Derecho Laboral: 100 años OIT

El texto inicia explorando la evolución histórica de la idea de progreso, desde las perspectivas cíclicas de Bodin hasta las concepciones lineales de Bacon y Descartes. Se analiza cómo el darwinismo, aplicado a las ciencias sociales, influyó en la comprensión del progreso y el éxito de las naciones, una perspectiva que no fue cuestionada hasta el siglo XX. Se destaca el papel del positivismo en la concepción del progreso, priorizando lo medible por encima de lo metafísico. Se contrastan las visiones utópicas del socialismo, como las de Saint-Simon, que veían el progreso como un avance hacia un futuro ideal, con las realidades del capitalismo y la globalización. Esta sección establece una base crucial para comprender cómo las ideas sobre progreso han impactado las políticas sociales y económicas, especialmente en relación con la justicia social y el desarrollo, temas centrales en el análisis de la OIT y sus objetivos.

La sección se centra en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), su creación en 1919 y su papel preponderante en la búsqueda de la justicia social a nivel internacional. Se describe la importancia de la OIT en la construcción de una paz duradera después de la Primera Guerra Mundial, reflejada en una nueva ola constitucional que buscaba regular la vida cotidiana del ciudadano. Se resalta la visión de la OIT sobre el trabajo como herramienta para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida, y se mencionan las siete iniciativas planeadas para su centenario en 2019, enfocadas en desafíos como la tecnología, el cambio climático, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la gobernanza para la justicia social. Esta parte del documento enfatiza la misión de la OIT y su impacto global, estableciendo el contexto para el análisis de su influencia en Colombia.

Esta sección aborda la relación entre el desarrollo económico, la globalización y la división internacional del trabajo. Se analiza cómo el interés de los países industrializados en el desarrollo se relaciona con los postulados keynesianos y la necesidad de controlar las presiones internas del sistema capitalista en el siglo XX. Se cita a Édgar Meléndez para explicar la división internacional del trabajo como un mecanismo que ha llevado a la especialización de algunos países en la producción de materias primas, mientras otros monopolizan la producción de bienes manufacturados, generando desigualdad y subdesarrollo. Se examinan las transformaciones económicas del capitalismo trasnacional, incluyendo un fuerte sistema financiero global, producción flexible, bajos costos de transporte y la revolución tecnológica. Se menciona el análisis de André Gunder Frank y académicos marxistas sobre la relación entre desarrollo y subdesarrollo, como marco para entender la distribución desigual de la riqueza y la pobreza a nivel global. El análisis de la “nueva economía global” y su combinación de tecnología avanzada con fuerza de trabajo barata y superexplotada concluye esta sección.

La sección explora el marco jurídico internacional y nacional que regula los derechos laborales en Colombia. Se mencionan las diferentes perspectivas sobre la globalización jurídica, con algunos juristas defendiendo el papel del Estado como único mecanismo de regulación, mientras otros apoyan una jurisdicción penal internacional basada en un derecho cosmopolita y la universalidad de los derechos humanos. Se discute el surgimiento de nuevas fuentes de derecho más allá del Estado, incluyendo organismos supranacionales (FMI, BM, OIT) y uniones económicas regionales. Se analiza la incidencia del derecho internacional en el ámbito económico, con nuevos esquemas contractuales que buscan liberalizar el comercio y la movilidad de capitales. Finalmente, se presenta la perspectiva de García Segura sobre las teorías en tensión para clasificar los actores internacionales, desde el realismo hasta el paradigma del sistema global, destacando la importancia de considerar las interacciones entre lo local y lo global.

Esta sección examina la incorporación del Convenio 169 de la OIT al ordenamiento jurídico colombiano y su impacto en el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Se destaca la importancia constitucional de este derecho, reconocido en la Constitución de 1991, en consonancia con el Convenio 169, que enfatiza el respeto a la relación especial de los pueblos tribales con las tierras que ocupan o utilizan. Se analiza la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre el alcance de este derecho, incluyendo las diferentes formas de participación ciudadana, desde la individual hasta la colectiva, a través de mecanismos como audiencias públicas, cabildos abiertos y consultas populares, aunque se reconoce la dificultad de que estas últimas sean realmente efectivas en la toma de decisiones a nivel regional o nacional. La sección sienta las bases para el análisis de la consulta previa como herramienta esencial para la protección de los territorios y derechos indígenas.

Esta parte se centra en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana en relación con el derecho a la consulta previa, libre e informada. Se describe la evolución de la interpretación de este derecho, desde la suspensión de proyectos extractivos hasta la exigencia de consentimiento libre e informado en ciertos casos. Se menciona el cambio en las decisiones judiciales en el siglo XXI, que ha llevado a cuestionar la dogmática y las reglas constitucionales previamente establecidas. Se analiza la introducción de nuevos elementos en el debate, como el desarrollo económico y la imposibilidad de vetar proyectos, lo que ha generado controversias sobre los criterios de aplicación de la consulta previa. La sección analiza las sentencias relevantes de la Corte Constitucional, mostrando la evolución de la comprensión judicial de este derecho fundamental.

Se analiza el Decreto 2334 de 2014, que establece mecanismos para la protección jurídica de las tierras y territorios indígenas, acorde con el Convenio 169 de la OIT. Se destacan los aspectos positivos del decreto, como el reconocimiento de la relación material e inmaterial entre los pueblos indígenas y el territorio, y la priorización de la protección de la posesión de territorios en riesgo de desplazamiento forzado. Sin embargo, también se mencionan las controversias generadas por el decreto, particularmente el plazo de veinte días para la respuesta de los pueblos indígenas, lo que se considera insuficiente y perjudicial para un proceso de consulta adecuada, que debería considerar los tiempos y espacios propios de reflexión de cada comunidad. El análisis critica la falta de cumplimiento de los criterios de buena fe y la falta de flexibilidad del procedimiento, vulnerando los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Esta sección presenta ejemplos concretos de la aplicación (o falta de ella) de la consulta previa en Colombia. Se analizan las afectaciones directas a los pueblos indígenas causadas por diversos proyectos de desarrollo y el conflicto armado. Se mencionan ejemplos como la explotación de recursos naturales (petróleo, minería), la erradicación de cultivos ilícitos, el ingreso de las Fuerzas Armadas en territorios indígenas, y los procesos de etnoeducación y etnorreparación. Se examinan casos específicos donde la Corte Constitucional ha definido los criterios para la consulta previa, incluyendo las sentencias SU-383 de 2003 (aspersiones aéreas de glifosato) y T-080 de 2017 (etnorreparación de la comunidad Carijona). La sección ilustra la complejidad del proceso de consulta previa en la práctica y la necesidad de considerar las especificidades culturales y contextuales de cada comunidad indígena.

Esta sección analiza la situación del trabajo decente en Colombia, destacando la alta prevalencia de la informalidad, tanto en zonas urbanas (49%) como rurales (88%). Se describe la informalidad no solo como una característica del mercado laboral colombiano, sino también como un factor que conlleva a peores condiciones de empleo y riesgos para los trabajadores debido a la falta de protección social. Se menciona la precariedad laboral, caracterizada por el incumplimiento de derechos mínimos como seguridad social y pago de horas extras, lo cual agrava el panorama del trabajo decente en el país. Se resalta la debilidad de la gobernanza del mercado laboral, tanto en la inspección y control como en la administración de justicia, como un factor contribuyente a la alta informalidad y la precariedad. Esta sección establece un panorama general de los desafíos en materia de derechos laborales en Colombia.

El texto examina el impacto de las políticas públicas en la generación de trabajo formal en Colombia, concluyendo que su efectividad es muy limitada. Se analiza la contradicción entre las políticas de trabajo decente y la realidad del mercado laboral colombiano, caracterizado por una creciente informalidad, tercerización, pobreza, precariedad laboral, violencia sindical y una escasa negociación colectiva. Se presentan datos concretos sobre las consecuencias negativas de esta situación: la desigualdad en el acceso a los beneficios laborales, un alto porcentaje de horas extras no remuneradas (más de nueve de cada diez) y una alta tasa de informalidad en las microempresas (seis de cada diez). La sección concluye que, a pesar de las políticas implementadas por el gobierno, el balance en cuanto al trabajo decente es negativo debido a la debilidad de la gobernanza.

Se aborda el análisis de los derechos laborales fundamentales y su protección en la legislación colombiana. Se cita el artículo 25 de la Constitución Política de 1991, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social, sujeto a la especial protección del Estado, garantizando condiciones dignas y justas. Se mencionan los principios fundamentales del artículo 53 de la Carta, como la igualdad de oportunidades, la remuneración mínima, la estabilidad en el empleo, y la primacía de la realidad sobre las formalidades. Se destacan los avances en la legislación colombiana para la protección de personas con discapacidad, con la Ley 82 de 1998 y la Ley 1346 de 2009 (ratificando el Convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU), así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la estabilidad laboral de las personas con discapacidad. La sección resalta la necesidad de una legislación que garantice condiciones dignas y justas para todos los trabajadores.

Esta sección presenta datos sobre el mercado laboral colombiano, como la disminución de la tasa de desempleo en 2015 (8.9%, la más baja desde 2001) y el aumento del número de ocupados (superando los 22 millones en el último trimestre de 2015). También se analizan las tasas de desempleo de mujeres y jóvenes, mostrando una disminución progresiva, aunque persiste una brecha de género. Se destaca que, a pesar de estos datos positivos, la informalidad y la precariedad laboral continúan siendo los principales retos para el trabajo decente en Colombia. Se concluye que, si bien hay avances en la reducción del desempleo, las políticas públicas requieren mayor efectividad para generar trabajo formal y combatir la desigualdad en el mercado laboral colombiano. El informe de la OIT sobre la alta informalidad y la debilidad de la gobernanza en materia laboral sustenta esta conclusión.

Esta sección contextualiza el reconocimiento de los derechos étnicos en Colombia, destacando sus orígenes coloniales y la lucha histórica de los pueblos indígenas y afrocolombianos por alcanzar relaciones más democráticas dentro del país. Se describe la ubicación estratégica de Bogotá, en el corazón del poder colonial y republicano, como un espacio de concentración de diversas nacionalidades que se expresan en la vida cotidiana de la ciudad. Se menciona la integración de inmigrantes europeos y de otras latitudes dentro del marco de una democracia liberal, contrastándola con la situación de los grupos étnicos. Se establece que el mestizaje y la apropiación criolla del territorio han sido elementos importantes en la configuración de la sociedad colombiana, pero no necesariamente han resultado en la plena inclusión y reconocimiento de los derechos de todos los grupos. Esta sección sienta las bases para la comparación con Brasil.

La sección realiza una comparación entre Colombia y Brasil en relación con las políticas públicas para el reconocimiento de la cultura afrodescendiente. Se menciona la existencia de la Cátedra Afrodescendiente en Colombia, pero se señalan las dificultades en su implementación. Se plantea la problemática de evaluar la efectividad de una cátedra de reconocimiento en un contexto donde la población beneficiada tiene un alto índice de analfabetismo. Este contraste se utiliza para ilustrar cómo los indicadores utilizados por los relatores de la ONU para medir el desempeño de las políticas de los Estados reflejan la discriminación efectiva de estas poblaciones cuando, en la práctica, no tienen acceso a los sistemas estandarizados. Se utiliza la experiencia de Brasil para ofrecer un marco comparativo para entender los desafíos en la implementación de políticas públicas que buscan el reconocimiento pleno de los derechos étnicos.

Se cita el Informe del Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia (E/CN.4/2004/18/Add.3, Colombia, 23 de febrero de 2004) para ilustrar la situación precaria de los indígenas, comunidades afrocolombianas y romaníes en Colombia. Se destaca que a pesar del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, y la aprobación de leyes e instituciones, la situación de estos grupos sigue siendo preocupante, especialmente debido al conflicto interno que absorbe gran parte de los recursos del estado. Se menciona el avance en la adjudicación de títulos de propiedad a comunidades afrocolombianas, pero se resalta que la situación socioeconómica de estas poblaciones sigue siendo motivo de preocupación, así como la persistencia de prejuicios en la población general. Esta sección enfatiza las limitaciones en la implementación efectiva de las políticas de reconocimiento de derechos étnicos.