Educación Secundaria Obligatoria Argentina

La Ley Federal de Educación (LFE) Nº 24.195, implementada a partir de 1993, significó un cambio profundo en la estructura del sistema educativo argentino. Extendió la escolaridad obligatoria de 7 a 10 años, reestructurando el sistema en Nivel Inicial, Educación General Básica (EGB, dividida en tres ciclos de tres años cada uno: EGB1, EGB2, EGB3) y Educación Polimodal (EP), que abarcaba los últimos tres años de la secundaria. Además, se incorporaron los Trayectos Técnicos Profesionales (TTP). La ley también promovió un nuevo modelo de organización y gestión, impulsando una transformación curricular para actualizar y regionalizar los contenidos. Sin embargo, a pesar de la intención de promover la unidad del sistema educativo, su implementación generó una heterogeneidad significativa. Diez años después de su sanción, se observaba la coexistencia de aproximadamente 24 sistemas educativos diferentes en todo el país, con variaciones en las estructuras curriculares, cantidad de materias, carga horaria y espacios de definición institucional, entre otros aspectos. Este panorama destaca la paradoja de una ley que, buscando la organicidad, contribuyó a la diversificación y desdibujamiento del sistema educativo en general, y de la escuela secundaria en particular. La distancia entre la formación docente y el currículum implementado también se presentaba como una dificultad importante en el proceso de implementación. La descentralización, si bien buscada como una forma de democratizar y desburocratizar el sistema, no logró ser un proceso ordenado y coherente, resultando en un mapa educativo heterogéneo e inequitativo.

Como respuesta a la crisis del sistema educativo originada por las inconsistencias en la implementación de la Ley Federal de Educación, surge la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206. Sancionada en 2006, esta ley buscaba consolidar un nuevo marco normativo que revirtiera la situación anárquica. La LEN (26.206) regula el derecho a la educación, estableciéndola como un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado. Define a la educación como una prioridad nacional y política de Estado, orientada a construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional y fortalecer el desarrollo económico-social. Se destaca la responsabilidad indelegable del Estado en proveer una educación integral, permanente y de calidad, garantizando igualdad, gratuidad y equidad con la participación de organizaciones sociales y familias. La LEN sitúa a la educación secundaria como un espacio fundamental para lograr la inclusión, permanencia y egreso con calidad de todos los adolescentes y jóvenes. Para ello, propone una enseñanza centrada en quienes aprenden, desde una perspectiva situada. La sanción de esta ley es considerada clave para ampliar las oportunidades educativas de los sectores más desfavorecidos y fortalecer la integración social. Se menciona la creación de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), elaborados participativamente con representantes de todas las jurisdicciones, como un instrumento fundamental para la homogeneización curricular a nivel nacional. La ley también pone énfasis en la importancia de la enseñanza como el problema central de la política educativa, buscando superar la visión del currículo como el único ordenador de las prácticas escolares.

La LEN Nº 26.206 reorganiza la educación secundaria en dos ciclos: un Ciclo Básico común a todas las orientaciones (de dos o tres años) y un Ciclo Orientado, con carácter diversificado (de dos o tres años para la educación secundaria orientada, y de tres o cuatro para la técnico-profesional y artística). La duración de los ciclos depende de la ubicación del 7mo grado. En cuanto a la normativa, la situación es dispar: algunas jurisdicciones cuentan con leyes preexistentes o sancionaron nuevas leyes que contemplan los principios de la LEN; otras han utilizado resoluciones, decretos o acuerdos; y otras aún no han establecido ninguna normativa. Esta situación genera una heterogeneidad en la oferta educativa, con diferentes tipos de establecimientos y combinaciones de estructuras curriculares (tradicional, LFE y LEN). Se describe la coexistencia de diversos modelos, donde “lo viejo” y “lo nuevo” conviven en diferentes proporciones según la jurisdicción. La formación general constituye el núcleo común de la educación secundaria, presente en todos los planes de estudio. El campo de formación específica profundiza los conocimientos de cada orientación o modalidad. Los Marcos de Referencia para la Educación Secundaria Orientada, construidos participativamente, buscan asegurar la unidad nacional en un contexto de variadas normativas curriculares. Años después de la sanción de la LEN, persistía una situación heterogénea en la implementación, con provincias que aún organizaban su sistema según la ley federal ya derogada y otras iniciando el proceso de cambio, mostrando avances dispares en la implementación del Ciclo Básico y el Ciclo Orientado en diferentes jurisdicciones.

La Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206, sancionada en 2006, surge como respuesta a la crisis del sistema educativo argentino, buscando superar las deficiencias en la implementación de la Ley Federal de Educación. Esta nueva ley establece la educación como un derecho personal y social, garantizado por el Estado, y la define como una prioridad nacional y política de Estado para construir una sociedad justa y fortalecer el desarrollo económico-social. La LEN enfatiza la responsabilidad del Estado en proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes, garantizando igualdad, gratuidad y equidad, con la participación activa de las organizaciones sociales y las familias. La ley consagra la educación secundaria como el espacio de escolaridad fundamental para la inclusión, permanencia, progreso y egreso con calidad de todos los adolescentes y jóvenes. Para alcanzar este objetivo, la LEN promueve una propuesta de enseñanza distinta, centrada en quienes aprenden y desde una perspectiva situada. Autores como Veleda, Rivas y Mezzadra (2011) consideran que la LEN es una pieza clave para ampliar las oportunidades educativas de los sectores más desfavorecidos y fortalecer la integración social, reconociendo las difíciles y dispares condiciones de vida de la población. La ley sienta las bases para un sistema educativo más equitativo e inclusivo, pero su implementación presenta significativos desafíos.

La implementación de la LEN Nº 26.206 ha enfrentado importantes desafíos relacionados con la heterogeneidad del sistema educativo argentino. Si bien la ley buscaba una mayor uniformidad, la realidad muestra una situación normativa dispar a nivel provincial. Mientras algunas jurisdicciones han sancionado nuevas leyes de educación o cuentan con normativas preexistentes que se alinean con los principios de la LEN, otras utilizan resoluciones, decretos o acuerdos para definir la estructura del sistema, mientras que otras aún no han establecido ninguna normativa. Este panorama heterogéneo ha resultado en la coexistencia de siete tipos de establecimientos con oferta de nivel secundario, según un informe de Capellacci (2011). Algunos establecimientos ofrecen la estructura completa (Ciclo Básico y Orientado), otros solo uno de los ciclos, y algunos aún mantienen estructuras previas a la LEN o combinaciones de diferentes modelos. Esta situación se refleja en la disparidad de estructuras de seis o siete años de escolaridad secundaria según la provincia, generando un escenario complejo que dificulta la consecución de los objetivos de la LEN. La falta de uniformidad en la implementación de la ley dificulta el avance hacia un sistema educativo más equitativo e inclusivo en todo el territorio nacional, presentando un panorama complejo y que requiere acciones de coordinación y concertación a nivel nacional.

Para abordar los desafíos de la implementación de la LEN y asegurar la calidad y equidad de la educación secundaria, se han implementado diversas estrategias a nivel nacional y provincial. La Resolución CFE 88/09, por ejemplo, fomenta el fortalecimiento institucional de las escuelas, la renovación del vínculo con las familias y la comunidad, promoviendo planes jurisdiccionales y planes de mejora institucional. Se busca mejorar el sistema a través de la articulación interjurisdiccional, mediante la creación de mesas de trabajo y encuentros intersectoriales. El Plan Nacional de Educación Obligatoria busca integrar políticas nacionales, provinciales y locales para enfrentar los desafíos de la educación obligatoria. La Resolución CFE 130/10 define estrategias para la inclusión educativa de adolescentes y jóvenes que no están incorporados al sistema o que tienen situaciones irregulares, incluyendo la regularización del trayecto escolar, la creación de Unidades Articuladas de Educación Secundaria, y estrategias específicas para contextos rurales aislados. Además, se mencionan programas nacionales como Conectar Igualdad, que promueven la inclusión digital, y otros destinados a mejorar la enseñanza de las ciencias, la promoción de la lectura y la educación sexual integral. La Resolución Ministerial Nº 1883 (2010) implementa recomendaciones para la movilidad estudiantil, facilitando la continuidad de estudios para aquellos que cambian de orientación, institución o jurisdicción. Todas estas iniciativas buscan garantizar el derecho a la educación secundaria de calidad para todos los estudiantes.

A pesar de que los niveles de cobertura escolar en los niveles básico y secundario de Argentina se encuentran entre los más altos de la región, no todos los estudiantes que ingresan al sistema educativo lo culminan. Si bien casi la totalidad de los niños de 6 años inicia la escuela primaria, las estadísticas muestran que a los 14 años, solo poco más de la mitad ha cursado su escolaridad en tiempo y forma. A los 17 años, se observa una situación aún más compleja: un tercio de los jóvenes está terminando la secundaria, otro tercio cursa con rezago por acumulación de fracasos, y el último tercio ya no se encuentra en el sistema educativo (Kit y España, en Ferreyra, coord., 2012). Esta problemática refleja la necesidad de implementar estrategias para mejorar la retención escolar y garantizar que los estudiantes completen su educación secundaria. La Ley Federal de Educación (24.195) estableció la obligatoriedad hasta el primer tramo de la educación secundaria, mientras que la Ley de Educación Nacional (26.206) extendió formalmente la obligatoriedad a todos los años de escolaridad (5/6 o 7 años), buscando corregir las brechas cualitativas y cuantitativas en el sistema.

Las evaluaciones nacionales (ONE) e internacionales (PISA) revelan que los aprendizajes de los estudiantes argentinos en educación secundaria son insuficientes. En 2007, casi el 30% de los estudiantes de segundo año de nivel medio presentaba dificultades en Lengua, y el 65% en Matemática. Los resultados de PISA 2009 mostraron que el 50% de los estudiantes de 15 años no poseían las habilidades básicas para la comprensión de textos, mientras que más del 60% se encontraba por debajo del nivel básico en Matemática. Estos resultados muestran un descenso significativo en comparación con la evaluación de 2000, con Argentina siendo el segundo país que más descendió en sus resultados de lectura entre los 38 participantes en ambas pruebas. Si bien se observa una mejora entre las evaluaciones de 2006 y 2009, persisten déficits de calidad y equidad que afectan el itinerario escolar de los jóvenes. A pesar de que estas evaluaciones estandarizadas no reflejan la complejidad de lo que ocurre en las aulas (Veleda, Rivas y Mezzadra, 2011), ofrecen una visión general y permiten identificar la incidencia de las desigualdades socioculturales y relacionarlas con las prácticas, condiciones de enseñanza y políticas educativas en curso (Ravela et al., 2007).

Para mejorar el rendimiento y la equidad en la educación secundaria, se han implementado diversas estrategias a nivel nacional y jurisdiccional. La Resolución CFE 88/09 promueve el fortalecimiento institucional de las escuelas secundarias y la articulación con familias y la comunidad, a través de Planes Jurisdiccionales y Planes de Mejora Institucional. La Resolución CFE 84/09 define lineamientos políticos y estratégicos para garantizar el derecho a la educación, la inclusión, la continuidad escolar y el egreso, incluyendo condiciones pedagógicas y materiales adecuadas. La Resolución CFE Nº 130/10 propone estrategias diferenciadas para la inclusión educativa de adolescentes y jóvenes que no están incorporados al sistema o que presentan situaciones irregulares, como la regularización del trayecto escolar, unidades articuladas de educación secundaria y estrategias para contextos rurales aislados. A nivel central, se han implementado varios programas, entre ellos Conectar Igualdad (inclusión digital), programas para el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias y la promoción de la lectura, entre otros. La Resolución Ministerial Nº 1883 (2010) aborda la movilidad estudiantil en educación obligatoria, estableciendo recomendaciones para facilitar la continuidad de estudios en situaciones de cambio de orientación, institución o jurisdicción educativa. UNICEF Argentina señala que la educación de adolescentes y jóvenes es el punto más crítico del sistema, requiriendo propuestas innovadoras y la formación de docentes en nuevas áreas del conocimiento.