Derecho a la Educación en San Juan de Lurigancho

El estudio sobre el derecho a la educación en San Juan de Lurigancho empleó una metodología descriptiva-correlacional, considerada una investigación de campo. Se basó en tres fases: recopilación de documentación, aplicación de encuestas y análisis de datos. La población de estudio consistió en funcionarios de la administración pública, a quienes se les aplicó un cuestionario politómico. La muestra se obtuvo mediante un sistema de muestreo aleatorio simple e intencional no probabilístico, asegurando la recolección de opiniones de toda la población muestral seleccionada. El objetivo principal fue indagar sobre la incidencia del derecho a la educación en los agentes educativos y sociales del distrito, buscando establecer una correlación entre una interpretación amplia del derecho a la educación y su impacto en la sociedad de San Juan de Lurigancho. Este diseño permitió obtener una visión completa del tema, considerando tanto datos cuantitativos como cualitativos.

Para contrastar la hipótesis general y las hipótesis específicas, se utilizó el modelo de regresión y correlación de variables. Los resultados indicaron que la hipótesis general, que postulaba que la interpretación amplia del derecho a la igualdad de la educación ha influenciado los sectores sociales de San Juan de Lurigancho, se confirmó (r = 0.8734; p < 0.05). Este hallazgo sugiere una fuerte relación entre una visión inclusiva del derecho a la educación y los cambios sociales en el distrito. Adicionalmente, el análisis exploró dimensiones del derecho a la educación relacionadas con los agentes educativos y sociales, como la libertad de elección de centro educativo por las familias y la libertad de enseñanza, aunque el nivel de influencia de estas variables no se detalla con precisión en este resumen.

Se resalta el deber del Estado de proporcionar los medios necesarios para satisfacer las necesidades educativas fundamentales de los ciudadanos. El documento enfatiza que este rol del Estado debe ir más allá de una simple provisión de recursos y debe extenderse a garantizar el acceso equitativo a la educación, especialmente para poblaciones vulnerables. Aunque no se detallan políticas específicas en esta sección, la necesidad de una intervención estatal activa para asegurar el derecho a la educación se presenta como un pilar fundamental. Se introduce la idea de que la falta de acción estatal en este sentido podría resultar en la delegación de la responsabilidad a terceros, quienes podrían no asegurar el cumplimiento pleno del derecho a la educación para todos, especialmente aquellos con menos recursos, exacerbando las desigualdades en el acceso a una educación de calidad.

El documento establece que el derecho a la educación es una preocupación mundial y una de las más acuciantes. Se destaca el papel de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la UNESCO en la promoción de este derecho, reconociendo su importancia para el desarrollo integral del ser humano, el progreso de las naciones y el buen funcionamiento de una sociedad democrática. La UNESCO, en particular, es mencionada como promotora de la educación para todos, enfatizando su rol en la colaboración entre naciones para asegurar el respeto universal a la justicia, la ley y los derechos humanos. Se alude a la Declaración Mundial sobre una Educación para Todos (UNESCO, 1990) y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) como hitos importantes en la consolidación de este derecho a nivel global. La necesidad de erradicar el analfabetismo a nivel mundial, como parte de la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, también es resaltada en relación a la importancia de la educación.

La investigación analiza la Ley Universitaria N° 23733 y las políticas educativas implementadas por la Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades en Perú, entre 1998 y 2001. Se evalúa si estas políticas educativas han afectado los derechos fundamentales, sociales y económicos garantizados por la Constitución Política del Perú. El análisis se centra en la calidad de la gestión institucional universitaria, considerando si esta ha respondido a las necesidades del desarrollo social, económico, tecnológico y cultural del país. El estudio cita la aplicación de encuestas a cien docentes universitarios (de cuatro universidades, dos públicas y dos privadas, y tres escuelas de postgrado) para obtener información sobre la situación. Se menciona la inclusión de un anteproyecto de una nueva Ley Universitaria preparado por el autor de la tesis.

Se realiza una comparación con la situación en Colombia, citando un artículo titulado “Defensa de la gratuidad de la educación en Colombia: algunos argumentos constitucionales y de derecho internacional” (Castillo y Castellanos, 2010). Este artículo destaca que Colombia es el único país de América Latina donde la Constitución y la ley permiten a las instituciones educativas estatales realizar cobros académicos en todos los niveles. Se argumenta que esta situación ha impedido al Gobierno Nacional desarrollar una política efectiva de gratuidad en la educación. Sin embargo, se menciona que la Constitución colombiana permite integrar tratados de derechos humanos ratificados, los cuales consagran el principio de servicio público de la educación, lo que se considera un imperativo jurídico que el Estado no puede desconocer. La comparación sirve para resaltar la importancia de las políticas de gratuidad, especialmente en la educación primaria, para el acceso y permanencia en el sistema educativo y para remover las barreras económicas al disfrute del derecho a la educación.

El texto traza un recorrido histórico del derecho a la educación, desde sus inicios hasta su reconocimiento como derecho fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Se describe la evolución desde una concepción en la que la educación era principalmente privada y de naturaleza confesional, hasta la actual, donde se reconoce la necesidad de acceso universal, gratuito y obligatorio, especialmente a la educación primaria, con posibilidades de acceso a la secundaria y la educación superior. Se destaca el cambio desde un modelo donde la Iglesia e instituciones privadas tenían un rol predominante a un modelo con mayor intervención del Estado. Se menciona la dualidad entre la vertiente pública y privada de la educación y la importancia de lograr un equilibrio entre ambas para asegurar el acceso universal a la educación de calidad.

El análisis se centra en la evolución del derecho a la educación en las constituciones peruanas. Se menciona que la primera Constitución de la República ya contemplaba la educación pública, aunque con cuotas. Se destaca la Constitución de 1828, considerada la 'madre' de las constituciones peruanas por Manuel Vicente Villarán, como la segunda en abordar el tema. Se resalta la evolución hacia una mayor tutela constitucional de quienes ejercen la enseñanza, así como la progresiva incorporación de la gratuidad de la educación secundaria y superior en constituciones posteriores. Se destaca la Constitución de 1860 como una que presenta una postura progresiva al contemplar la libertad de enseñanza en todos los niveles y la fundación de universidades, con un rol fiscalizador del Estado para las universidades particulares. La presencia de figuras como Víctor Andrés Belaunde y Manuel Vicente Villarán en el Congreso Constituyente que aprobó la Constitución de 1860 es mencionada como un ejemplo de la preocupación ejemplar por el derecho y la educación. Finalmente, se menciona que la Constitución actual promueve la educación ética y cívica obligatoria, fomentando la integración nacional e internacional y asegurando la igualdad de oportunidades.

El documento define la educación como un derecho humano fundamental, concretándose en un marco regulatorio, objetivos educacionales y la prestación de un servicio. Se destaca la necesidad de garantizar la educación primaria de manera obligatoria y gratuita, así como la accesibilidad a la educación secundaria y universitaria. Este derecho es producto de movimientos civiles y políticos, respaldado por normas nacionales e internacionales, con el objetivo de erradicar el analfabetismo y reducir la pobreza y las desigualdades sociales. Se cita la definición de la UNESCO sobre las necesidades básicas de aprendizaje, que incluyen herramientas y contenidos esenciales para la supervivencia, el desarrollo pleno de capacidades, la vida digna, la participación en el desarrollo, y la mejora de la calidad de vida, entre otros aspectos. Garantizar este derecho requiere un marco regulatorio completo que lo haga efectivo para todos.

Se aborda la libertad de enseñanza como un derecho fundamental, incluyendo el derecho de los docentes a ejercer su función con libertad, crear y dirigir instituciones educativas, definir su ideario, y el derecho de los padres a elegir entre centros públicos o privados, así como la formación religiosa y moral de sus hijos. Se analiza la existencia de una red dual de centros educativos (públicos y privados) y las implicaciones de esto en cuanto a su financiación, los criterios para la elección, y la puesta en práctica de la libertad de enseñanza en función de la política educativa. La participación en la gestión de los centros educativos por parte de profesores, padres, madres y alumnos se considera crucial para la efectividad de este derecho. Se destaca la necesidad de analizar el alcance de la financiación de los centros educativos y la efectiva posibilidad de elección.

Se analiza la necesidad de recursos materiales para hacer efectivo el derecho a la educación, incluyendo edificios y recursos didácticos. Se relaciona la disponibilidad de estos recursos con la calidad de la educación y se destaca que la adecuada disposición y distribución de recursos materiales y humanos es fundamental para cumplir con el principio de calidad, un elemento clave en las políticas educativas actuales. El documento recalca la necesidad de evaluar la suficiencia, tanto cuantitativa como cualitativamente, de los recursos humanos (profesionales especializados) en el sistema educativo para atender las necesidades del alumnado. Se considera indispensable recabar la opinión de los diferentes agentes sociales sobre la disponibilidad de recursos materiales y humanos. Se menciona brevemente que la legislación establece que se brindará apoyo a los centros educativos que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.