Justicia Restaurativa en Colombia

El análisis del caso de Sierra Leona comienza describiendo el conflicto armado entre 1991 y 2002, protagonizado por el Frente Unido Revolucionario (RUF), liderado por Foday Sankoh, y los diferentes gobiernos sierraleoneses. Se destaca la participación de 14 grupos étnicos, principalmente los temnes (RUF) y los mendes, complicando aún más el conflicto. El texto resalta el rol crucial del comercio de diamantes en la financiación y prolongación de la guerra, mostrando cómo este interés económico se entrelazó con las diferencias étnicas para alimentar la violencia. Se menciona que la independencia de Sierra Leona dejó al país en una situación de crisis económica, lo que exacerbó el conflicto. La documentación de las características del conflicto destaca la participación de las diversas partes involucradas, la influencia del comercio de diamantes, y el impacto de la violencia en la sociedad. Se menciona también la expansión del concepto de víctimas a comunidades enteras, dada la estrategia de terror utilizada para el control territorial, resultando en un fenómeno de desplazamiento masivo que afectó significativamente el tejido social del país, según Lair (2003). Se hace referencia a autores como Mateos (2011), Marchal y Messiant, quienes analizan las características de este conflicto, incluyendo el papel de la “identity politics” y el etnonacionalismo.

La sección analiza las instituciones creadas para abordar la justicia transicional en Sierra Leona tras la guerra civil. Se describe la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en 1999, su objetivo de generar un clima de intercambio entre víctimas y victimarios, y su posterior dificultad para funcionar de acuerdo con lo planeado debido a la amnistía otorgada a Foday Sankoh y su grupo en los acuerdos de paz de Lomé. La intervención británica en 2000, que culminó con el arresto de Sankoh, permitió finalmente estabilizar la situación. Se analiza luego el rol del Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL), creado sin considerar la amnistía de 1999, basándose en los precedentes de Núremberg y los tribunales internacionales de Ruanda y la antigua Yugoslavia. Se menciona el juicio a Charles Taylor, ex presidente de Liberia, por su participación en el conflicto. La competencia temporal del TESL se limita a partir del 30 de noviembre de 1996, fecha del Acuerdo de Paz de Abidjan, por razones prácticas. El documento también describe las tensiones entre la CVR y el TESL, con un caso específico donde la prioridad del Tribunal sobre la Comisión impidió profundizar en ciertas investigaciones. El TESL funcionó hasta 2013, juzgando a figuras clave del conflicto, estableciéndose como un primer ejemplo de Tribunal internacional exitoso en este tipo de situación, pero se señala la ausencia de un enfoque en la reparación de víctimas dentro de sus procedimientos judiciales.

La sección sobre Colombia contextualiza el largo conflicto armado interno, destacando su duración (más de 50 años) y su complejidad en comparación con Sierra Leona. Se mencionan los periodos clave del conflicto, incluyendo la época de “La Violencia” (1946-1953), el surgimiento de las guerrillas y los grupos paramilitares en la década de 1980 y 1990, y el auge del narcotráfico. Se analiza el papel del gobierno en estos procesos, incluyendo intentos fallidos de diálogo y negociación. El texto expone la colaboración entre el ejército y grupos paramilitares, llevando a masacres como la de Manirían en 1997, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se menciona la influencia del Plan Colombia y las políticas de Álvaro Uribe Vélez en el fortalecimiento de las fuerzas armadas y la negociación con grupos paramilitares. La administración de Juan Manuel Santos y las negociaciones de paz con las FARC en 2012 y 2016 son también revisadas, incluyendo el resultado sorpresivo del plebiscito de 2016. La sección concluye destacando la larga historia del conflicto, sus múltiples actores, y las dificultades para lograr una paz estable y duradera. La complejidad del conflicto colombiano, con un gran número de víctimas y victimarios, se destaca en relación a las dificultades para la reparación y la reconciliación. La disputa por la tierra y los recursos, así como las similitudes en las prácticas de guerra (reclutamiento forzado y violencia sexual) son mencionadas como puntos de comparación con Sierra Leona.

Esta sección realiza una comparación entre las experiencias de Sierra Leona y Colombia en justicia transicional, enfocándose en las similitudes y diferencias en sus enfoques. Se destaca la diferencia en la duración e intensidad de los conflictos, la connotación étnica más presente en Sierra Leona, y similitudes en cuanto a la disputa de recursos y prácticas de guerra. En Colombia, se analiza el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo el papel de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Se subraya la diferencia clave en la relación entre instituciones judiciales y extrajudiciales: mientras que en Sierra Leona existe una separación más radical entre el Tribunal Especial y la Comisión de la Verdad, en Colombia se busca una mayor cooperación, aunque manteniendo la naturaleza extrajudicial de la Comisión. El papel central de las víctimas en el proceso colombiano se contrasta con la experiencia sierraleonesa, donde las víctimas tuvieron un papel menos protagónico en el Tribunal Especial. El documento finaliza destacando que la experiencia sierraleonesa sirve como lección para Colombia, enfatizando la necesidad de una interacción más fluida entre las diferentes instituciones de justicia transicional, para así lograr un reconocimiento de la verdad histórica más completo y una reparación más efectiva a las víctimas.

El documento inicia describiendo el conflicto armado en Sierra Leona, que comenzó en 1991 con la formación del Frente Unido Revolucionario (RUF) bajo el liderazgo de Foday Sankoh. El conflicto involucró a diversos grupos étnicos, principalmente temnes (RUF) y mendes, intensificado por la competencia por recursos naturales, especialmente diamantes. Esta lucha por el control de yacimientos de diamantes, según se indica, jugó un papel fundamental en el sostenimiento de la guerra durante 10 años. Se destaca que el conflicto se desarrolló en un contexto de crisis económica posterior a la independencia del país, lo cual se considera un factor que contribuyó a la inestabilidad. Diversos autores, incluyendo Mateos (2011), analizan las características del conflicto, sus causas, y su naturaleza, situándolo dentro del contexto de las denominadas “emergencias políticas complejas” en África subsahariana tras la Guerra Fría. El uso del terror y la violencia contra la población civil llevó al desplazamiento masivo de personas, causando daños profundos al tejido social, como se observa en las referencias a Lair (2003).

Se analiza el papel de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Sierra Leona, establecida inicialmente en 1999 luego de un acuerdo de paz. Sin embargo, debido a la reanudación del conflicto, la CVR comenzó a funcionar recién en 2002. El documento destaca que la CVR fue pionera en el continente africano por ser la primera establecida como exigencia de un acuerdo de paz, la primera en incluir comisionados internacionales, y la primera en operar junto a un tribunal penal. Su mandato incluía la atención a las necesidades de las víctimas, la restauración de su dignidad humana, y la promoción de la sanación y la reconciliación, aunque el término “reparaciones” no se usaba explícitamente en la ley que la creó. Se enfatiza la importancia de la verdad como componente clave de la reconciliación, citando a José Zalaquet, miembro de la Comisión Chilena de la Verdad y Reconciliación, quien destaca la necesidad de conocer la verdad para poder prevenir futuros conflictos. La CVR buscó el reconocimiento de las víctimas y la protección de su derecho a la verdad, haciendo accesible al público la información recopilada, lo cual contribuyó a disminuir el sentimiento de indefensión común tras este tipo de conflictos.

Se describe la creación del Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL) y su funcionamiento hasta 2013. A diferencia de la CVR, el TESL se enfocó en la justicia penal, sin considerar la amnistía de 1999 para líderes rebeldes como Foday Sankoh, basándose en la jurisprudencia internacional de los tribunales de Núremberg, Ruanda y la antigua Yugoslavia. Se destaca el juicio y condena de Charles Taylor, ex presidente de Liberia, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Sierra Leona. Sin embargo, el documento subraya la falta de mecanismos de reparación a las víctimas dentro del TESL. Se argumenta que las víctimas fueron tratadas como simples testigos, sin un espacio específico para el reconocimiento de su sufrimiento o la reparación de los daños causados. La ausencia de un enfoque explícito en la reparación en las sentencias del TESL, según el texto, demuestra la limitación de este mecanismo en su abordaje de la justicia transicional. La comparación entre el enfoque del TESL y la CVR ilustra los desafíos de equilibrar la justicia penal con la reparación de las víctimas en procesos de justicia transicional.

El documento describe el conflicto armado colombiano como uno de los más largos del continente, con una duración superior a 50 años. Se destaca su complejidad, involucrando guerrillas (FARC, ELN), grupos paramilitares, y el Estado como actores principales. Se identifican causas como la disputa por la tierra y los recursos, la explotación minera, y el centralismo estatal. Se menciona la presencia de prácticas de guerra comunes a varios conflictos armados, tales como el reclutamiento forzado de menores y la violencia sexual. El texto hace referencia a periodos específicos del conflicto, incluyendo “La Violencia” (1946-1953), el auge de las guerrillas y el paramilitarismo (1982-1996), la influencia del narcotráfico, y los intentos fallidos de negociación durante diferentes gobiernos. Se menciona el gobierno de Belisario Betancur y los diálogos de paz, el surgimiento de la Unión Patriótica y su posterior exterminio, y la creciente fuerza de grupos paramilitares y la colaboración entre estos y las fuerzas armadas durante el gobierno de Ernesto Samper, llegando a masacres como la de Manirían en 1997 (condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Finalmente, se resumen los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, con su fortalecimiento militar y el Plan Colombia, y la administración de Juan Manuel Santos, que culminó con el acuerdo de paz con las FARC en 2016, a pesar del resultado del plebiscito.

En contraste con el caso de Sierra Leona, el documento describe el enfoque de la justicia transicional en Colombia tras el acuerdo de paz con las FARC. Se destaca la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y la importancia del reconocimiento de las víctimas, que, en el caso colombiano, se complica por el hecho de que muchas de estas fueron también victimarios. Se crea la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, definida como un mecanismo extrajudicial que busca conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de violaciones e infracciones, promover el reconocimiento de las víctimas y sus responsabilidades, y promover la convivencia para garantizar la no repetición. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también tiene un rol fundamental, pero el documento enfatiza la clara separación entre los procedimientos de la Comisión y el papel de la Jurisdicción Especial, asegurando que la información de la Comisión no se puede usar para imputar responsabilidades penales. Se menciona que, a diferencia de Sierra Leona, no habrá una separación absoluta entre las dos instituciones, pues la información recogida por la JEP servirá de insumo para el informe final de la Comisión.

El documento introduce el concepto de Justicia Restaurativa (JR) en el contexto de la reparación de daños causados por el conflicto. Se define la JR, citando a Bolívar, Van Ness y Strong, como un paradigma que promueve la sanación de los afectados por un delito, incluyendo al ofensor. Se enfatiza que la JR prioriza la atención a la víctima, garantizando su protección y el restablecimiento de la paz social a través del diálogo entre las partes. Se menciona la centralización de la víctima en este proceso, y cómo su restauración contribuye a la construcción de nuevos tejidos sociales. El texto hace referencia a autores como Márquez (2009), Segovia y Ríos (2010), y Subijana Zunzunegui (2012) sobre la justicia restaurativa. Se concluye que la transición colombiana busca construir nuevas relaciones sociales donde los victimarios se reconozcan como tales, las víctimas los reconozcan como ciudadanos iguales, y se establezca un diálogo comunitario que facilite un relato completo del conflicto, incluyendo sus orígenes, desarrollo, participantes y conclusión.

Esta sección compara los modelos de justicia transicional implementados en Sierra Leona y Colombia, destacando las diferencias en sus estructuras y resultados. En Sierra Leona, la coexistencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y el Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL) generó tensiones, ya que la prioridad del TESL en la justicia penal limitó la capacidad de la CVR para una reparación integral a las víctimas. En contraste, Colombia, con el acuerdo de paz de 2016, optó por un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que integra la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con una relación más colaborativa, aunque manteniendo la naturaleza extrajudicial de la CEV. Se enfatiza que la experiencia de Sierra Leona enseña que una separación total entre instituciones de transición puede ser perjudicial para la reparación completa de las víctimas, mientras que el modelo colombiano busca una mayor integración de la verdad histórica y la reparación.

Se analiza el rol de las víctimas en ambos procesos de justicia transicional. En Sierra Leona, el Tribunal Especial priorizó la justicia penal, relegando a las víctimas a un papel secundario como meros testigos, sin mecanismos explícitos de reparación. Esto contrasta con el enfoque del acuerdo de paz colombiano, donde se enfatiza la centralidad de las víctimas y su derecho a la verdad y la reparación. Se destaca que la experiencia de Sierra Leona resalta la necesidad de considerar integralmente la reparación en los procesos de justicia transicional, incluyendo el reconocimiento del daño y la restauración de la dignidad humana. La falta de una etapa de reparación en el TESL, a diferencia del énfasis colombiano en la reparación, es un punto clave en la comparación. La Ley que creó la Comisión de la Verdad de Sierra Leona, aunque no usaba explícitamente el término “reparaciones”, sí instruía a la Comisión a atender las necesidades de las víctimas y restaurar su dignidad. Se enfatiza también la importancia del enfoque de la justicia restaurativa, que se centra en la sanación tanto de las víctimas como de los victimarios.

La conclusión del documento resalta la importancia de aprender de las experiencias de Sierra Leona y Colombia en la implementación de la justicia transicional. Se subraya la necesidad de evitar una separación absoluta entre instituciones judiciales y extrajudiciales, como se evidenció en el caso de Sierra Leona. La experiencia colombiana, con su enfoque más integrado entre la búsqueda de la verdad y la reparación, ofrece un modelo alternativo. Se destaca la importancia de un papel central para las víctimas en ambas etapas del proceso, garantizando que la reparación sea completa y efectiva. La comparación revela que la justicia transicional requiere un diseño cuidadoso que considere los detalles específicos de cada contexto, priorizando el acceso a la verdad, la reparación, y la no repetición, como pilares fundamentales para lograr una paz duradera. Se destaca la judicialización de figuras clave como Charles Taylor y Foday Sankoh en Sierra Leona como un logro importante para las víctimas, demostrando que la verdad sobre los responsables es vital. De igual manera, se enfatiza la importancia de que la verdad histórica en Colombia se reconstruya a partir de los testimonios de quienes sufrieron el conflicto y no solo desde la élite política y económica.