Impacto PROCAMPO: Ingresos en Teñhé

El documento inicia describiendo la precaria situación económica de los pequeños productores minifundistas y ejidatarios. La reducción de los apoyos gubernamentales, la constante caída de los precios de los productos agrícolas y el aumento en los costos de producción, junto con la competencia de productos extranjeros, han llevado a que muchos productores utilicen los recursos económicos del programa PROCAMPO para cubrir necesidades básicas antes que para invertir en la producción agrícola. Se observa que en Mixquiahuala y otros ejidos del país, el programa ha tenido un impacto mayor en las condiciones de vida de las familias que en la producción misma. El apoyo económico, aunque representa un ingreso, a menudo se destina a necesidades primordiales como alimentación, salud, educación, etc., dejando de lado la inversión en la tierra. El estudio pretende determinar la importancia real de PROCAMPO para la unidad familiar campesina en Mixquiahuala, considerando que este apoyo puede ser crucial para la subsistencia de las familias que dependen del campo.

Se explora el contexto histórico de la agricultura mexicana, comenzando con la reforma agraria de 1917 y la ampliación del concepto del ejido durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1934. Se destaca el rol del Estado interventor en la economía nacional, su fomento a la producción de granos básicos, y la provisión de crédito, asesoría técnica y subsidios. El documento señala que, aunque México experimentó un auge agrícola y un crecimiento económico constante desde la década de 1940 hasta la de 1970, posteriormente sufrió un estancamiento y un declive en la producción agrícola, acompañado de un abandono gubernamental. Se analiza la transición de un modelo agroindustrial a uno agroindustrial trasnacional agroalimentario, con énfasis en la producción de alimentos y cultivos forrajeros. La década de 1970 se caracteriza por la gran disponibilidad de crédito externo, pero la agricultura mexicana comienza a perder peso en el mercado mundial debido a la baja demanda y la caída de los precios internacionales. La crisis económica de 1982-1984 profundiza la crisis agrícola, acentuada por desequilibrios económicos mundiales, caída de precios de activos agrícolas y aumento del proteccionismo.

En la década de 1980 se inicia un proceso de desregulación y privatización de las economías, afectando severamente a la agricultura. En México, la agricultura dejó de ser la base material de la industria, bajando los precios de las materias primas agrícolas. Las grandes agroindustrias entraron en crisis, y la dependencia alimentaria se agudizó. Los años noventa marcan un punto crítico para la agricultura mexicana, requiriendo una restructuración económica e integración a la comercialización mundial. Se crea PROCAMPO como una nueva forma de apoyo a los productores de menos ingresos, proporcionando subsidios directos a través de la SAGARPA y ASERCA. El programa intenta compensar las pérdidas de ingresos debido a las nuevas orientaciones de precios, pero en un contexto de desventajas comparativas frente a países como Estados Unidos y Canadá, ante la firma del TLC. Se mencionan otros programas como PRONAMOCA y PRONASOL, destinados a la exportación y a la asistencia social, respectivamente. El TLC impuso la necesidad de mejorar la calidad de los productos agrícolas para cumplir con las medidas sanitarias internacionales.

El estudio se enfoca en el ejido de Teñhé, en Mixquiahuala, Hidalgo, como un ejemplo del impacto de PROCAMPO en las familias rurales. Se describe el ejido, sus características (358 hectáreas de cultivo, 120 ejidatarios), y la participación en el programa. Se enfatiza que el subsidio, a pesar de ser una ayuda importante para el ingreso familiar, a menudo no se destina a la producción agrícola, sino a otras necesidades básicas. Se destaca la baja productividad del ejido y la reducción de los subsidios en los últimos años. Se analiza la ineficacia de los subsidios anteriores otorgados a través de insumos, y la decisión de realizar pagos directos a los productores. Se concluye que PROCAMPO, en su actual estructura, no incentiva la productividad ni la competitividad, y que muchos productores realizan siembras simbólicas para obtener el subsidio. La investigación revela la necesidad de una planificación estratégica de los programas de apoyo al sector agrícola, considerando las desigualdades existentes frente a países desarrollados.

El texto describe la reforma agraria iniciada en 1917, donde el gobierno mexicano comenzó a repartir tierras a los campesinos en zonas con movimientos revolucionarios. Los campesinos se organizaron en comités agrarios para defenderse de la reorganización hacendaria. A finales de 1934, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, se amplió el concepto del ejido y se promovieron unidades de defensa rural para contrarrestar a las guardias blancas. Este periodo se caracteriza por la conformación de un Estado interventor frente a la sociedad, que impulsaba la producción de granos básicos mediante el otorgamiento de crédito, asesoría técnica, precios de garantía y subsidios para insumos como fertilizantes y semillas mejoradas. La reforma agraria y la redistribución de tierras fueron consecuencia de las necesidades campesinas y la presión social. Las demandas posteriores, como las del EZLN en 1994, demuestran la continua influencia campesina en los cambios de las políticas agrarias.

México experimentó un auge agrícola y un crecimiento económico casi constante desde la década de 1940 hasta la de 1970. Sin embargo, posteriormente, se observa un estancamiento y un declive en la producción agrícola, junto con un abandono por parte del gobierno, a pesar de la importancia del sector para el desarrollo económico e industrial del país. El gobierno priorizó el desarrollo industrial, olvidando en cierta medida al campo, lo que se reflejó en constantes crisis agrícolas. El modelo agroindustrial comenzó a agotarse en la década de 1970, dando paso a la agroindustria trasnacional agroalimentaria, basada en la producción de alimentos, cultivos forrajeros y algunos frutos, buscando una nueva forma de acumulación de capital mediante el incremento del trabajo. Este cambio de enfoque tuvo consecuencias negativas en la producción de granos, que pasó de ser exportadora a importadora.

La década de 1980 se caracterizó por desequilibrios económicos mundiales, con una crisis que afectó marcadamente a los países de América Latina. La agricultura fue uno de los sectores más afectados, experimentando una caída de precios de los activos agrícolas, disminución de las exportaciones y estancamiento de la demanda. El proteccionismo, la sobreproducción y la intervención estatal marcaron este periodo. En países pobres, la hambruna y la desnutrición se acentuaron. Si bien la agricultura era necesaria para la industria mexicana, a nivel internacional su rol central en la reproducción del capital fue afectado por el abaratamiento de los precios. Los países poderosos acapararon el mercado, logrando acumulación de capital. La década de 1970 representó el último periodo de apoyo relativamente importante del gobierno mexicano al campo, con programas como el Plan Maestro de Organización Ejidal (1973-76) y el SAM (1980-82). Sin embargo, a partir de mediados de la década de 1970, la agricultura dejó de ser una fuente de crecimiento para la economía mexicana.

Los años ochenta vieron la desregulación de los productos agrícolas y la privatización de las economías, procesos que transformaron la agricultura en América Latina y México. La agricultura dejó de ser la base material de la industria, lo que llevó a la baja en los precios de las materias primas. Las grandes agroindustrias entraron en crisis, impactando a los productores. Se dio una exclusión de productores de alimentos para el mercado interno, agudizando la dependencia alimentaria. La crisis, incubada en la década de 1970, se intensificó por la caída de los precios internacionales. La liberalización de la economía mexicana, antes de la entrada al GATT en 1986, aumentó la importación y disminuyó la relevancia de los precios oficiales de importación. Se eliminaron aranceles y precios oficiales en 1987. Con Salinas de Gortari (1988-94), se impulsó el libre comercio, priorizando las ventajas comparativas. Se retiraron los apoyos a sectores poco competitivos, entre ellos la agricultura, que se caracterizaba por altos costos y bajos rendimientos, particularmente en granos básicos y forrajes.

El ejido de Teñhé, ubicado al sureste del municipio de Mixquiahuala, Hidalgo, a diez kilómetros de la cabecera municipal, se presenta como un estudio de caso. El ejido cuenta con 358 hectáreas de cultivo agrícola y alrededor de 120 ejidatarios, con un promedio de tres hectáreas y media o más por ejidatario. La tenencia de la tierra es predominantemente ejidal (98%), con canales de riego rústicos. A pesar de la tenencia ejidal, las tierras son negociables, rentadas o prestadas como si fueran de propiedad privada. La mayoría de los ejidatarios, alrededor de 110, se inscribieron en el programa PROCAMPO, que comenzó en 1994 en Mixquiahuala. La oficina de la SAGAR en Mixquiahuala administra el distrito de desarrollo 03 y se encarga, en coordinación con la comisaría ejidal, de distribuir los 900 pesos por hectárea a los ejidatarios inscritos en el programa, por cada ciclo agrícola. Sin embargo, hay ejidatarios que no reciben el apoyo por falta de información, mientras otros lo reciben en dos ciclos agrícolas.

La investigación en Teñhé se realizó a través de cuestionarios aplicados a una muestra de 30 ejidatarios (10% del total de productores), seleccionados proporcionalmente y al azar. Se realizaron además dos entrevistas a informantes clave de la comunidad, incluyendo un excomisariado y un ejidatario reconocido. El criterio para la selección de los encuestados fue que recibieran el apoyo de PROCAMPO, con el objetivo de determinar el impacto de este apoyo en el ingreso familiar. Los cuestionarios recopilaron información sobre el ejidatario, su vivienda, las actividades de la familia, la dependencia o no de los ingresos del campo, la utilización del subsidio, y el destino de los recursos de PROCAMPO. La información recabada en 2001 buscó ofrecer una visión alternativa de las necesidades de las familias, confirmando la hipótesis de que el apoyo se usaba para necesidades básicas más que para la producción agrícola.

En Teñhé, el cultivo predominante es el maíz, sembrado entre marzo y abril, con un periodo de crecimiento de ocho a nueve meses. La producción de maíz por hectárea es baja en comparación con los promedios nacionales e internacionales. Otros cultivos como el chile se siembran al inicio del año. Los excedentes de producción, especialmente de quienes siembran más de una parcela, se comercializan en la Ciudad de México; aquellos que no poseen camiones deben pagar flete. Los productores que siembran una sola parcela suelen vender sus excedentes en el tianguis de Mixquiahuala. La falta de información sobre PROCAMPO impidió que algunos ejidatarios se inscribieran, mientras que otros no lo hicieron por no ser dueños legítimos de la parcela o por tener alguna irregularidad. A pesar de esto, PROCAMPO tuvo gran demanda por la desviación de apoyos anteriores que no beneficiaban a la pequeña propiedad. Sin embargo, existen casos de corrupción, donde ejidatarios con más hectáreas obtienen el subsidio de varias parcelas.

El ejido de Teñhé se caracteriza por ser uno de los menos productivos de Mixquiahuala. Los subsidios, aunque importantes y necesarios, se han reducido, debilitando el sector agrícola. Los subsidios a través de insumos demostraron ser ineficientes, llevando al gobierno a optar por pagos directos. Los criterios para determinar el monto de los apoyos parecen insuficientes para incentivar la producción y la competitividad. Muchos productores se han vuelto dependientes del apoyo de PROCAMPO para su subsistencia. La poca producción, el crecimiento poblacional y la caída de los precios agrícolas han provocado pobreza rural, llevando a muchos campesinos a emigrar a Estados Unidos, rentar sus tierras o vender su mano de obra. En Teñhé, se observa la venta de tierras a personas con más capital, ante la expectativa de beneficios del TLC. PROCAMPO no ha estimulado la productividad ni la competitividad, con productores realizando siembras simbólicas para obtener el subsidio, lo que evidencia la necesidad de una mejor planificación de programas subsidiarios.

El documento argumenta que los subsidios previos al programa PROCAMPO, entregados en forma de insumos, demostraron ser poco eficientes. Esto llevó al gobierno a buscar una alternativa: otorgar subsidios mediante pagos directos al productor, creando PROCAMPO. Sin embargo, la transición no solucionó todos los problemas. El texto menciona que la entrega directa de recursos, aunque intentaba llegar de forma más eficiente al campesino, no evitó la corrupción ni la mala administración de recursos. La política oficial de PROCAMPO, orientada a productores que no pueden comercializar y con propiedades pequeñas de autoconsumo, pretendía un enfoque más focalizado. Se critica que el subsidio de 900 pesos por hectárea, sin importar el tipo de cultivo, fomenta su uso en gastos familiares distintos a la producción agrícola. La falta de inversión en equipo o insumos por parte de los ejidatarios, aun con el apoyo, evidencia una falla estructural en la estrategia de PROCAMPO para incentivar la producción.

El apoyo económico de PROCAMPO se entrega en los meses de junio y julio, y su monto fijo (900 pesos por hectárea) influye en cómo se utiliza este recurso. En lugar de destinarse a la compra de insumos o mejora de la productividad, el dinero se utiliza frecuentemente para gastos domésticos, como vestido, alimentación, o pago de deudas. La obtención del subsidio no está ligada a la productividad, lo que desincentiva la eficiencia y genera siembras simbólicas para asegurar el ingreso. El sistema, por lo tanto, no distingue entre productores eficientes y de subsistencia. Esta práctica se ve agravada por la existencia del subempleo rural, donde campesinos con recursos contratan a otros con menos para trabajar sus parcelas a un costo menor, perpetuando una situación de precariedad. El texto señala que, aunque PROCAMPO ha sido un programa con mayor demanda que los anteriores debido a la corrupción en los apoyos previos, la falta de inversión en la producción agrícola genera un círculo vicioso de baja productividad y dependencia del subsidio.

El documento critica la aplicación del modelo neoliberal en el sector agrícola mexicano, argumentando que sus medidas no son adecuadas para un país en desarrollo. Se enfatiza el papel crucial del Estado en el desarrollo agrícola, incluyendo subsidios y protección de la producción y comercialización, especialmente en comparación con países desarrollados que no abren sus economías completamente. El modelo neoliberal, según el texto, impulsa los bienes industriales para las clases altas y los países desarrollados, excluyendo a la agricultura nacional productora de alimentos básicos, generando marginación y pobreza. La caída de la producción alimentaria y su sustitución por producciones más rentables, como la agroindustria, es un problema que afecta a toda Latinoamérica. Se concluye con la necesidad de políticas agropecuarias que impulsen el desarrollo del sector, incluyendo la creación de tecnología propia, o la adaptación de tecnologías externas, y una postura más agresiva en la política comercial frente a Estados Unidos, para lograr mayor protección a la producción y competitividad, considerando las diferencias asimétricas en productividad y costos de producción.