Indicadores Educativos México 2020

Este apartado establece el marco general del análisis, presentando el desafío de comprender las estadísticas educativas de México mediante una narrativa humana. Se resalta la importancia de ver más allá de las cifras, reconociendo a los más de 30 millones de estudiantes de educación obligatoria como individuos con características y condiciones de vida diversas. La educación obligatoria, según el documento, involucra a más de un millón y medio de docentes y personal directivo, quienes enfrentan el reto diario de brindar educación en contextos variados y a veces complicados. La participación de familias y comunidades también es crucial en la vida escolar de los NNAJ. Los datos presentados, principalmente del ciclo escolar 2018-2019 y, en algunos casos, comparados con 2013-2014, provienen de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la SEP (SEP-DGPPYEE) a través del Formato 911, complementados con información del Coneval (estimaciones de pobreza) e INEGI (censos de población y encuestas como ENOE y ENIGH). Se define una 'educación aceptable y común' que debe ser significativa, integral, digna, participativa, libre, relevante, trascendente y eficaz, con equidad para garantizar el acceso a una buena educación para todos los NNAJ, considerando sus diferencias culturales y necesidades individuales. La información recopilada sirve para dar seguimiento al Sistema Educativo Nacional (SEN) y para determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación, cumpliendo con las atribuciones constitucionales de Mejoredu.

En este apartado se analiza la proyección de crecimiento demográfico en México, estimando un aumento de la población de 125 millones en 2018 a 148 millones en 2050. Sin embargo, el foco no se centra solo en el volumen poblacional, sino en la evolución de los grupos de edad. Se observa una reducción sostenida de la fecundidad en los últimos 20 años, reflejada en una menor proporción de la población en los primeros grupos quinquenales de edad (0-9 años) en comparación con los adolescentes (10-14 años). Se espera una disminución paulatina de la población en edad escolar. La pirámide poblacional muestra una mayor proporción de mujeres en el grupo de 25 a 29 años, tendencia que se mantiene en edades mayores, resultando en una mayor esperanza de vida para las mujeres y un mayor número de adultas mayores, quienes, sin embargo, tienen una menor tasa de acceso a pensiones por una menor participación en el mercado laboral. El análisis del índice de envejecimiento, que relaciona la cantidad de adultos mayores (65 años o más) con la población en edad escolar (0-17 años), proyecta un incremento significativo en la proporción de adultos mayores en los próximos 30 años, lo que implica una mayor presión en el sistema de seguridad social y una posible disminución de recursos destinados a la educación de las generaciones jóvenes. Para 2018 había 23 adultos mayores por cada 100 NNAJ en edad escolar, mientras que para 2050 se proyecta una razón de 77 adultos mayores por cada 100 NNAJ en edad escolar.

Esta sección desafía la percepción generalizada de que la población indígena se concentra en regiones específicas y es numéricamente pequeña en relación con la población total. Se presentan datos que muestran que alrededor del 11.6% de las personas de 0 a 17 años viven en hogares indígenas (INEGI, 2015), lo que equivale a 4.5 millones de NNAJ distribuidos en todo el territorio nacional. El documento incluye un mapa que detalla el porcentaje de NNAJ en hogares indígenas por entidad federativa, mostrando una distribución desigual. Mientras que entidades como Coahuila, Aguascalientes, Tamaulipas, Nuevo León y Ciudad de México tienen un porcentaje menor al 5%, en el sur y sureste del país esta cifra se acerca o supera la quinta parte de la población en esas edades. Estados como Hidalgo, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán presentan un porcentaje significativo de NNAJ con derecho a una educación en su propia lengua y contextos. Esta disparidad geográfica y numérica representa un gran reto para el SEN en cuanto a la garantía de una educación inclusiva e intercultural en todo el país.

Se define la “población atendible” como el porcentaje de personas con un nivel educativo previo concluido y en el grupo de edad en el que típicamente se cursa el nivel consecutivo. Se utiliza este indicador para evaluar la eficacia y accesibilidad del SEN en cada nivel educativo. Se observa que las brechas en la población atendible son significativas entre entidades federativas. Michoacán, Oaxaca y Baja California Sur se destacan por tener los menores porcentajes de población atendible en secundaria (12-14 años) tanto en 2012 como en 2018, ubicándose por debajo de la media nacional de 2018. En contraste, Guanajuato y Durango presentan los mayores porcentajes, superando la media nacional. Chiapas muestra un aumento significativo en la proporción de población atendible en secundaria entre 2012 y 2018 (de 74.3% a 89.2%). Se observa una correlación entre las diferencias en la escolarización y las desventajas sociales, económicas y culturales. Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán y Guerrero tienen los porcentajes más altos de población sin educación básica completa en 2018, a pesar de una reducción con respecto a 2012, concentrando poblaciones vulnerables por pobreza, aislamiento geográfico o pertenencia a grupos históricamente discriminados. En contraste, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León y Ciudad de México presentan las proporciones más bajas de población sin educación básica, incluso menores al promedio nacional. Se enfatiza la necesidad de considerar las particularidades de las poblaciones en contextos con mayores porcentajes de falta de escolarización para lograr una mejora significativa.

Esta sección introduce el concepto clave de 'población atendible' en el Sistema Educativo Nacional (SEN) de México. Se define como el porcentaje de la población que, habiendo completado un nivel educativo, se encuentra en la franja etaria típica para iniciar el siguiente nivel. Se argumenta que este indicador es una medida relativa que permite analizar la eficiencia del SEN en la atención de la población escolar en los diferentes niveles de la educación obligatoria. Una persona 'atendible' en educación media superior, por ejemplo, es aquella que ha concluido la educación básica y se encuentra entre los 15 y 17 años. Un incremento en el porcentaje de población atendible en cada nivel indica una mayor eficacia del sistema y una mayor accesibilidad a la educación, ya que refleja una trayectoria educativa más fluida para los estudiantes. Se establece que el objetivo del Estado y la sociedad es garantizar el acceso y el tránsito ininterrumpido de los estudiantes por los distintos niveles de la educación obligatoria, preferiblemente en las edades típicas. Para lograrlo, es fundamental contar con la infraestructura y las instituciones suficientes que puedan atender a toda la población atendible.

Este apartado expone las disparidades regionales en el acceso a la educación, analizando las diferencias en la población atendible entre las entidades federativas de México. El SEN, compuesto por la autoridad federal, 31 sistemas estatales y la autoridad de la Ciudad de México, enfrenta desafíos diversos según el contexto socioeconómico y cultural de cada región. Michoacán, Oaxaca y Baja California Sur se identifican como las entidades con los menores porcentajes de población atendible en secundaria (12-14 años) tanto en 2012 como en 2018, valores inferiores a la media nacional de 2018. En contraste, Guanajuato y Durango muestran los porcentajes más altos, superando la media nacional en ese año. Chiapas destaca por el aumento más significativo en la proporción de población atendible en secundaria entre 2012 y 2018 (de 74.3% a 89.2%). El análisis profundiza en la relación entre las desventajas sociales, económicas y culturales y los resultados desiguales en la escolarización. Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán y Guerrero presentan los porcentajes más altos de población sin educación básica completa en 2018, a pesar de una reducción respecto a 2012. Estos estados concentran una mayor población en situación de vulnerabilidad (pobreza, aislamiento geográfico, población indígena), lo que limita el avance en materia educativa. En cambio, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León y Ciudad de México tienen las proporciones más bajas de población sin educación básica completa, incluso por debajo del promedio nacional en 2018. Se concluye que los esfuerzos de mejora deben considerar las especificidades sociales, culturales y económicas de las poblaciones con menor acceso a la educación.

Este apartado examina el financiamiento de la educación en México, utilizando el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) como principal herramienta. El PEF indica el monto total de recursos públicos que el gobierno federal destina anualmente a la provisión de bienes y servicios educativos, tanto directamente como a través de transferencias a los gobiernos estatales y municipales. Se menciona que una vez finalizado el ejercicio fiscal (del 1 de enero al 31 de diciembre), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF), que detalla el gasto real en comparación con lo presupuestado en el PEF. Se utiliza la información del PEF cuando la CHPF no está disponible. Desde 1992, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (Fone) ha sido un programa crucial para mantener los servicios de educación básica en las entidades federativas. Los recursos del Fone, parte del gasto federalizado, se destinan principalmente a pagar la nómina del personal educativo de plazas federales transferidas a los gobiernos estatales tras la descentralización de 1992. Estos recursos son fundamentales para los presupuestos locales, y una reducción en su asignación podría generar presiones financieras significativas en las entidades federativas. El documento ilustra la importancia del Fone al mostrar que en Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, el monto recibido del Fone en relación al PIB estatal superó el 3.5%, una proporción equivalente al gasto federal total en educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología en relación al PIB nacional.

En esta sección se identifican los actores clave responsables de la mejora continua de la educación en el Sistema Educativo Nacional (SEN). Se destaca que docentes, directivos, supervisores, personal de apoyo técnico pedagógico, formadores de docentes y autoridades educativas en todos los niveles comparten la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación. Sus acciones impactan directamente las condiciones para lograr este objetivo, incluyendo infraestructura, materiales educativos, trabajo docente y gestión escolar. Además de estos actores dentro del sistema educativo, se subraya la participación activa de estudiantes, padres, madres, tutores, sus asociaciones y la sociedad en general en el ejercicio del derecho a la educación y en la mejora de los procesos educativos. Se enfatiza que el éxito en la búsqueda de una educación de calidad depende de la colaboración y la participación activa de todos estos actores, reconociendo sus diferentes funciones y roles en el complejo entramado del SEN. Se destaca la responsabilidad compartida en la mejora de los servicios educativos, así como la importancia del trabajo conjunto para alcanzar los objetivos planteados.

Este apartado describe la complejidad del sistema de educación media superior en México, destacando su diversidad como una de sus características más importantes. A diferencia de la educación básica, donde la gestión de los servicios educativos se concentra mayormente en una autoridad federal en coordinación con las estatales, la educación media superior involucra la participación de múltiples instituciones a nivel nacional. Se identifican tres modelos educativos: bachillerato general (propedéutico, con formación en disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas), bachillerato tecnológico (bivalente, con componente propedéutico y formación profesional tecnológica), y bachillerato profesional técnico (terminal, especializado en formación tecnológica para el sector productivo). La sección explica que el modelo profesional técnico es cada vez menos frecuente debido a la redefinición del perfil del egresado basada en los acuerdos 442 (2008) y 653 (2012), estableciendo la calidad de profesional técnico bachiller. La diversidad institucional también es significativa; existen planteles de sostenimiento federal (centralizados, descentralizados y desconcentrados), planteles gestionados por las entidades federativas, instituciones administradas por universidades autónomas (federales y estatales) y planteles del sector privado, incluyendo aquellos que funcionan por cooperación. Estas diferencias en sostenimiento, control administrativo y tipo de institución definen los distintos subsistemas o tipos de plantel, cada uno con programas y planes de estudio propios, aunque bajo un marco curricular común para la educación media superior. Se menciona la existencia de más de treinta tipos de plantel o subsistemas a nivel nacional, además de la variedad propia de cada entidad federativa.

La sección proporciona datos estadísticos sobre la educación media superior en México, comparando los ciclos escolares 2013-2014 y 2018-2019. Se presenta información sobre el número de estudiantes, docentes y planteles, desagregada por tipo de sostenimiento (federal, estatal, autónomo, privado), control administrativo e institución. La tabla 2.7.1 muestra datos sobre diversas instituciones como la DGB-CEB, DGB-Preparatoria Oficial Lázaro Cárdenas, UEMSTAYCM (CBTA, Cetmar, CBTF, CETAC), UEMSTIS-CBTIS, Sagarpa, Sedena, Semarnat, SEP-Conade, CETI, Conalep, Colegio de Bachilleres, EMSAD, Telebachillerato Comunitario, CCH, ENP, bachilleratos autónomos, bachilleratos particulares, preparatorias estatales y federales por cooperación. Se observa un crecimiento significativo en el número de estudiantes y planteles entre ambos periodos, lo que refleja una expansión de la cobertura de la educación media superior. La información permite un análisis de la distribución de los recursos educativos entre diferentes tipos de instituciones y su crecimiento porcentual, mostrando la diversidad y la complejidad del sistema de educación media superior. Se considera esta diversidad como una cualidad importante del sistema, que se contrasta con la mayor centralización de la educación básica.

Esta sección aclara la diferencia entre educación especial y educación inclusiva, dos conceptos a menudo confundidos. Si bien la educación especial es un componente importante de la educación inclusiva, esta última abarca un espectro mucho más amplio. La educación inclusiva se enfoca en la eliminación o reducción de barreras que obstaculizan el ejercicio del derecho a la educación para todos los estudiantes, involucrándose todos los actores e instancias del Sistema Educativo Nacional (SEN). Se reconoce que la educación especial, enfocada en la atención a personas con discapacidades o dificultades de aprendizaje, contribuye significativamente a la educación inclusiva. Sin embargo, la inclusión trasciende la educación especial e implica la creación de un entorno educativo accesible y equitativo para todos los estudiantes, independientemente de sus características o necesidades. El documento destaca que aún persisten grandes retos para lograr una verdadera educación inclusiva en México, por ejemplo, la escasez de infraestructura y materiales adaptados para personas con limitaciones físicas o sensoriales en las escuelas y planteles.

El apartado describe los dos principales tipos de servicios de educación especial dentro de la educación básica en México: los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER). Los CAM funcionan como escuelas escolarizadas, atendiendo a niñas, niños y adolescentes, en su mayoría con discapacidades, en un horario regular y con un currículo común adaptado. Cuentan con equipamiento, materiales y profesionales especializados para atender las diversas necesidades de los estudiantes. Los CAM brindan educación en todos los niveles de la educación básica (inicial a secundaria) y ofrecen formación para el trabajo a los estudiantes de mayor edad. Por otro lado, las USAER, con una figura directiva y un número variable de docentes especialistas, brindan apoyo a escuelas de preescolar, primaria o secundaria (pocas en el nivel inicial). Su función es atender a estudiantes en mayor riesgo de abandonar la escuela, ofreciendo apoyo especializado directamente a los alumnos o a través de la orientación y acompañamiento a los docentes para adaptar sus métodos a las necesidades específicas. Para el ciclo escolar 2018-2019, los CAM contaban con 13,318 docentes y 6,445 paradocentes, mientras que las USAER, que atienden cinco veces más estudiantes, tenían 28,867 docentes y 14,007 paradocentes. Se observa que las USAER realizan su labor de forma directa en las escuelas.

Este apartado analiza la asistencia escolar en México según grupos de edad, comparándola con una trayectoria educativa ideal. El objetivo es identificar discrepancias entre la asistencia esperada y la real. Idealmente, la asistencia escolar debería ser cercana al 100% para la población de 3 a 17 años, con correspondencia entre la edad y el nivel educativo: 3-5 años en preescolar, 6-11 en primaria, 12-14 en secundaria, 15-17 en media superior y 18 o más en superior. Sin embargo, la realidad muestra una asistencia menor al 100% y desajustes en las edades. Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2018 revelan que mientras casi toda la población de 6 a 11 años asistió a la primaria, solo el 40% de los niños de 3 años (edad mínima de ingreso al preescolar) lo hizo. En secundaria, una proporción significativa de adolescentes de 12 años (1 de cada 10) y menores porcentajes de 13 y 14 años todavía estaban en primaria. En media superior, 1 de cada 10 jóvenes de 15 años seguía en secundaria y un 20% no asistía a ningún nivel. La inasistencia aumenta gradualmente a partir de los 12 años; a los 15 años, 2 de cada 10 no asistían, y a los 18 y 22 años, la cifra asciende a 5 y 7 de cada 10 respectivamente. En educación superior, la mayor tasa de asistencia se registra entre los 20 y 21 años, disminuyendo gradualmente hasta que, a los 25 años, aún el 8% de los jóvenes asistía. La discrepancia entre la asistencia real y la asistencia ideal se explica por la complejidad de las trayectorias escolares y la influencia de factores externos.

Esta sección explora la relación entre la vulnerabilidad social y la inasistencia escolar. Se establece que la inasistencia puede estar asociada a condiciones de vulnerabilidad social, es decir, factores que colocan a una persona en riesgo de no ejercer sus derechos básicos, incluyendo el derecho a la educación. La combinación de bajos ingresos con carencias sociales (rezago educativo, falta de acceso a salud, vivienda inadecuada, alimentación deficiente) agrava el problema. La pobreza, como variable que resume la vulnerabilidad económica y social, muestra una fuerte correlación con la baja asistencia escolar. En 2018, la población de 3 a 24 años en condición de pobreza extrema (ingreso per cápita insuficiente para satisfacer necesidades básicas y tres o más carencias sociales) presentó las tasas de asistencia escolar más bajas en cada grupo de edad. Solo 1 de cada 2 niños de 3 a 5 años en pobreza extrema asistía a la escuela, mientras que en la población no pobre casi todos lo hacían. Similarmente, solo 1 de cada 2 jóvenes de 15 a 17 años en pobreza extrema asistía regularmente, comparado con alrededor de 6 de cada 10 jóvenes no pobres y no vulnerables en el mismo rango de edad. Para la población de 18 a 24 años, solo 1 de cada 10 en pobreza extrema asistía a la escuela, versus 6 de cada 10 en la población no pobre y no vulnerable. Se sugiere que la población en localidades pequeñas tiene menor acceso a la educación media y superior.

Se destaca la influencia de la condición étnica en la tasa de asistencia escolar. En 2018, la población indígena y hablante de lengua indígena (HLI) presentó las tasas de asistencia más bajas, especialmente para aquellos con antecedentes para cursar secundaria (91.5% para la población indígena y 86.3% para HLI) y media superior (65% para HLI vs. 82.1% para no HLI). La disparidad es más significativa en la educación superior: la tasa de asistencia de los HLI con educación media superior completa es menos de la mitad que la de los no HLI (25.5% vs. 54.5%). Para los jóvenes en hogares indígenas, la tasa fue 18 puntos porcentuales menor que para la población no indígena (37% vs. 55.1%). Se analiza la cobertura en preescolar y secundaria, donde aún no se ha alcanzado la cobertura universal, con niñas, niños y adolescentes excluidos del SEN, particularmente niños de 3 años. La matrícula en ambos niveles disminuyó entre 2013-2014 y 2018-2019, lo cual es preocupante, afectando la tasa neta de cobertura (preescolar: 71.1% a 70.3%; secundaria: 85.9% a 84%). Se enfatiza la necesidad de intensificar esfuerzos para asegurar el acceso a la educación obligatoria para todas las edades.

Este apartado analiza la edad de ingreso a los diferentes niveles educativos. Para el ciclo escolar 2018-2019, el 97.3% de los alumnos de primaria ingresó a los 6 años o menos, el 91.7% a secundaria a los 12 años o menos y el 72.7% a la educación media superior a los 15 años o menos. La alta tasa de ingreso oportuno en primaria contrasta con una diferencia significativa entre la edad de ingreso a secundaria y media superior (diferencia de 19 puntos porcentuales), indicando mayores tasas de reprobación, interrupciones y retraso escolar en secundaria. La brecha entre secundaria y media superior es mucho mayor que entre primaria y secundaria (19 puntos porcentuales vs. 5.6 puntos porcentuales), mostrando el desafío de mantener la continuidad educativa en los niveles más avanzados. Sin embargo, se observa un avance notable en la matriculación oportuna entre 2013-2014 y 2018-2019, con un aumento de aproximadamente 9 puntos porcentuales en secundaria y media superior, reflejando un progreso en la promoción de la inscripción en las edades ideales.

Este apartado se centra en el abandono escolar como un factor que impide el pleno ejercicio del derecho a la educación. Se reconoce que, a pesar de que muchos alumnos acceden a la educación primaria, no todos la completan hasta la educación media superior. El abandono escolar es un fenómeno multicausal que afecta la trayectoria educativa de los estudiantes, con riesgos que pueden extenderse más allá del ámbito escolar, incluyendo las condiciones socioeconómicas, familiares, comunitarias y personales. El documento enfatiza que, aunque estas condiciones externas influyen, el Sistema Educativo Nacional (SEN) tiene la responsabilidad de implementar medidas para evitar que los estudiantes abandonen sus estudios. Se destaca la importancia de encontrar mecanismos para atender las necesidades individuales de los estudiantes en riesgo, a fin de prevenir la expulsión o separación del sistema. La responsabilidad no recae solo en el SEN, sino también en los padres y madres de familia, ya que la educación obligatoria se cursa durante la minoría de edad y son ellos los principales responsables de asegurar la asistencia escolar de sus hijos.

Este apartado destaca la importancia de garantizar la permanencia de todos los niños, niñas y adolescentes (NNAJ) en el Sistema Educativo Nacional (SEN) hasta que concluyan al menos la educación obligatoria. Se reconoce que el abandono escolar es un problema multicausal que impide el pleno ejercicio del derecho a la educación. Las causas del abandono son diversas y pueden ir más allá del ámbito escolar, incluyendo factores socioeconómicos, familiares, comunitarios y personales. A pesar de ello, el documento recalca que el SEN no está exento de responsabilidad y debe implementar medidas para asegurar que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo. Se menciona que la atención a las necesidades de cada estudiante en situación de riesgo es fundamental para evitar la expulsión del sistema. Además, se enfatiza el rol de los padres y madres de familia, quienes, como responsables de sus hijos durante su minoría de edad, deben asegurar su asistencia a la escuela. La prevención del abandono escolar y la garantía de la permanencia se presentan como aspectos fundamentales para el ejercicio pleno del derecho a la educación.