de confusión es la transmisión mortis causa, es decir, por sucesión hereditaria. Si el acreedor hereda al deudor, o viceversa, o si un tercero hereda a ambos, se produce la confusión. Sin embargo, para que esto ocurra, la aceptación de la herencia debe ser pura y simple; si es con beneficio de inventario, no se unifican los patrimonios y no hay confusión. La confusión extingue la obligación por la imposibilidad jurídica de que una persona sea a la vez acreedor y deudor de sí misma. Se enfatiza la necesidad de que la confusión recaiga sobre las calidades de acreedor y deudor en la misma obligación, para que opere la extinción.

Se analiza la extinción total o parcial de la obligación por confusión, dependiendo de la naturaleza de la misma. Si la obligación es solidaria por el lado pasivo, la extinción es total, ya que el deudor solidario responde por la totalidad de la deuda, y al convertirse también en acreedor, la obligación desaparece. Sin embargo, si el deudor hereda solo una parte del crédito (por ejemplo, junto con otros herederos), la extinción es parcial, limitándose a la porción del crédito transmitida al heredero-deudor (artículos 1727 y 1726 del Código Civil). La naturaleza de la obligación (solidaria o no) determina la extensión de la extinción por confusión. En las obligaciones solidarias, la extinción es total, mientras que en las obligaciones mancomunadas, la extinción se limita a la parte proporcional del crédito que pasa al heredero que a su vez es deudor. La sección aclara que la extinción total o parcial se refiere a la obligación en sí misma, sin prejuzgar posibles efectos internos entre codeudores en caso de obligaciones solidarias.

Se explica que la extinción por confusión no siempre es definitiva. La obligación puede renacer si las calidades de acreedor y deudor se vuelven a separar. Esto ocurre cuando la fuente de la confusión se anula jurídicamente. Se ejemplifica con el caso de un heredero que, siendo deudor del causante y habiendo extinguido su obligación por confusión, luego rescinde la aceptación de la herencia; en este caso, el crédito y la deuda revivirían. Se resalta que la confusión es una forma de extinción que, a diferencia de otras, puede ser reversible bajo ciertas circunstancias. La reanudación de la obligación ocurre cuando la causa que generó la confusión deja de existir. Este fenómeno se ilustra con un caso concreto: un heredero que, tras extinguir una deuda por confusión, luego decide rechazar la herencia, lo que implica la rescisión de la confusión y el resurgimiento de la obligación original. La sección pone de manifiesto que la extinción por confusión no es necesariamente permanente y puede ser susceptible de reversión.

Esta sección analiza la pérdida de la cosa debida como causa de extinción de la obligación, enfocándose en la teoría de la causa extraña (fuerza mayor o caso fortuito). Se establece que si la pérdida de la cosa se debe a una causa imprevista e irresistible (fuerza mayor o caso fortuito), la obligación se extingue. La responsabilidad del deudor se exime si la pérdida se debe a una causa ajena a su voluntad e imposible de prever o evitar. Se menciona la necesidad de que la causa sea imprevisible e irresistible para que opere la extinción de la obligación. En este caso, la obligación se extingue, liberando al deudor de toda responsabilidad.

Se analiza la situación donde la pérdida de la cosa se debe a la culpa del deudor o ocurre durante su mora (demora en el cumplimiento de la obligación). En este caso, la obligación no se extingue, sino que se transforma: el deudor está obligado a indemnizar al acreedor por el valor de la cosa. Incluso si la pérdida se produce por caso fortuito mientras el deudor está en mora, la obligación subsiste, y debe indemnizar al acreedor. La responsabilidad del deudor se mantiene si la pérdida de la cosa se debe a su culpa o a su mora. En este caso, el objeto de la obligación cambia de la cosa perdida a la indemnización que el deudor debe pagar al acreedor. Se considera injusto que el deudor pueda ser exonerado de responsabilidad por la pérdida de la cosa si tal pérdida es consecuencia de su propia culpa o de su incumplimiento en el plazo convenido. Se establece una presunción legal de culpa por parte del deudor cuando la cosa perece bajo su custodia. Esta presunción, sin embargo, puede ser refutada con la prueba de fuerza mayor, caso fortuito, o culpa exclusiva de un tercero.

La sección aclara que las normas sobre la pérdida de la cosa se refieren principalmente a los cuerpos ciertos, es decir, cosas individuales e identificables. Si el objeto de la obligación es de género (cosas genéricas, intercambiables), el principio romano 'genera non pereunt' (el género no perece) permite la sustitución del objeto, por lo que la pérdida de la cosa de género no extingue la obligación. Sin embargo, la excepción se presenta si se trata de un género limitado. Si un género limitado perece totalmente (ej., los 100 kilos de producción X), la obligación se extingue por imposibilidad de cumplimiento. Se destaca la diferencia en la aplicación de la regla de la pérdida de la cosa según se trate de una obligación de cosa cierta o una obligación genérica. Mientras que la pérdida de una cosa cierta puede extinguir la obligación si se debe a causas ajenas a la voluntad del deudor, la pérdida de una cosa genérica o de género no necesariamente tendrá el mismo efecto, debido al principio 'genera non pereunt'.

Se establece que si la cosa perdida reaparece, el acreedor puede reclamarla, restituyendo el precio que haya recibido por ella. El artículo 1730 del Código Civil establece una presunción legal: si la cosa perece bajo el poder del deudor, se presume que fue por su culpa. Esta presunción, sin embargo, es refutable. El deudor puede desvirtuarla demostrando fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo de un tercero, o culpa exclusiva de la víctima. La carga de la prueba recae en el deudor (artículo 1733). El deudor puede pactar expresamente asumir la responsabilidad por la pérdida de la cosa, incluso en caso de fuerza mayor o caso fortuito (artículo 1732). Esta presunción de culpa no opera si el deudor demuestra que la pérdida se debió a una causa ajena a su control y que la diligencia ejercida fue la que razonablemente se esperaría de una persona prudente y diligente en su situación. Se aclara que aún si el deudor ha robado o hurtado la cosa, esta presunción legal se puede rebatir por parte del deudor, pero solo si demuestra que la misma perdida hubiese ocurrido igual en manos del acreedor.

La sección inicia estableciendo la autonomía de la voluntad privada para crear negocios jurídicos, pero enfatiza que estos deben cumplir ciertos requisitos: capacidad de las partes, consentimiento libre de vicios, objeto y causa lícitos. Se menciona el artículo 1502 del Código Civil como punto de partida, aunque se aclara que se complementa con otras normas. Se detalla que la prestación debe ser posible, lícita, determinada y patrimonial, y en ciertos casos, se requiere una forma solemne (ej., escritura pública para la tradición de inmuebles). El incumplimiento de estos requisitos puede conllevar a la nulidad del negocio jurídico. Se establece una clara distinción entre los requisitos para la validez de un negocio jurídico y las consecuencias de su incumplimiento, que puede dar lugar a la nulidad del acto. Se introduce la idea de que la ausencia de estos requisitos puede derivar en la nulidad del contrato. Se hace hincapié en la importancia de cumplir con todos los requisitos para que el acto jurídico sea válido y produzca sus efectos.

Se diferencian la nulidad absoluta y la relativa. La nulidad absoluta afecta negocios que lesionan el orden público, mientras que la relativa afecta los intereses individuales de las partes. En la nulidad absoluta, la legitimación es amplia (ambas partes, incluso la parte que originó la nulidad, y causahabientes), y el juez la declara de oficio. La nulidad relativa, en cambio, solo puede alegarla la parte beneficiada, el juez no puede declararla de oficio y debe alegarse en las excepciones. La nulidad absoluta es de orden público, lo que significa que su declaratoria puede ser solicitada por cualquier persona, incluso por el juez de oficio. La nulidad relativa, por su parte, protege los intereses individuales de las partes involucradas, por lo que solo puede ser invocada por quien ha sufrido el perjuicio. La prescripción de la nulidad relativa es de cuatro años (artículo 1750 del Código Civil). Se hace una clara distinción entre la amplitud de la legitimación activa en la nulidad absoluta y la más restringida en la nulidad relativa.

Se define la rescisión por lesión enorme como un mecanismo para anular contratos que presentan una desproporción excesiva en el precio de los bienes inmuebles. Se establece que para que opere esta figura se necesitan varios requisitos: que se trate de bienes inmuebles, que exista una desproporción objetivamente enorme entre el precio pagado y el valor real del bien (ej., pagar el doble o vender a menos de la mitad del valor real), y que la lesión no haya sido renunciada. El artículo 1950 establece la invalidez de la renuncia a la acción rescisoria en el momento de celebrar el contrato; sin embargo, la jurisprudencia admite la ratificación posterior del contrato, que equivaldría a una renuncia posterior a la celebración del contrato. Se destaca la jurisprudencia que considera que la renuncia a la acción rescisoria solo es inválida si se hace en el momento de la celebración del contrato; una renuncia posterior se interpreta como una ratificación. Se menciona la posibilidad de exigir cumplimiento de la obligación, resolución del contrato, o indemnización de perjuicios. Se aclara que la lesión enorme, en principio, solo opera para bienes inmuebles, aunque puede aplicarse a otros bienes costosos (barcos, vehículos) pero sin el mecanismo de la acción de rescisión.

La sección se centra en la distinción entre la nulidad absoluta y la relativa de los negocios jurídicos. La nulidad absoluta se declara cuando el negocio jurídico lesiona el orden público; su legitimación es amplia, pudiendo ser alegada por cualquiera de las partes, incluso de oficio por el juez, y la prescripción no aplica. La nulidad relativa, por el contrario, protege intereses individuales y solo puede ser alegada por la parte afectada; el juez no la declara de oficio y tiene una prescripción de cuatro años (artículo 1750 del Código Civil). Se enfatiza la diferencia entre el interés público afectado en la nulidad absoluta y el interés privado afectado en la nulidad relativa. En la nulidad absoluta, la acción para declarar la nulidad no prescribe. En la nulidad relativa, la acción prescribe a los cuatro años. La legitimidad para solicitar la nulidad es mucho más amplia en la nulidad absoluta que en la nulidad relativa.

Se analiza la legitimación para alegar la nulidad, tanto activa (quién puede alegarla) como pasiva (contra quién se puede alegar). En la nulidad absoluta, la legitimación activa es amplia; puede ser alegada por ambas partes, incluso por aquella que causó la nulidad, y por sus causahabientes a título singular o universal. La nulidad absoluta puede ser declarada de oficio por el juez. En la nulidad relativa, la legitimación activa es más restringida: solo la parte en cuyo beneficio se establece la nulidad puede alegarla. El juez no puede declararla de oficio; debe ser alegada por la parte interesada a través de las excepciones. Se detalla que la parte que incumplió un contrato también puede alegar la nulidad absoluta, independientemente de su participación en la causal de nulidad. Se subraya la diferencia de alcance entre la legitimación activa de la nulidad absoluta y la relativa, con mayor amplitud en el primer caso y un alcance más limitado en el segundo. La figura de los causahabientes se introduce como sujetos con legitimidad para alegar la nulidad a título singular o universal.

La sección se centra en la rescisión por lesión enorme, específicamente en los requisitos para su aplicación. El primero es que se trate de bienes inmuebles; otros bienes pueden estar sujetos a lesión enorme, pero no a la acción de rescisión. El segundo es la existencia de una desproporción objetivamente enorme entre el precio pagado y el justo precio (valor comercial del bien en el momento del negocio). Se dan ejemplos de lesión para el comprador (pago excesivo) y para el vendedor (precio muy bajo). Es indispensable que la lesión enorme no haya sido renunciada, aunque la jurisprudencia diferencia la renuncia inicial de la ratificación posterior. El artículo 1950 se menciona en relación con la prohibición de renunciar a la acción rescisoria en el momento de la celebración del contrato. La jurisprudencia, sin embargo, permite la ratificación posterior del contrato, lo que, en la práctica, equivale a una renuncia posterior, que sí es válida. Se aclara que en este caso se está frente a un tema de bienes inmuebles, y que su aplicación a otros tipos de bienes no esta contemplada en esta acción, aunque sí podría haber lesión en otro tipo de bienes.

Se describen las acciones disponibles para el contratante que cumplió sus obligaciones contractuales ante el incumplimiento de la otra parte. Puede exigir el cumplimiento de la obligación o la resolución del contrato, con o sin indemnización de perjuicios, según el principio de que quien puede lo más puede lo menos. La jurisprudencia se cita para aclarar que la acción de cumplimiento solo corresponde a quien ha cumplido sus obligaciones y el demandado se encuentra en mora. Se menciona la posibilidad de pedir, por separado, la indemnización por perjuicios. Se hace mención de las cláusulas penales, donde por regla general no se puede pedir conjuntamente cláusula penal e indemnización por perjuicios, a menos que las partes lo hayan estipulado expresamente (artículo 1600 del Código Civil). Se concluye que la condición resolutoria permite al contratante que cumplió exigir el cumplimiento o la resolución del contrato, con la posibilidad en ambos casos de reclamar una indemnización por perjuicios. Se menciona la posibilidad de demandar separadamente la acción indemnizatoria, de la acción resolutoria o la acción de cumplimiento.