Estructura Agraria: Transformaciones Territoriales

El documento inicia definiendo la estructura agraria como las condiciones de producción y de vida consistentes y relevantes en un agroecosistema dado. Su relevancia depende de los objetivos del estudio y de la escala analizada. Se la entiende como un marco institucional que incluye conceptos de escala, tenencia de la tierra y su distribución, jerarquías sociales basadas en atributos económicos o de clase (Thiesenhusen y Melmed-Sanjak, 1990). Diversos autores ofrecen perspectivas adicionales: Harl (2003) la relaciona con el tamaño y los sujetos que gestionan el proceso productivo; Bosc et al. (2012) la ven como una combinación de factores (recursos naturales, materiales, financieros y humanos); y otros la interpretan como la división de la tierra entre estratos de escala y sus formas de operación (Alvincz et al., 2009). Un abordaje sistémico, siguiendo a Hart (1979), considera elementos como entorno, límites, inputs, outputs, objetivos, estructura y función, destacando la naturaleza abstracta del concepto de estructura y su dependencia de la disciplina desde la cual se aborda (Garrido Egido, 1969). Desde la perspectiva de Piaget, la estructura es un atributo integrador, estable y con capacidad de regulación propia; mientras que la economía la define como un conjunto de proporciones y relaciones relativamente estables (Garrido Egido, 1969; Xu y Mage, 2001).

El agroecosistema se presenta como un sistema abierto, adaptativo y complejo, inherentemente dinámico y sujeto a transformaciones por factores exógenos y endógenos (Xu y Mage, 2001). Las retroalimentaciones e interacciones dificultan las predicciones sobre su trayectoria. Se recurre a teorías evolutivas para explicar los cambios, adaptaciones y mecanismos de este sistema, analizando cómo genera, se adapta al cambio y cómo estos procesos se relacionan con los comportamientos individuales (Milestad et al., 2012). La innovación se identifica como clave para la adaptabilidad, dado que no existen recetas preconcebidas para la resolución de los desafíos que se presentan. La escala espacial del factor tierra, como tamaño de la unidad productiva, es un indicador económico ampliamente utilizado, aunque su relevancia histórica ha disminuido en la actualidad (Garrido Egido, 1969; Thiesenhusen y Melmed-Sanjak, 1990; McConnell y Dillon, 1997; Weiss, 1998; Fernández Aguerre, 2002; Flaten, 2002; Ferault, 2003; Blanford y Hill, 2005; Obschatko et al., 2006; Obschatko, 2007; Happe et al., 2008; Martín, 2009; Welsh, 2009; García et al., 2012; García et al., 2009; Palmieri, 2009; Pescio y Román, 2009; Domínguez et al., 2009; Martins, 2009; Wolek, 2009; Storm y Heckelei, 2012; García, 2012). Wolek (2009) argumenta que la capitalización y la innovación han reducido su importancia tradicional, priorizando el tamaño económico sobre el geográfico.

Se definen indicadores para analizar la escala productiva. El grado de capitalización se presenta como un indicador eficiente, especialmente útil en predios de pequeña dimensión espacial pero alta intensidad. Su identificación se realiza analíticamente (valor de mercado del capital comparado con un valor de referencia) o mediante la identificación de mejoras clave (Moreno Pérez et al., 2011). Se introduce el concepto de unidad económica mínima, como el tamaño de explotación suficiente para retribuir todos los factores de producción, excluyendo los intereses del capital fijo. Su evaluación puede realizarse a través de diversos indicadores, siendo la extensión del factor tierra el más común, aunque en zonas de cultivos intensivos se puede usar la dotación de capital (incluyendo el valor de la tierra). La volatilidad de los precios de productos como los frutihortícolas limita la utilidad de este indicador para caracterizar aspectos estructurales. Se describen ejemplos de grandes empresas (más de 100.000 ha en oleaginosas y ganadería) y formas locales de organización como contratistas de viñas y frutales, medieros y chacareros. Bocco (1993), utilizando el esquema de Murmis (1986), categoriza a este conjunto como "productor capitalista con trabajo colectivo". Se discuten las dificultades de definir teóricamente la categoría de campesino (Friedmann, 1980), reconociendo atributos comunes como vínculos de reciprocidad, inmovilidad de recursos y relaciones comunitarias, contrastándolos con estructuras orientadas al mercado con alta movilidad de recursos y mano de obra.

Se analiza la organización del trabajo, diferenciando entre formas patronales (centralizadas, con trabajo asalariado y especialización) y familiares (gestión integrada al trabajo, diversificada y con mayor parte del trabajo no remunerado) (Marafon, 2009). La edad del productor se identifica como factor determinante de la estructura agraria, influyendo en la experiencia productiva, aptitud física, niveles de endeudamiento, complejidad financiera, dedicación a la finca y respuesta a políticas públicas (Burton, 2006; Sayadi y Calatrava Requena, 2001). Los productores jóvenes tienden a prácticas conservacionistas, mientras que los mayores pueden abandonar parte de su predio o tercerizar operaciones. Se reconoce la importancia creciente de las actividades no agropecuarias, tanto predial como extrapredial, integrando los espacios rurales y urbanos. Si bien los ingresos del hogar rural se consideran una salida del sistema, muchos autores los incluyen en el análisis de la estructura, considerando la participación de los ingresos agrícolas en el total (Ward, 1993; Lobley y Potter, 2004; Wolek, 2009; Bosc et al., 2012) y el nivel de independencia económica (McConnell y Dillon, 1997; Pescio y Román, 2009; Wolek, 2009).

Se exploran las razones de la persistencia de la organización familiar en la agricultura, destacando la cualificación de la mano de obra, el conocimiento local y la flexibilidad del trabajo familiar (Collins, 1995; Wiggins et al., 2010; Deininger y Byerlee, 2012; Urcola et al., 2015). Las fincas de subsistencia representan un caso extremo de producción familiar, asegurando la seguridad alimentaria (Buchenrieder y Möllers, 2009). El sector inmobiliario regula sus operaciones según las oportunidades de valorización urbana, afectando la posibilidad de ascenso social de los productores (O’Flanagan, 1980). La flexibilidad del ajuste del consumo al ingreso y la adaptación a cambios tecnológicos contribuyen a la persistencia (Domínguez y Fontanetto, 2009), aunque algunos autores consideran esta persistencia como provisional. La proletarización, donde el productor se convierte en trabajador rural, es otro proceso analizado (Domínguez y Fontanetto, 2009). Se menciona el despoblamiento rural en España y la consecuente feminización del trabajo ganadero (Sayadi y Calatrava Requena, 2001), y el creciente número de mujeres titulares de tierras agrícolas en México (Robles Berlanga, 2012), con sistemas tecnificados que requieren menos esfuerzo físico.

El avance urbano, o urban sprawl, se presenta como un factor crucial que afecta la estructura agraria. La expansión urbana, especialmente en áreas irrigadas con buena infraestructura y clima agradable, como Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú en el Área Metropolitana de Mendoza (AMM), Argentina, genera competencia por el uso de la tierra. En Mendoza, menos del 3% de la superficie provincial está bajo riego, resultado de un largo proceso histórico con importantes inversiones públicas y privadas en viñedos y cultivos intensivos. Este avance sobre áreas rurales genera conflictos entre residentes tradicionales y neorurales, con prácticas y valores diferentes (Drescher y Iaquinta, 2002; Avila Sánchez, 2006). El proceso de sprawl se ejemplifica con la pérdida de tierras agrícolas en Alemania (1.4 millones de ha, Dosch y Losch, 1998), China (1 millón de ha/año, 1987-1992), y Estados Unidos (400.000 ha/año, Drescher y Iaquinta, 2002). Adicionalmente, la transferencia de renta del sector agrario a sectores urbanos, con mejores expectativas de ganancia (Garrido Egido, 1969), impide la reinversión en los predios agrícolas.

El crecimiento demográfico rural, desde la perspectiva de los economistas clásicos (Barraclough y Domike, 1966), puede llevar a la división de la tierra, menor superficie productiva per cápita y expansión hacia tierras marginales con productividad decreciente, generando desequilibrios y conflictos. Este proceso puede resultar en empobrecimiento y degradación de recursos naturales (Hazell y Wood, 2008). Sin embargo, un aumento de la población también puede inducir procesos de innovación, con la consecuente intensificación y mayor productividad (Boserup, 1965). En el contexto del capital humano, la edad del productor es un factor determinante, influyendo en la experiencia, capacidad física, y adopción de prácticas conservacionistas (Burton, 2006; Sayadi y Calatrava Requena, 2001). En Mendoza, la horticultura intensiva ha atraído a comunidades bolivianas, debido a la alta demanda de mano de obra, resultado de corrientes migratorias iniciadas en 1950 (y aún vigentes).

Mejoras en la infraestructura de transporte y comunicaciones acercan mercados, reducen costos y permiten acceder a mercados con productos más perecederos, facilitando la pluriactividad rural (Hazell y Wood, 2008). Sin embargo, el exceso de circulación puede aumentar la vulnerabilidad de agroecosistemas frágiles. Ejemplos incluyen la carretera transamazónica en Brasil y el abandono agrícola en zonas rurales de Pakistán (de Souza et al., 2013; GACGC, 1996). El aumento del ingreso per cápita en países desarrollados genera nuevas demandas, con diversificación de la dieta y exigencias de mayor calidad y conveniencia (Machado, 2002; Garrido Egido, 1969; Blanford y Hill, 2005). Esto fomenta el aumento de la escala productiva y la diversificación agrícola, excluyendo a unidades que no se adaptan. Las políticas públicas, incluyendo la reforma agraria (Barraclough y Domike, 1966), programas de colonización, regulación de contratos de acceso a la tierra y medidas impositivas, intentan modificar problemas estructurales y mejorar la productividad (Ludewigs et al., 2009; de Souza et al., 2013; Milestad et al., 2012). Otros factores incluyen precios de insumos y productos, cambios en la demanda y tasas de interés, y el entorno institucional y legal (Lethonen, 2010; Blanford y Hill, 2005; Hazell y Wood, 2008; Zimmermann et al., 2009; Robles Berlanga, 2012).

El análisis de las escalas productivas se centra en la extensión de tierra y el grado de capitalización. Históricamente, la extensión de tierra ha sido el principal factor de producción, aunque su relevancia ha disminuido en la actualidad (Garrido Egido, 1969; Thiesenhusen y Melmed-Sanjak, 1990; numerosos autores citados en el texto). Wolek (2009) argumenta que la capitalización y las innovaciones tecnológicas han hecho que el tamaño económico sea más relevante que el tamaño geográfico de la unidad productiva. El grado de capitalización sirve como un indicador eficiente de la escala o intensidad productiva, especialmente útil para identificar predios de pequeña dimensión espacial pero con alto nivel de intensidad, evitando la etiqueta de minifundio. La identificación de unidades capitalizadas se realiza a través de análisis del valor de mercado del capital (comparado con un valor de referencia de capital mínimo sustentable) o mediante la identificación de mejoras clave, como la superficie bajo cubierta en invernaderos modernos (Moreno Pérez et al., 2011).

Se define la unidad económica mínima como el tamaño de explotación con escala suficiente para retribuir todos los factores de producción, excluyendo los intereses del capital fijo. La extensión de tierra es el indicador más común para evaluar este tamaño, pero en sistemas intensivos y diversificados, la dotación de capital (incluyendo el valor de la tierra) resulta más compleja pero más apropiada. La fórmula de cálculo incluye el valor de la producción, lo que genera volatilidad en productos con precios variables como los frutihortícolas. El texto presenta ejemplos de grandes empresas con más de 100.000 hectáreas dedicadas a oleaginosas o ganadería y formas de organización a nivel local como contratistas, medieros y chacareros. Bocco (1993), basado en Murmis (1986), clasifica a estos últimos como "productores capitalistas con trabajo colectivo". La autora Friedmann (1980) destaca las dificultades de conceptualizar la categoría de campesino debido a la diversidad de situaciones locales, reconociendo, sin embargo, atributos comunes como vínculos de reciprocidad e inmovilidad de recursos, en contraste con las estructuras orientadas al mercado, caracterizadas por alta movilidad de recursos.

El documento analiza diferentes formas de tenencia de la tierra: propiedad, arrendamiento y aparcería. La adquisición de tierras para uso agrícola puede estar fuera de la racionalidad económica, truncando la posibilidad de ascenso social para los productores (O’Flanagan, 1980). La concentración de la tierra no siempre implica la adquisición de la propiedad, pudiendo darse a través de arrendamiento o aparcería, como en los pools de siembra pampeanos (Domínguez y Orsini, 2009; García et al., 2009). Bosc et al. (2012) introducen el concepto de "tenencia reversa", donde el arrendatario, como la agroindustria o las cadenas mayoristas, ejerce la posición dominante sobre los factores de producción, incluso por sobre el propietario de la tierra. Este fenómeno se observa en Uruguay a finales del siglo XX (Piñeiro, 2012), luego de un proceso inverso. El cambio tecnológico, la escasez y el costo de la mano de obra impulsan la adopción de innovaciones que requieren mayores superficies para una aplicación eficiente (Glauben et al., 2006; Deininger y Byerlee, 2012; Moreno Pérez et al., 2011). Las unidades de mayor envergadura tienen mayor capacidad de gestión, recursos financieros e información, lo que resulta en una incorporación más rápida de las innovaciones.

El documento define los servicios ecosistémicos, según el Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) y Chan et al. (2012), como los beneficios que la sociedad recibe de los ecosistemas y su funcionamiento. Estos servicios, en forma de actividades útiles, adquieren valor social por su utilidad, siendo bienes y experiencias valiosas socialmente. Se asemejan a funciones ecosistémicas que generan beneficios y son consideradas en la planificación y gestión. Los valores asignados por la sociedad comprenden preferencias, principios y virtudes, reflejando la importancia, relevancia o precio de esos elementos. Se menciona un vínculo intrínseco entre cultura y paisajes agrícolas, donde valores religiosos, éticos, culturales y filosóficos influyen en la valoración de la tierra familiar por encima de balances financieros, a pesar de la mercantilización de la actividad agrícola. Ejemplos de ello son granjas familiares, comunidades agrícolas y tecnologías alternativas que mantienen la agricultura campesina tradicional (Cassman et al., 2003).

La valorización territorial reconoce la contribución del territorio rural al bienestar humano, considerando los valores ambientales, el capital social y la expresión cultural que conforman una identidad particular. Se basa en la valorización endógena y compartida de los recursos para construir una imagen territorial atractiva para otros sectores, promoviendo la competitividad. Se destacan los bienes y servicios de sistemas agroalimentarios localizados y políticas de conservación (Schejtman y Berdegué, 2004). La elaboración de vino, con su estructura productiva, es un atractivo mundial, siendo en Mendoza el principal componente del crecimiento del PBG provincial, con visitas a bodegas y circuitos temáticos como actividades principales (Bodegas de Argentina, 2014). Se reconoce globalmente el valor patrimonial de los espacios agrícolas como fuente de identificación local, con agroecosistemas como proveedores de servicios culturales (Daugstad et al., 2006). El cambio de percepción del campo, de atrasado a un entorno con calidad de vida superior al urbano, aumenta su atractivo para visitantes con diferentes motivaciones (Gordziejczuk, 2014).

Procesos de desinversión y falta de renovación de activos resultan en pérdida y degradación de la estructura (Ludewigs et al., 2009; Martín, 2008; Elbersen et al., 2014). La declinación de la viabilidad económica, social (falta de recambio generacional) o ecosistémica de los sistemas productivos de pequeña escala causa abandono y avance de biodiversidad alternativa o desertificación. Esto ocurre en un contexto de mercado de tierras deprimido (Elbersen et al., 2014). La concentración de tierra puede ocurrir sin incorporar la propiedad, mediante arriendo o aparcería (Domínguez y Orsini, 2009; García et al., 2009). La combinación de actividades agrícolas y no agrícolas, como venta directa, turismo rural y empleo externo, constituye la multifuncionalidad rural (Meynard et al., 2012). La retracción de la actividad agrícola, o desagrarización, implica dedicar el espacio rural a otras actividades económicas, con pérdida de participación en el PBG de las actividades primarias, reducción de la ocupación agraria y empleo eventual (Lobley y Potter, 2004; Hubbard y Gorton, 2009). En Mendoza, la expansión, particularmente en el piedemonte, estuvo en manos de empresas transnacionales y inversores locales, produciendo vinos de alta calidad para el mercado externo (Steimbreger et al., 2003).