Derechos Infancia: Procuraduría

Esta sección explora el marco normativo internacional que protege los derechos del niño, examinando su evolución y las implicaciones para el interés superior del niño. Se analiza la Convención Americana sobre Derechos Humanos, destacando la obligación de los Estados parte de respetar y garantizar los derechos del niño, aunque no los trate de manera específica, citando los artículos 8, 19 y 25 como ejemplos relevantes. Se profundiza en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, que reconoce a los niños como sujetos de derechos, estableciendo principios como el respeto a su opinión, la supervivencia y el desarrollo, la no discriminación, y sobre todo, el interés superior del niño. Este último principio es identificado como fundamental para resolver conflictos relacionados con la garantía y violación de los derechos infantiles. La sección resalta la importancia de estos principios como guía hermenéutica para las decisiones judiciales que afecten a los menores, recalcando la necesidad de considerar la situación actual de los niños al tomar decisiones. Se hace énfasis en que la Convención de 1989, a diferencia de tratados previos, incluye explícitamente a niñas y niños, evitando una interpretación restrictiva del término 'niño'.

Se analiza el marco normativo colombiano relacionado con la protección de los derechos del niño, con especial atención al artículo 44 de la Constitución Política. Este artículo enumera los derechos fundamentales del niño (vida, integridad física, salud, educación, etc.) y establece la protección contra diversas formas de abuso y explotación. Se introduce el concepto de corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado en la atención, cuidado y protección del niño. Se argumenta que el derecho internacional público limita el ejercicio arbitrario del poder estatal, estableciendo que los Estados son responsables de las violaciones a los derechos del menor. Sin embargo, la corresponsabilidad implica una acción conjunta de la familia, la sociedad y el Estado para garantizar la protección efectiva de los derechos del niño, creando una responsabilidad solidaria entre todos los actores. Se discuten ejemplos de vulneraciones de derechos, como la separación de niños de sus familias por falta de recursos, la privación de libertad sin las debidas garantías, y la falta de derecho a la defensa en procedimientos judiciales o administrativos. Se resalta la importancia de la Ley 1098 del 2006 en Colombia para implementar mecanismos de protección más rigurosos y coercitivos para los niños.

Esta sección profundiza en la interpretación y aplicación del principio del interés superior del niño, basándose en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional de Colombia. Se enfatiza que este principio no es un concepto abstracto, sino que debe considerarse en el contexto de las circunstancias individuales de cada menor, requiriendo una ponderación cuidadosa con otros derechos conexos. La Corte Constitucional de Colombia, en varias sentencias (T-412 de 2000, T-510 de 2003), establece criterios para la determinación del interés superior del niño, incluyendo la garantía de un desarrollo integral (físico, psicológico, afectivo, intelectual, ético) y el equilibrio entre los derechos del niño y los de sus padres. Se citan las características del interés superior del niño según la Corte Constitucional: debe ser real, fundarse en las necesidades y aptitudes del menor, ser independiente de criterios arbitrarios, sujetarse a una ponderación de intereses en conflicto, y demostrar un beneficio real para el desarrollo armónico del menor. Se discute la crítica a la falta de claridad en la convención sobre este principio, y se propone que el interés superior del niño debe ser considerado como un derecho sustantivo, un principio interpretativo fundamental, y una norma de procedimiento. La opinión consultiva de la Corte Interamericana se presenta como un documento clave para comprender la relación del menor con el Estado en materia de políticas públicas.

Esta sección describe las funciones de la Procuraduría General de la Nación en Colombia, especialmente la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia. Se destaca su rol como garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y la institución familiar. Su función incluye la defensa de las disposiciones constitucionales y legales, así como la facultad de promover el cumplimiento de normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos, según el artículo 26 del Decreto 262 de 2000. Se menciona la función preventiva de la Procuraduría, centrada en la vigilancia del actuar de los servidores públicos y la advertencia de hechos que puedan violar las normas vigentes. También se describe su función de intervención en diferentes jurisdicciones (Contencioso Administrativa, Constitucional, Penal, Civil, etc.), actuando de manera imperativa, pero selectiva, en defensa de los derechos y el interés público. Se subraya la importancia de que la Procuraduría garantice el interés superior del niño en todas sus acciones.

Se analiza críticamente la actuación de la Procuraduría General de la Nación en casos concretos, particularmente en la controversia alrededor de la adopción de menores por parejas del mismo sexo. Se argumenta que en estos casos, los pronunciamientos de la Procuraduría han estado influenciados por factores religiosos, morales y culturales, en lugar de criterios jurídicos sólidos. Se cita la Sentencia C-683 de 2015 de la Corte Constitucional, que si bien reconoce el derecho a la adopción para parejas del mismo sexo basándose en el interés superior del menor, contrasta con los argumentos presentados por la Procuraduría, los cuales no fueron considerados convincentes por la Corte. Se destaca que la Corte Constitucional ha establecido que la adopción debe estar concebida para el beneficio y protección del menor, y no prioritariamente para satisfacer los deseos de los adoptantes. Se afirma que la Procuraduría debe basar sus intervenciones en criterios objetivos y jurídicos, alejándose de valoraciones subjetivas que comprometan la imparcialidad y la protección efectiva de los derechos del niño.

Esta sección se centra en la necesidad de que la Procuraduría actúe con imparcialidad y proporcionalidad al aplicar las medidas de protección para los niños. Se critica que en ciertos casos su actuación se ha visto afectada por preceptos sociales, morales o religiosos, en lugar de priorizar criterios jurídicos estrictos. Se propone la implementación de un test de proporcionalidad en sus pronunciamientos, asegurando que las medidas de protección impuestas beneficien integralmente al menor y eviten futuras vulneraciones de sus derechos. Se recalca que la función de la Procuraduría es esencialmente propender y garantizar los derechos del menor, sin dejar de lado su obligación de amparar los derechos humanos de todos los ciudadanos colombianos, evitando las valoraciones subjetivas en temas polémicos. Se hace un llamado a la Procuraduría para que su actuar sea congruente con los principios del interés superior del niño y los instrumentos legales internacionales, evitando la parcialidad y asegurando una protección integral y eficaz para los menores.

Esta sección analiza la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia referente al interés superior del niño. Se mencionan varias sentencias (T-412 de 2000, T-510 de 2003, T-397 de 2004) que establecen parámetros para la correcta aplicación de este principio. La sentencia T-412 de 2000, por ejemplo, detalla las características del interés superior del niño: debe ser real, fundarse en sus necesidades y aptitudes, ser independiente de criterios arbitrarios, someterse a una ponderación de intereses en conflicto, y resultar en un beneficio real para su desarrollo. Otras sentencias enfatizan la garantía del desarrollo integral del menor, la protección ante riesgos prohibidos (alcoholismo, drogadicción, explotación), el equilibrio con los derechos de los padres, y la necesidad de razones poderosas para la intervención estatal en la relación paterno-filial. Se destaca que la protección del interés superior del niño no se limita al ámbito jurídico, sino que abarca aspectos físicos, psicológicos, afectivos, intelectuales y éticos. La Corte Constitucional enfatiza la necesidad de una ponderación entre los diferentes derechos del niño para evitar el quebranto de otros derechos conexos.

La sección presenta la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el interés superior del niño, centrándose en la Opinión Consultiva 17/2002. Esta opinión se considera relevante porque aborda la vigencia de los derechos y garantías de los niños en jurisdicciones penal, civil y administrativa en América. La Corte identifica prácticas comunes que vulneran los derechos del niño, incluyendo la separación de niños de sus familias sin las debidas garantías, la privación de la libertad sin causa justificada, la aceptación de confesiones sin las debidas garantías, y la falta de derecho a ser oído. La Corte Interamericana destaca la necesidad de ponderar no solo las medidas especiales, sino también las características particulares de cada situación. Se menciona que el interés superior del niño se basa en la dignidad humana, sus características propias, y la necesidad de propiciar su desarrollo, teniendo como fundamento el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se analiza la crítica a la discrecionalidad que permite la convención, y cómo el interés superior del niño requiere una aplicación justa que equilibre los intereses del individuo, la comunidad, el niño y sus padres.

Se describe la Ley 1098 de 2006 de Colombia, que implementa mecanismos para la protección integral del niño, niña y adolescente. Se enumeran las medidas de protección que establece, incluyendo amonestación con cursos pedagógicos, retiro de actividades ilícitas y ubicación en programas especializados, ubicación inmediata en un medio familiar o en centros de emergencia, la adopción, y otras medidas que garanticen la protección integral. Se menciona el artículo 53 de la ley, que detalla estas medidas, y se destaca el rol del ICBF en la definición de lineamientos técnicos para garantizar los derechos de los niños. Se discute la controversia social y gubernamental generada por la autorización de la adopción para parejas del mismo sexo, analizando la Sentencia C-683 de 2015, que delimita la discrecionalidad de las autoridades (ICBF y Procuraduría) para garantizar el interés superior del niño, estableciendo los efectos jurídicos de la adopción y sus requisitos. Se enfatiza que la ley prioriza el interés superior del menor sobre los derechos del adoptante.

La conclusión principal del documento es que la actuación de la Procuraduría General de la Nación en la defensa del interés superior del niño no es totalmente acorde con la Opinión Consultiva 17/2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se argumenta que la aplicación del principio del interés superior del niño ha sido parcial, influenciada por factores religiosos, morales y culturales más que por criterios jurídicos. Se critica la falta de un test de proporcionalidad en sus pronunciamientos, que garantice el beneficio integral del menor con las medidas de protección impuestas. La inconsistencia de la Procuraduría frente a las disposiciones internacionales se atribuye a su falta de imparcialidad, quedando en evidencia una función de amparo ineficaz. Se recomienda un análisis más profundo de las situaciones que vulneran los derechos del menor, priorizando la elección de la medida menos gravosa. El documento resalta la necesidad de que la Procuraduría priorice los derechos del menor por encima de intereses subjetivos o particulares.

La sección ilustra la inconsistencia de la Procuraduría a través de ejemplos concretos. En el tema de la adopción por parejas del mismo sexo, se señala que sus argumentos han sido predominantemente religiosos y morales, careciendo de sustento jurídico sólido ante la Corte Constitucional. Este actuar, se argumenta, erosiona la confianza pública en la institución. Se menciona la falta de congruencia entre la postura de la Procuraduría y los preceptos constitucionales y legales que obligan a la garantía de los derechos del niño y los derechos humanos en general. Se destaca la injerencia de valoraciones morales y religiosas en la toma de decisiones, contrarias a lo establecido en los instrumentos legales internacionales y nacionales. Además, se señala la omisión de la Procuraduría frente a la problemática de la desnutrición infantil en Colombia, particularmente en regiones como La Guajira, Meta y Magdalena, donde se presentan altas tasas de mortalidad infantil relacionada con la desnutrición. A pesar del conocimiento de esta situación por parte de la Procuraduría, su respuesta ha sido tibia y se constata una omisión en su labor de proteger al menor, dejando al Estado como único responsable en un rol subsidiario.

La conclusión final reitera la necesidad de una protección integral y eficaz del niño en Colombia. Se hace hincapié en la importancia de adaptar la legislación y sus interpretaciones a las realidades sociales cambiantes, utilizando la jurisprudencia nacional e internacional como guía para garantizar una protección adecuada. Se destaca que el amplio ámbito de aplicación del principio del interés superior del niño requiere una interpretación cuidadosa y contextualizada, evitando decisiones indeterminadas o arbitrarias. Se propone la necesidad de un análisis exhaustivo de las diferentes situaciones que afectan a los niños y la selección de las medidas menos gravosas para su bienestar. Se evidencia una necesidad de cambiar la actuación de la Procuraduría, abandonando valoraciones morales o religiosas y adoptando un enfoque jurídico imparcial en la protección de los derechos del menor. La protección eficaz y prioritaria de los derechos del niño se presenta como un asunto crucial que requiere la acción decidida de las autoridades.